MARTÍN BIDEGARAY

Cuando la municipalidad de Puerto Madryn impulsó el “impuesto al viento”, las operadoras de energía eólica creyeron que se trataba de una medida que no iba a prosperar. También confiaban que el Gobierno provincial iba a impedir su aplicación. Pero Madryn comenzó a mandar facturas a las empresas con el impuesto a pagar, incluso con retroactivos a septiembre de 2018. Y dice que las operadoras en ese municipio ya le deben más de $ 181 millones.

Genneia y PAE presentaron una acción declarativa, en la que se pide que la justicia analice el fondo del asunto, y resuelve la inconstitucionalidad, según las empresas. En este caso, sobre el intento municipal de poner una tasa sobre la actividad de generación eléctrica de fuente renovable. Pero también se pide una cautelar para que el municipio no intime más a las empresas y las persiga para cobrarles la tasa.

En 2021, el municipio de Puerto Madryn amplió su ejido urbano para alcanzar a los parques eólicos y gravarlos, incluso retroactivamente, con una tasa por habilitación, inspección, seguridad e higiene y control ambiental. “Ante las intimaciones recibidas del municipio de Puerto Madryn, las empresas piden se declare la inconstitucionalidad del llamado impuesto al viento”, expresa la presentación.

"El régimen que declara a la actividad de generación de energía eólica como actividad de interés general sometida a jurisdicción nacional es incompatible y excluye el contralor municipal”, indica la presentación del estudio de abogados Pagbam, cuyo socio de Energía es Francisco Romano, “En el caso de la energía eléctrica, interconectada a todo el país, el poder de policía en materia de seguridad, higiene y control ambiental es asignado y ejercido exclusivamente por las autoridades nacionales: Secretaría de Energía y Enre, tanto en la etapa de construcción de los parques como en la etapa de operación comercial”, observa la presentación.

El ente regulador (Enre) tiene la competencia en toda la fase operativa de los sistemas de generación de energía eléctrica.

Las empresas argumentan que las autoridades federales competentes son las que pueden asignarse funciones de control. “De lo contrario, cada municipalidad podría avanzar sobre la revisión de aspectos técnicos que hacen a la actividad eólica en sí, distorsionando y afectando esa uniformidad y esa consistencia buscada a través de una única autoridad de contralor encargada de ejercer esa función con relación a los parques eólicos distribuidos a lo largo y a lo ancho del país”, indica la presentación.

Madryn amplió el ejido con el afán de recaudar de los parques eólicos, que fueron construidos fuera de su alcance. Las empresas no cuestionan la ampliación del ejido, que se hizo bajo ley provincial, sino la aplicación de la tasa.

“Jamás pudo tenerse en cuenta la tasa en la ecuación económica de los proyectos, dado que los parques eólicos se encontraban fuera del ejido municipal. Por otra parte, el monto reclamado es totalmente exorbitante y completamente desproporcionado de lo que podría ser la retribución de un servicio de seguridad e higiene municipal. La exorbitancia del monto demuestra que la tasa no retribuye la prestación de un servicio”, dice el escrito.

La base sobre la que se cálculo de la tasa es sobre una instalación (los aerogeneradores), respecto de la cual el municipio jamás podría prestar un servicio de inspección seguridad higiene y control ambiental, según los privados.