GABRIELA ORIGLIA

El debate de la nueva ley de biocombustibles, sancionada la semana pasada por el Congreso, abrió fuertes contrapuntos no solo entre legisladores sino también entre diferentes sectores empresarios, ambientalistas e incluso se sumó la Iglesia. 

Implica una baja del 10% al 5% en la mezcla de biodiésel de soja en el gasoil y, si bien mantiene en 12% el etanol en la nafta, abre una posibilidad de reducirlo al 9%. Recortar la participación de los biocombustibles va en contra de los compromisos ambientales asumidos por la Argentina y, además, afecta el desarrollo de economías regionales.

En la discusión se abrieron “grietas” anexas a las que ya marcan a la Argentina: provincias petroleras versus las productoras de biocombustibles y, entre estas, las azucareras enfrentadas a las que tienen mayor producción de soja y maíz, como Córdoba y Santa Fe. Todo en función de los “ganadores” y “perdedores” del nuevo ordenamiento.

El Estado tiene un rol clave en esta industria: es el encargado de fijar los precios en base a una fórmula que muchas veces fue ignorada y, además, otorga los cupos discrecionales a las plantas productoras. Un proyecto consensuado con la industria eliminaba esa función estatal y abría la competencia entre las empresas.

La nueva ley -que reemplazará un régimen de fomento impulsado por Néstor Kirchner- salió a horas de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, propusiera un “canje de deuda por naturaleza” y una inversión de los Derechos Especiales de Giro (DEG) en reestructuración de producción ambiental, y de que su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, creara un programa para estimular la “economía verde”. La nueva norma es incongruente con estos planteos.

En materia climática, el Acuerdo de París -al que la Argentina adhiere- compromete a los países a aportar contribuciones suficientes de ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero para torcer la tendencia del calentamiento global. La transición energética es uno de los principales capítulos (no el único) y los biocombustibles tienen un papel clave para cumplir los objetivos asumidos al 2030.

Fue Néstor Kirchner quien, en 2006, impulsó la sanción de la ley 26.093, cimiento del sector de los biocombustibles. El régimen vencía en mayo pasado y, aunque la fecha era una verdad a voces, el tiempo fue pasando sin definiciones hasta que en octubre último el Senado aprobó por unanimidad un proyecto que prorrogaba el marco legal hasta el 31 de diciembre de 2024. Se argumentó que así se abría un tiempo para discutir un nuevo marco.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, anunció que se iba a tratar en la Cámara baja a mediados de enero pasado. La oposición intentó forzar una sesión para discutir la iniciativa y fracasó. En ese contexto empezaron a circular borradores de un nuevo proyecto que tiraba por la borda no solo lo aprobado por el Senado sino las bases sentadas por el expresidente pese a que las propuestas eran, precisamente, kirchneristas.

Si bien Máximo Kirchner era apuntado como el “ideólogo” de la iniciativa, él no la firmó aunque la avaló. Lo hicieron 14 legisladores oficialistas y uno del Pro de Tucumán, Domingo Amaya. El trámite fue exprés y no hubo respuestas a la mayoría de los empresarios de la industria que plantearon a los legisladores los riesgos de cierres y concentración que se abren.

Once entidades se pararon en la vereda del frente: remarcaron no sólo que el kirchnerismo iba contra sí mismo con esta norma, sino que iba en contra de los acuerdos ambientales internacionales que suscribió el país, y que el texto otorga facultades “discrecionales” a la Secretaría de Energía que son un problema. No lograron cambios.

Los que avalaron de arranque fueron los azucareros -salen ganando frente a los productores en base a maíz-, mientras que los empresarios que levantaron el perfil para acompañar fueron Juan Carlos Bojanich, CEO del Grupo Bahía Energía, y Federico Pucciarello, dueño de Rosario BioEnergy. Sus argumentos fueron que habrá “más previsibilidad” para el sector.

Qué logró la primera ley

Con el régimen impulsado en 2006 se invirtieron alrededor de US$ 3000 millones (35 plantas de biodiésel y tres de refinación de glicerina y renovación de 13 destilerías de caña de azúcar, además de seis fábricas de etanol) y se generaron unos 10.000 puestos de trabajo en el interior del país, la mayoría fuera de las grandes ciudades. El uso del aceite de soja para producir biodiésel no impidió que se siguiera exportando y que, además, creciera la molienda de soja.

Los defensores de la nueva ley apuntaron que el sector -no tributa el impuesto a los combustibles ni al dióxido de carbono que sí pagan los combustibles derivados del petróleo- costó US$6000 millones desde sus comienzos hasta ahora. Otro argumento fue que se dejaron de exportar unos US$1400 millones por granos.

