CRISTIAN FOLGAR *

Cada vez que las variables macroeconómicas se descontrolan, lo cual lamentablemente en nuestro país ocurre muy a menudo, el nivel de las tarifas de los servicios públicos se instala como un elemento controversial de la política económica.

El propio Presidente de la Nación instaló el tema en la reciente apertura de las sesiones legislativas al anunciar: "Hasta tanto podamos formular una nueva Revisión Tarifaria Integral creo importante marcar un sendero en el precio de las tarifas de luz, gas y otros servicios para el próximo año. A tal fin, enviaré al Congreso Nacional un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos",

Si bien técnicamente habría que aclarar que las tarifas de luz y gas ya están nominadas en pesos, existen contratos de producción de gas y de generación de energía eléctrica que están nominados en dólares y su costo influye en la conformación de las facturas que abonan los usuarios.

El Presidente planteó un objetivo loable: que las facturas de los servicios públicos no se vean directamente influenciadas por las variaciones del tipo de cambio del peso frente al dólar.

¿Qué deberíamos hacer para que eso ocurra?

Los servicios públicos y la infraestructura son actividades capital intensivas. Esto es, son actividades donde las inversiones requeridas son muy superiores al costo de operarlas y mantenerlas y requieren un horizonte de tiempo largo para su recuperación. Por lo cual se necesita que quien lleve adelante esas inversiones (sea el Estado o un privado) utilice ahorros propios o se endeude (es decir pida ahorros de terceros) a largo plazo.

Hay contratos de producción de gas y generación de energía eléctrica nominados en dólares cuyo costo influye en las facturas que abonan los usuarios.

Las tarifas de cualquier servicio deberían tener un nivel tal que le permita al operador (Estatal o privado) afrontar las erogaciones corrientes para operar el servicio, las erogaciones para mantener la infraestructura y el costo de obtener fondos para invertir. Estos últimos los puede obtener de terceros en forma de deuda (sobre la cual hay que pagar intereses y devolver el capital salvo que se consiga colocar nueva deuda) o de los propios accionistas, quienes invertirán si tienen una expectativa previa de renta.

Así, las tarifas podrán estar nominalmente fijadas en pesos, dólares o en una criptomoneda, pero si al final del día quien opera un servicio no recibe un flujo que le permita solventar los costos económicos de operarlo, más temprano que tarde ese servicio se enfrentará con problemas. Ante la ausencia de fondos, primero bajará el nivel de inversiones para expansión, luego reducirá las erogaciones en mantenimiento y luego los usuarios empiezan a sufrir la pérdida de calidad del servicio. Ese proceso ya lo vimos y sufrimos varias veces en nuestro país, no sólo con los servicios públicos regulados por la Nación sino también por los Estados Provinciales.

Las tarifas podrán estar fijadas en pesos, dólares o una criptomoneda, pero si el flujo no permite solventar los costos, más temprano que tarde el servicio se enfrentará con problemas. 

El problema no reside en la moneda en la cual se fijan las tarifas sino que la misma debe alcanzar para pagar los fondos empleados para ofrecer el servicio con el alcance y calidad requeridos por la sociedad.

Eliminemos de la ecuación a las empresas privadas y supongamos que todos los servicios públicos estuvieran en manos del Estado. ¿De dónde saldrían los fondos para las inversiones? El Estado puede pedir plata prestada en el mercado local o en el mercado internacional. ¿En qué moneda ahorran a largo plazo los agentes locales? ¿En qué moneda ahorran los agentes del exterior? El ahorro en pesos es caro y de corto plazo, por eso el Estado cuando emite deuda lo debe hacer en dólares o si lo hace en pesos la tasa debe cubrir ex-ante la expectativa de devaluación de nuestra moneda.

Mientras no haya suficientes agentes económicos que ahorren en pesos como para obtener los recursos necesarios para financiar las inversiones requeridas para los servicios públicos y la infraestructura o se estabilice la macro, la discusión sobre la moneda nominal de las tarifas es casi anecdótica, porque las tarifas deberán tener el nivel necesario para repagar ahorros o simplemente los ahorristas no querrán prestarle la plata al Estado o a quien opera el servicio.

En algún punto asistimos a la paradoja que nuestros gobiernos se quejan de las consecuencias de sus propios actos. Casi nadie ahorra en pesos debido a la desconfianza en nuestras instituciones estatales. Esas mismas instituciones estatales son las que no pueden sostener el valor de nuestra moneda, por eso nadie la usa como reserva de valor.

El camino para "desdolarizar" los servicios públicos no está necesariamente en el dictado de nuevas leyes, sino en gobiernos que cumplan las leyes y generen la suficiente confianza para que los agentes económicos quieran ahorrar en este país y en la moneda de este país.

* Economista. Especialista en Servicios Públicos e Infraestructura