Los nuevos cuadros tarifarios incluyen subas de entre 50% y 60% en el segmento regulado
XIMENA CASAS/INFOBAE
En los primeros meses del año hubo anuncios autorizados de subas en medicina prepaga, colegios privados y telefonía celular. A partir del segundo trimestre se definirán incrementos en gas y electricidad
En lo que va del año, ya se autorizaron varios aumentos en servicios y se espera para los próximos meses un ajuste en las tarifas. Por ejemplo, ya están anunciadas para mediados de marzo las audiencias públicas donde se analizaran los aumentos en el precio, el transporte y la distribución del gas. Desde el Gobierno trascendió que habrá tarifas de transición en el segundo trimestre del año y que, más adelante, las subas que se reflejen en el precio final que pagan los consumidores puedan ser segmentadas de acuerdo a la capacidad adquisitiva de cada usuario.
En los primeros meses del año hubo anuncios autorizados de subas en prepagas (3,5% a partir de marzo), colegios privados (entre 15% y 20% en el caso de los que reciben aporte estatal) y telefonía celular (hasta 7,5% para febrero y 2,5% para marzo).
En la ciudad de Buenos Aires, en los próximos días estarán vigentes aumentos en las tarifas de subtes, taxis, VTV y estacionamiento medido. En taxis, el alza será del 44% en dos tramos: uno desde marzo y el siguiente en abril. El servicio de subte tendrá un ajuste del 43%, también en dos etapas.
“Para marzo y abril, los incrementos de bienes y servicios regulados van a tener un fuerte impacto. Van a aumentar la inflación en la ciudad de Buenos Aires en 1 punto porcentual y 0,4 pp, respectivamente. Hay que retrotraerse a 2019 para encontrar un impacto de esa magnitud. A nivel nacional, se ve diluido porque muchos de los incrementos pautados son para CABA. Así, de base, agregarían 0,4 puntos en marzo y 0,2 en abril al IPC Nacional. Si el resto de las jurisdicciones replica los aumentos el impacto va a ser aún mayor”, detalló Claudio Caprarulo, economista principal de Analytica Consultora.
En 2021 se están comenzando a “descongelar” una serie de tarifas -públicas y privadas- que se mantuvieron prácticamente fijas durante la pandemia. “Pero los aumentos previstos no resuelven el atraso. Es esperable que en los próximos meses las empresas sigan buscando más actualizaciones de tarifas. Lo cuál se contrapone con el objetivo del Gobierno de bajar la inflación y garantizar una recuperación del salario real”, agregó Caprarulo. Según las estimaciones de Analytica, las tarifas van a seguir contenidas este año y la inflación en 2021 cerrará en alrededor de 40 por ciento.
“El impacto directo de un reacomodamiento de los precios retrasados sobre el bolsillo de los consumidores puede ser limitado. Electricidad, gas y otros combustibles representa un 2,5% de la canasta de consumo y el transporte público un 4% en GBA. Sin embargo, no se puede soslayar el efecto indirecto. Las tarifas afectan de lleno a los costos logísticos y de transformación de la industria, y finalmente de modo indirecto terminan presionando por presión de costos los precios de los bienes y servicios”, explicóPablo Besmedrisnik, director de la consultora Invenómica.
“El reacomodamiento de tarifas genera una primera ronda inmediata y directa de aumentos sobre el costo de vida de la población. Luego, hay una segunda ronda de ajustes, indirecta, más diluida en el tiempo, pero hasta más potente que la primera. En 2020 se terminó de configurar la tercera caída anual seguida en el salario real, y desde 2012 el ajuste en el poder adquisitivo del salario fue de alrededor de un 25% en los trabajadores privados registrados. Mientras que en los no registrados y en el sector público la caída es aún mayor”, agregó el economista.
La aceleración inflacionaria de los últimos meses hace prever que la caída del poder adquisitivo persistirá durante el 2021. La inflación anualizada promedio de los últimos 4 meses supera el 55% y con tendencia creciente. En diciembre de 2020 y enero 2021 fue del 60%. “Este escenario requiere necesariamente políticas macroeconómicas estabilizadoras inmediatas, y que tendrá ineludiblemente su correlato en la caída de los salarios reales. No parece ser posible que los nuevos acuerdos salariales se acerquen hoy a los parámetros inflacionarios que se aprecian en la actualidad. Sin embargo, vale mencionar que se espera que ocurra una gran divergencia sectorial en la evolución del salario real”, subrayó Besmedrisnik.