Ambas cifras tienen una contracara. El Estado argentino subsidió a los combustibles fósiles con unos US$6000 millones el año pasado, según el Instituto General Mosconi. Este año llegarían, según la misma fuente, a unos US$9000 millones. “No se pueden comparar los US$6000 millones en 15 años con estas cifras”, apunta el exsecretario de Energía, Jorge Lapeña, quien agrega que los biocombustibles le dan a la ecuación energética una menor emisión de gases contaminantes, por lo que, en etapa de promoción, debieron tener un incentivo. Respecto de las divisas, lo que se usa de biocombustibles se deja de importar de gasoil que, desde que existe la ley, suma unos US$10.000 millones.

El secretario de Energía, Darío Martínez, respalda la ley porque -según afirmó en Diputados- “enumera aspectos generales que establecen claramente al desenvolvimiento de la actividad” para tener “energías más amigables con el medio ambiente”.

No parece haber lógica en que con menos corte de renovables sea “más amigable” con el medio ambiente. Sí fundamentó que al usar menos biocombustibles en base a maíz y soja se podrá “amortiguar en el surtidor la suba del precio internacional del aceite de soja, el componente básico del biocombustible”.

Las cámaras que agrupan a las productoras rechazan ese argumento. “En la comparación histórica, el etanol de maíz resulta más barato que el de caña de azúcar”, dice a LA NACION Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno. Las fabricantes en base a soja y maíz propusieron que se fijara como tope el valor del etanol de caña. Tampoco se aceptó esa posibilidad.

Para Molina, la actividad queda expuesta con el nuevo régimen “a los antojos” del secretario de Energía de turno: “Tiene un cheque en blanco indeterminado para mover el corte, si lo baja habrá cierre de plantas productoras con maíz porque es insostenible la capacidad ociosa existente; habrá concentración. La palabra ‘pyme’ voló del texto y habrá quienes puedan ejercer lobby para que Energía use el cheque al revés: cuando baje el corte comprar barato y, después, subir la mezcla. Es muy riesgoso que el devenir quede muy relacionado a un funcionario”.

Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, recuerda que desde 2012 el sector afronta problemas porque desde Energía no respetaron las normas: “Hicieron lo que quisieron. Tuvimos un año sin precios, se violó la ley al reducir los cortes aunque solo se podía hacer ‘con escasez manifiesta’ del producto. En los últimos 12 meses el sector operó tres meses y en los últimos 24, nueve. Deberían trabajar todos los meses; las empresas están destruidas y el medio ambiente ya está lesionado”.

Lo que viene

Durante todo el debate de la ley, los opositores hablaron del “lobby petrolero”. Las compañías del sector nunca opinaron públicamente del tema. Por ejemplo, el diputado de Hacemos por Córdoba, Carlos Gutiérrez, planteó que la “tensión” con el sector de los biocombustibles se generó “no solo porque se están defendiendo los intereses de los petroleros sino, además, porque el Gobierno vuelve a no entender la matriz de desarrollo que tiene este país”.

La reducción del corte de los fabricados en base a maíz afecta básicamente a plantas instaladas en Córdoba y Santa Fe. El primer distrito gobernado por el peronista Juan Schiaretti, quien nunca apoyó abiertamente al presidente Alberto Fernández aunque mantiene una relación institucional “cordial”, es un defensor y promotor de los biocombustibles.

En Villa María, Córdoba, Cristina Kirchner inauguró en 2014, como presidenta, la planta de ACA Bio, productora de bioetanol. “Se puede pasar de los productos primarios a generar valor agregado”, dijo en ese acto. Desde la empresa aseguran que, con la baja del corte, tendrán una capacidad ociosa difícil de sostener.

El gobernador santafesino, Omar Perotti, más cercano al oficialismo nacional, también impulsa el uso de los biocombustibles. Sostuvo, en abril pasado, que no había que entrar “en disputas innecesarias”, en referencia a los combustibles fósiles. “Si lo llevamos a la comparación de petróleo estaríamos en 60.000 barriles diarios, convirtiéndonos en el cuarto productor a nivel nacional; vaya si tenemos un potencial como jugadores del biocombustible, por eso es clave garantizar la continuidad del sector”, agregó.

En los primeros borradores que circularon de la que ahora es ley figuró la creación de una empresa estatal. Se habló de YPF Bios, que se constituiría con activos de Vicentin, cuya estatización quedó en la nada. El proyecto sumaba, además, la capitalización de pequeñas productoras. “No fue totalmente descartada”, señalan referentes del oficialismo respecto a esa iniciativa. Puede ser un nuevo capítulo de un debate que lleva meses y donde, de manera paradójica, el kirchnerismo también ya demostró que fue contra sí mismo.