El Estado invertiría en hacer las redes de ductos y luego licitar la operación y mantenimiento. Expertos consideran que además deben licitarse los activos o encargárselo a Petroperú.

El próximo lunes 24 de mayo, está previsto el acto de presentación de los sobres Nº 1 y Nº 2, así como la adjudicación de la buena pro, de la iniciativa de masificación de gas natural denominada “Proyecto Siete Regiones”.

El proyecto, de una inversión aproximada de US$ 200 millones (sin IGV), llevará el recurso energético a las regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali.

Fuentes bien informadas del sector indicaron a este medio que dadas las características del proyecto que lo hacen adolecer de rentabilidad económica, así como las actuales condiciones de inestabilidad política que vive el país, harían que el concurso se declare desierto.

Si bien esta desazón sería reiterativa en un proyecto que no logra concretar su licitación desde el 2005, el Ejecutivo habría preparado un “plan B”, en caso el concurso que lidera ProInversión no sea exitoso.

Intervención del Estado

En diálogo con La República, Erick García, director general de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas, aseveró que en caso no pueda otorgarse la buena pro del proyecto de masificación, el Gobierno tiene los instrumentos técnicos y normativos “para que el Estado comience a hacerlo”.

En ese sentido, el funcionario explicó que el Estado se encargaría de realizar las redes, es decir, realizar inversiones con fondos del FISE, y luego licitar la operación y mantenimiento.

“Tenemos que hacer eso porque nosotros, como país, importamos el 20% del GLP que usamos. Como plan estratégico de hidrocarburos tenemos que masificar el gas (natural) para bajar (el consumo) el GLP, con esto ampliamos cobertura”, subrayó García.

Al respecto, Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú, aseveró que en tanto se insista en que proyectos de esta naturaleza tienen rentabilidad económica, es decir, que otorga una retorno adecuado a la inversión, y no una rentabilidad social, la licitación del proyecto 7 Regiones estará condenada al fracaso.

“Es una necesidad de abastecer a la gente. El gas natural es un servicio público como el caso del agua, desagüe y electricidad y tiene que considerarse así”, refirió.

Asimismo, cuestionó que si el Estado invierte con fondos del FISE para luego licitar solo la operación y mantenimiento se estaría desnaturalizando el concepto de la APP.

“Si ellos (el privado) no invierten y el Estado no ahorra la plata, cuál es el sentido de dárselo. Tendría que entrar Petroperú en representación del Estado”, exhortó el especialista.

En esa línea Amadeo Arrarte, socio y country manager de Calden Consultoría, recomendó que en caso no haya postor para el proyecto 7 Regiones, Petroperú reciba la encargatura de realizar el proyecto utilizando los recursos del FISE. Recordó que la estatal ya viene realizando similar acción en la concesión de gas del sur, que fuera de Naturgy.

“En cabeza de alguien debe caer esa ejecución de redes, y podría ser Petroperú. Si ya está actuando como concesionario en el Sur, no habría mayor problema que le encarguen la ejecución de redes, que use recursos del FISE para ir avanzando”, subrayó.

El experto coincidió en que no habría sentido de licitar solo la operación y mantenimiento, pues, en efecto, se desnaturalizaría el concepto de las APP, y que más bien lo eficiente sería licitar también los activos construidos para que de esa manera se recuperen los recursos del FISE.

“Así el nuevo postor tendría activos avanzados, el gobierno recupera plata para el FISE y tendría un privado que se encargue de la operación, mantenimiento y construcción de más redes”, destacó Arrarte.

La clave

Postores. La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Consorcio Wapsi Perú, integrado por LNG Holding S.A.C. y China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú, seguían en carrera al cierre de este informe.

Reacciones

“El consumo domiciliario de gas natural, que es más barato, aumenta los ingresos de las familias y reduce desigualdades. Sería un absurdo que el Estado haga todo y después licite para el mantenimiento”, Humberto Campodónico.

“En una APP siempre el que hace la mayor parte de la inversión es el privado. Lo más lógico es que quien gane la (nueva) licitación, gane todo lo construido, inclusive los activos y que se los pague al Estado”, Amadeo Arrarte.