MARCELO BONELLI 

Un grupo de funcionarios evalúa extender y aplicar por un año más el impuesto “extraordinario” a las grandes fortunas. La iniciativa generó fuertes cruces y discusiones internas en la Casa Rosada. El equipo de Martín Guzmán sondeó la posibilidad, con un argumento concreto: permite una fuerte recaudación de medio punto del PBI. La friolera de 300.000 millones de pesos.

También, porque este tributo se alinea con lo que ocurre en el exterior: el aporte extraordinario que propone el G-20 a las “multi”. Guzmán -además- intenta acercarse a Máximo. El Instituto Patria fogonea la extensión del tributo “extraordinario”. La cuestión se habló el martes en la Unión Industrial Argentina. Daniel Funes de Rioja tiene información calificada de que la propuesta está en estudio en el Gabinete. Hay alarma: el impuesto ya generó éxodo de varios CEO a Uruguay y profundiza la idea anti-empresaria del kirchnerismo.

También es la información que circula en los máximos ambientes económicos. Dicen que a eso se refirió Victoria Tolosa Paz, cuando habló de “mayores cargas para los que más tienen”. Pero la propuesta no está decidida. Generó un gran revuelo político y muchas reacciones negativas.

El primero en oponerse fue Sergio Massa. Así lo dijo: “Eso no pasa en el Congreso”. La Casa Rosada hizo un sondeo al máximo nivel en el Corte Suprema. La respuesta fue categórica: este año lo dejamos pasar, pero una segunda carga será declarada anti-constitucional.

La cuestión enrareció el ambiente económico. Tanto como las relaciones de Alberto con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno español, en su viaje a Buenos Aires, se quejó por el hostigamiento a la compañía Abertis, que lidera el consorcio que explota la Autopista Panamericana. Pedro Sánchez –a propósito- incorporó a su comitiva al CEO de Abertis, Francisco Alfaro Navarro. Es el delegado de Florentino Pérez.

En esas reuniones la Casa Rosada dijo que no había ninguna persecución contra Abertis. El miércoles –dos meses después- se anunció que se va a anular la concesión. Otra vez no se respeta un compromiso. La concesión –es cierto- está envuelta en un escándalo judicial de corrupción contra Mauricio Macri y Guillermo Dietrich. Pero la Justicia todavía no terminó el proceso y el Gobierno siguió los pasos sugeridos por Hugo Moyano. Alberto –en cambio- tuvo un respiro político con el enviado de EE.UU.

Jake Sullivan agudizó su diplomacia y dijo lo que quería escuchar el Presidente: EE.UU. va a dar un aval político a la millonaria reprogramación con el FMI. El emisario eligió las palabras con cuidado: “Vamos hacer lo posible para que la negociación con el FMI salga adelante”. La Casa Rosada explotó de alegría y elucubró versiones ultraoptimistas. Pero hubo condiciones. Ese aval exigirá definiciones políticas del Presidente.

Clarín reconstruyó lo que ocurrió con dos calificadas fuentes del Gabinete y voceros de Washington: la misión fue cordial, pero lejos del exitismo de los funcionarios. Sullivan fue preciso: condicionó ese apoyo a un realineamiento de Argentina que el kirchnerismo duro de Cristina rechaza.

El asesor de Seguridad exigió tres cuestiones para que EE.UU. decida avalar un alivio financiero a Argentina. Primero, Alberto debe definir un plan antiinflacionario y de crecimiento. Algo de lo cual carece el Presidente, después de dos largos años de mandato. Esa exigencia fue un calco del reclamo del Tesoro. Janet Yellen se lo dijo en la cara a Martín Guzmán. Este jueves, el Indec corroboró la cuestión: la inflación de julio es altísima a pesar de la olla a presión para diciembre.

El Tesoro cuestiona que Economía no avance con la negociación. En Washington dicen que hace dos meses del primer encuentro de Guzmán con el subsecretario Wally Adeymo y que no hubo progresos. Aún no se avanzó en nada. En Buenos Aires, Sullivan pidió que Argentina “acompañe” la política de derechos humanos de Washington. Se refiere a los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El enviado no habló de una adhesión absoluta. Pero sí de evitar un apoyo explícito.

En tercer lugar, la Cancillería interpreta que el Asesor de Seguridad fue categórico: habló de China y pidió excluir a Huawei en el negocio de comunicaciones del 5G. Sullivan fue práctico y ablandó su pedido con vaselina diplomática. Así lo dijo: “Ustedes pueden elegir lo que quieran”. Y agregó: “Pero Washington considera que hay un plan maligno chino”. Y remató: “China va comprando parte de la economía y termina comprando a los países”.

La misión de Sullivan a Buenos Aires es la más importante desde la asunción de Alberto. El asesor de Seguridad Nacional llegó al país con un objetivo concreto: hacer una evaluación de la Casa Rosada y conocer si Alberto es confiable para Washington.

Hasta ahora, la Casa Rosada no es fiable y meten mucho ruido las vetustas ideas de los ‘70 –hace 50 años- que relata Cristina. Por eso, en la Casa Blanca quieren definiciones concretas de Alberto para encarrillar la relación bilateral y no palabras que el Presidente vive cambiando a su conveniencia.

Los gobiernos de De la Rúa, Cristina y Macri recibieron misiones similares. Esos emisarios no tuvieron la difusión del viaje de Sullivan. Fue una decisión de Joe Biden para diferenciase de Donald Trump. La Casa Blanca insiste: en Washington perdieron los “ultra-ortodoxos”.

Esas auditorías de la Casa Blanca fueron clave para definir el futuro político que tuvieron los tres gobiernos. Los informes fueron determinantes: De la Rúa no terminó su mandato; Cristina dejó la economía destrozada y a Macri le pusieron un pulmotor.

Alberto tiene una ayuda inesperada: la posición de Jair Bolsonaro y sus delirios de perpetuarse con los militares en el poder. Sullivan –se confirmó- fue crítico con Brasil: temen que Bolsonaro intente una maniobra no democrática para quedarse en Brasilia.

Bolsonaro se quejó ante Sullivan de que le quieren hacer fraude electoral y se comparó con Trump. Bolsonaro -según voceros de la Cancillería argentina– le habría dicho a Sullivan: “Me van hacer fraude a mí, como le hicieron a Trump”. La cita alarmó. En Cancillería interpretan que la situación beneficia a la Argentina.

En verdad, la Casa Rosada llevó adelante una extravagante comunicación del encuentro con Sullivan: que vino a Buenos Aires a tratar los temas estratégicos de EE.UU.

También insistieron con otra idea: que Sullivan se fue conforme y admitiendo que Argentina es moderada y confiable. El “informe Sullivan” será la clave.

Cristina siembra dudas. A Máximo se le conoce poco la voz y ninguna idea. Axel Kicillof añora la vieja Rusia y los duros del kircherismo proponen no pagarle al FMI. Gustavo Béliz negoció la misión del Asesor de Seguridad.

El influyente funcionario fue también el encargado de armar la reunión de Sullivan con empresarios y sindicalistas. Sullivan sorprendió a la comunidad de negocios argentina. Así lo dijo: “A los países los levanta la clase media”. Y agregó: “Y a la clase media la construyen los trabajadores y sindicatos”. Fue un tiro a la cultura “planera” del kirchnerismo.

Sullivan no eludió ningún tema. Fue ahí cuando hizo alusión al FMI y el apoyo condicionado.

Afirmó: “Argentina tendrá el mayor respaldo político posible”. Ahora la palabra la tiene una persona: el Presidente.