Los proyectos minero-energéticos estuvieron en el centro del primer mensaje del presidente Pedro Castillo a la nación. “Implementaremos el criterio de rentabilidad social, que es superior a la licencia social”, dijo el mandatario, y agregó que “si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no sale”.

Al respecto, Oscar Caipo, presidente de Confiep, consideró que el gobierno debe concretar su propuesta de no ahuyentar la minería, que representa "el 60% de las exportaciones y el 20% del Producto Bruto Interno (PBI)". ¿Qué se entiende por rentabilidad social?

A fines de 2020, Perú contaba con tres los proyectos con posibilidad de iniciar su construcción: Yanacocha Sulfuros en Cajamarca (2.100 millones de dólares), Corani en Puno (579 millones) y San Gabriel en Moquegua (431 millones), los cuales suman una inversión total de 3.110 millones.

Según detalló Andina, otro conjunto de proyectos que podrían empezar a construirse en el 2021 y 2022 son Magistral en Áncash (480 millones de dólares), Ampliación Shouxin en Ica (140 millones), Los Chancas en Apurímac (2.800 millones).

También están Pampa de Pongo en Arequipa (2.200 millones de dólares), Optimización Inmaculada en Ayacucho (136 millones) e Integración Coroccohuayco  en Cusco (590 millones). Este último grupo suma una inversión de 6.346 millones de dólares.

Valor compartido

Para Epifanio Baca, economista principal del colectivo Propuesta Ciudadana, la idea es clara.

“El presidente se refiere a un proyecto que no solo debe enfocarse en la rentabilidad económica. Las empresas mineras de vanguardia también deben incorporar el concepto de valor compartido, en el sentido de que tienen que generar valor para sí mismas y para la población de su entorno, como Antamina lo hace en Áncash ”, explica.

No se trata, por tanto, de un concepto nuevo, sino de una práctica desplegada por empresas responsables minero-energéticas, como las que integran el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM).

Es el caso de Anglo American (Quellaveco), Freeport (Cerro Verde), Río Tinto (La Granja), Minsur (Mina Justa), Gold Fields (Cerro Corona) y Teck (Zafranal y Antamina), por nombrar solo algunos que operar en Perú.

Pero todo esto, señala el expresidente de la SNMPE Carlos Gálvez, es desconocido por el presidente Castillo, porque desconoce el aporte fiscal de los proyectos mineros, su impulso en la generación de mano de obra y, no menos importante, su aporte a la innovación y transferencia de tecnología. El ejemplo más notable de esto último es Quellaveco, que será la primera mina 100% digital, no solo en Perú sino en toda Latinoamérica.

Con todo, la idea de extender el concepto de rentabilidad social a todos los proyectos minero-energéticos es sana. Pero es solo una parte de todo lo que necesitan para seguir adelante.

Proyectos 2021

"La prioridad es recuperar la confianza. La minería necesita reglas claras para mantener su competitividad y atraer nuevas inversiones", dice Mario Cedrón, ex presidente del Capítulo Minero del CIP.

Prueba de esta afirmación es que desde el inicio de la segunda vuelta electoral (mayo de 2021) la minería ha puesto todos sus nuevos proyectos en el congelador, a la espera de una señal alentadora del nuevo gobierno, detalló El Comercio.

Según estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en Perú existen 46 proyectos mineros con probabilidad de convertirse en minas, que suman una inversión de más de US $ 56.000 millones.

De estos, siete estaban programados para comenzar la construcción este año. Sin embargo, esta previsión no se cumpliría debido al ruido político.

“Ya ha pasado más de medio año y solo están saliendo algunos proyectos: Pampacancha, Chalcobamba a duro batallar y, quizás, Coroccohuayco. Pero ni Corani, ni San Gabriel ni Yanacocha Sulfuros, que fue la mayor inversión de este año ”, dice Rómulo Mucho, exviceministro de Minas.

En su opinión, lo que sostendrá la inversión minera para lo que queda de 2021 son los proyectos que comenzaron a construirse hace tres años: Quellaveco, la ampliación de Toromocho y Mina Justa (que acaba de iniciar operaciones).

Por esta razón, alienta encarecidamente a acelerar los proyectos mineros para aprovechar los altos precios del cobre y el oro.

Asamble Constituyente

Según el Minem, hay 17 proyectos con estudio de factibilidad terminado, es decir, listos para 'entrar al horno' y comenzar a construirse.

Es el caso de Ollachea (US $ 89 millones), proyecto cuyo operador, Minera IRL, acaba de anunciar que ha culminado un refinanciamiento para iniciar la construcción de manera expedita.

Y algo similar podría suceder -por mencionar algunos casos- con Río Blanco (US $ 2.500 millones) y Pampa de Pongo (US $ 2.200 millones), un proyecto que solo espera un empujón para activar su desarrollo.

“Si hubo voluntad, los proyectos se pueden adelantar unos años, porque hay necesidad de generar clusters de trabajo y tecnológicos”, apunta mucho.

¿Cómo se puede lograr esto? Henry Luna, exdirector de Promoción Minera del Minem, explica que se podría repetir el precedente de 2007-2011, cuando el ministerio ordenó abrir proyectos, “hablar directamente con las empresas, analizar sus obstáculos y darles seguimiento”. Eso puede Se puede hacer formando un equipo dentro de Minem que es el vínculo para que los proyectos se pongan en producción rápidamente. Así, saldrían por delante de Tía María, Rio Blanco, Zafranal, Los Chancas y Michiquillay ”, dice”.

Carlos Gálvez dice, sin embargo, que nada de esto se materializará si el gobierno se instala antes que la asamblea constituyente.

“Por ejemplo, no veo a Newmont tomando una decisión de construcción en Yanacocha Sulfuros sin tener claro el panorama legal. Creo que una vez que se acabe Quellaveco, se acabaron las grandes inversiones ”, dice” Un panorama gris para la minería y el Perú.

El presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Víctor Gobitz, consideró que las pequeñas y medianas mineras podrían resultar impactadas por el anunciado impuesto a la sobreganancia.

Gobitz señaló que la totalidad de la carga tributaria de una empresa minera está actualmente entre el 45% y el 50%. Añadió que casi el 50% del PBI minero es cobre, un 30% es oro y el restante plomo, zinc y plata.

Enfatizó que, si se presiona la carga tributaria, habrá operaciones de pequeña y mediana minería que no van a poder continuar. “Hay proyectos mineros que no necesariamente son de altísima ley, a los cuales un nuevo impuesto puede sacar de la órbita de la rentabilidad. En proyectos, sobre todo de cobre, un impuesto a la sobreganancia los sacaría del circuito”, expresó.

A los precios actuales, ya vamos a tener un año excepcional de pago de tributos del sector minero, destacó Víctor Gobitz, incluso antes de un impuesto a la sobreganancia.