La incógnita es cuánto del atraso tarifario en los servicios públicos se trasladará este año a los usuarios. En servicios como luz y gas el congelamiento de las tarifas lleva casi dos años. Según trascendió desde el sector, en el caso del gas se está negociando con las empresas distribuidoras y transportadoras una recomposición que se traduciría en un aumento de entre 7% y 9% en la factura que reciben los usuarios. Mientras que el ministro de Economía Martín Guzmán dijo que buscará que los subsidios no aumenten en términos del PBI.
“La suba o no suba de las tarifas naturalmente tiene que ver con el impacto fiscal. Los retrasos son obvios desde el punto de vista legal y económico, lo que provoca un deterioro de las inversiones y, luego, del servicio. El atraso siempre es discutible, con dos años de congelamiento, con cualquier indicador o índice que se tome en cuenta, en transporte y distribución puede ser entre 80% y 110% para volver al nivel de el segundo semestre de 2019. El atraso es muy importante y una bomba de tiempo″, detalló Santiago Urbiztondo, economista Jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
En el caso de los servicios públicos regulados, el costo final de la tarifas incluye un tercio del costo de transporte y distribución, un tercio que corresponde al precio de la energía y el resto a impuestos. Un aumento de 9% en el total significa al menos un aumento del 20% al 25% para la parte correspondiente a transporte y distribución.
Con todo, la situación económica de este año deja poco margen para sostener un congelamiento de tarifas o incrementar los subsidios. “A fines de 2015, las tarifas que se pagaban cubrían entre 15% y 20% de los costos. Todavía no estamos en esa situación, pero en ese momento la situación fiscal era más holgada. El margen de 2021 es infinitamente menor; además, la inflación se va a acelerando mientras que en 2015, según las estimaciones privadas, rondaba entre 20% y 25% anual hoy se espera cerca del doble”, subrayó el economista.
SANTIAGO SPALTRO/EL CRONISTA
Las distribuidoras y transportistas de gas ultimaban por estas horas la presentación de sus nuevos cuadros tarifarios, aunque algunas empresas ya pidieron recomponer sus ingresos entre un 50% y un 60% a partir del 1 de abril, lo que tendría un impacto de alrededor de un 20% en las boletas que les llegan a los usuarios.
Los nuevos cuadros tarifarios propuestos por las licenciatarias de los servicios públicos incluyen subas de entre 50% y 60% en el segmento regulado, que tendría un impacto en el costo final de los usuarios. Estos números difieren largamente de los aumentos que está dispuesto a reconocer el Gobierno.
El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, había dejado trascender entre las compañías que la suba sería de entre 7% y 9% final, que permitiría mejorar en hasta un 29% los ingresos de las licenciatarias de estos servicios públicos.
Pero, según pudo saber El Cronista mediante fuentes del sector privado, el organismo instruyó y les dio libertad a las empresas de pedir en sus cuadros tarifarios lo que necesiten, que luego sería analizado y negociado. El martes 16 de marzo esos números serán evaluados en una audiencia pública, que contará con la oposición de las asociaciones de usuarios.
Se descarta que el Gobierno no aprobará las propuestas privadas y hará cambios sensibles, lo que llevará a la discusión a otra etapa. En el futuro, las firmas podrían iniciar juicios en tribunales internacionales por el incumplimiento de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017-2021, que el Enargas quiere evitar con la firma de acuerdos transitorios.
Así fue como algunos de los cuadros, que se publicarían en la web del Enargas, contemplarán propuestas de aumentos en torno a un 20% final, de acuerdo a lo que contó a este diario el directivo de una compañía, en estricto off the record. En el sector también confían que otras firmas presentarán cuadros "razonables", con menor impacto sobre la población.
A esta cifra se alcanza teniendo en cuenta el alza de entre 50% y 60% en las tarifas de transporte y distribución que las empresas requieren, aunque remarcan que lo que en realidad consideran que corresponde es entre un 125% y un 148%, basado en la evolución del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) o "inflación mayorista" acumulada desde abril de 2019. Además, presupone que no habría incrementos en la porción del gas que se traslada a las tarifas.
En otras palabras, la propuesta de un aumento de un 20% final implicaría que los subsidios sigan en ascenso, ya que no habría una suba que reconozca el costo del gas (tanto el producido nacionalmente como el importado), y el Estado se tendría que hacer cargo de esa parte.
El Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía tienen otros planes. En la audiencia pública del lunes 15, estudiarán cuánto del costo del gas debe ser trasladado a los usuarios, en pos de disminuir los subsidios.
De cualquier modo, éste será un régimen de transición hasta la renegociación de los contratos, que se iniciaría después de las elecciones legislativas de octubre. La RTI vigente vence en marzo de 2022.
