RAÚL FIGUEROA
El anuncio del reemplazo de Guillermo Nielsen por el santacruceño Pablo González en la presidencia de YPF se da en el marco de un proceso que en la región del golfo San Jorge tiene indicadores preocupantes desde hace tiempo, no solo en relación a la menor inversión por parte de la principal petrolera del país, sino también por la vinculación entre la operadora y las pymes de servicio, que en definitiva son las principales generadoras de empleo.
El anuncio del reemplazo de Guillermo Nielsen por el santacruceño Pablo González en la presidencia de YPF se da en el marco de un proceso que en la región del golfo San Jorge tiene indicadores preocupantes desde hace tiempo, no solo en relación a la menor inversión por parte de la principal petrolera del país, sino también por la vinculación entre la operadora y las pymes de servicio, que en definitiva son las principales generadoras de empleo.
Uno de los ejes planteado por el futuro presidente, quien ha enfatizado el objetivo de fortalecer a los proveedores locales, es una de las claves de las batallas que pueden venir en el seno de la compañía, atravesada por una drástica caída de su valor, un alto endeudamiento y la falta de recursos para recuperar su actividad productiva, que la llevan literalmetne a empeñar sus últimas joyas (léase, edificios propios) para conseguir fondos a derivar hacia los yacimientos. La merma de inversiones en San Jorge es un indicador crítico.
“Uno crItica a las empresas cuando ve situaciones injustas -dijo Pablo González, durante un foro organizado por la Universidad Tecnológica Nacional el año pasado, en el que participó ADNSUR-. San Antonio Internacional se presenta como la empresa más grande del país, con 4.000 empleos directos, pero no le paga a sus trabajadores; cobró el ATP y liquidó el 30 por ciento de los haberes”.
Si bien la crítica hacia SAI fue en un momento puntual del inicio de la pandemia, González fue más allá y trazó la divisoria política con la compañía: “en su propia página web dice que la compró un fondo internacional de inversión, que antes se dedicaba a los capitales de riesgo y yo los comparé con los fondos buitres. Pero además, en una lectura política dije y sigo sosteniendo que quienes manejan esa empresa están fuertemente relacionados con funcionarios del gobierno anterior”.
La referencia estuvo elípticamente vinculada a los nombres de Sebastián Caputo y otros ejecutivos del grupo Pegasus, vinculados a Mario Quintana, vicejefe de gabinete en la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri.Ese cuestionamiento encuentra contexto en otra serie de expresiones que el todavía diputado nacional virtió sobre la necesidad de fortalecer a los proveedores regionales, de los que dijo que las operadoras no dan posibilidad de competir en igual de condiciones con otras grandes compañias de servicios.
SAI no es la única firma que queda al otro lado de la “grieta”. En ese esecenario, el nombre al que han apuntado proveedors de Neuquén en forma explícita y de San Jorge en modo solapado, apunta a la firma AESA (Astra Evangelista Sociedad Anónima), una subsidiaria directa de YPF.
Un párrafo aparte motiva el desconocido rol del director de YPF “en represenetación de Chubut”, Horacio Forchiassin, cuya voz y rostro es deconocido en el marco de los profundos cambios que atraviesa la compañía, como también el alcance de sus gestiones para intentar atenuar los efectos negativos para la región. Una función tan desdibujada debería ser objeto de revisión por parte de un gobierno provincial que tiene en la industria petrolera de Comodoro Rivadavia uno de sus principales sustentos económicos.
Fueron las pymes regionales de Neuquén las primeras que llamaron la atención sobre lo que consideran conductas de competencia deseleal por parte de AESA, en un comunicado emitido en septiembre del año pasado, pero que se ha reactualizado en las últimas semanas. Fue al cuestionar el denominado sistema de “contratos relacionales”, un esquema en el que quedaron fuera las empresas de la región “y el compre local”, establecido por ley de aquella provincia:
“…y surge de su desarrollo empresas que integran, como por ejemplo AESA (parte de YPF) y que tienen todas las facultades de condicionar a las empresas regionales”, señaló el documento de FECENE (Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén).
Días atrás, una publicación de “Ambitoweb” alertó sobre las crecientes acusaciones de competencia deseleal y detalló que la empresa creada por YPF tiene una deuda, con la propia petrolera, de unos 8.700 millones de pesos. Si bien el origen de la publicación es interpretado por algunos actores como un reclamo velado de otro grupo empresario en pugna para brindar servicios petroleros en las principales cuencas petroleras del país, es decir el del “recargado” Cristóbal López, lo cierto es que la actividad de AESA ha sido cuestionada desde distintos círculos, que no son ajenos a la cuenca San Jorge.
Uno de los casos testigos a ese repecto es mencionado en relación a la construcción de una obra importante, de varios millones de dólares, en la planta deshidratadora en la localidad de Las Heras. Según se comenta en el sector, la obra, de fuerte importancia, no fue resuelta a través de un proceso licitatorio, sino que se habría adjudicado directamente a la firma AESA. “Esto da la tónica de lo que se está haciendo con esta empresa -comentó un observador del sector pyme en la cuenca San Jorge-. No es la primera vez que una operadora crea una gran empresa de servicios para tratar de controlar y manejar sus costos, porque ya lo han hecho otras compañías; pero el problema es que de esta forma, con una empresa que está siendo financiada por la propia YPF, sin pasar por un acto licitatorio, es imposible competir en estas condiciones”.
Hay quienes infieren que la llegada de González a la presidencia buscará corregir estos desequilibrios de fuerzas, propendiendo a atender, por ejemplo, los reclamos de las empresas regionales (tal como manifestó en el citado foro público), más aún el de aquellos que juegan en las grandes ligas y tienen línea directa con la familia Kirchner. Sin embargo, no es tan sencillo identificar a los jugadores en pugna, a un lado y otro de la cancha.
El manejo actual de la compañía ha sido resuelto por quien todos reivindican como un conocedor de la actividad en general y de la cuenca San Jorge en particular, es decir Sergio Affronti. Fue bajo su gestión que se decidió, hace sólo algunas semanas, que Walter Actis, ex CEO de AESA, pasara a desempeñarsae como gerente de “Supply Chain”, es decir un rol protagónico en el vínculo con proveedores y decisiones de compras.
A partir de allí, las especulaciones crecen y se multplican en forma exponencial, vinculando las posibles adjudicaciones directas, presentes y futuras, con la necesidad de reducir el pasivo de la empresa subsidiaria, en desmedro de contratos y trabajo para las pymes regionales.
Desde esa perspectiva, no se trataría solo de un enfrentamiento “entre empresarios macristas y kirchneristas”, como podría pensarse en torno al caso de SAI, sino de pujas entre sectores internos que atraviesan de modo horizontal a la compañía, jaqueada por un proceso de canje de deuda de resultado incierto y una desinversión que tiene claros indicadores en esta cuenca. Los 320 millones de dólares proyectados para este año (190 en Santa Cruz y 130 en Chubut) palidecen frente a los casi 1.400 millones de dólares concretados, en la misma cuenca, en el año 2015, con una sucesiva caída en los años subsiguientes, a partir de la concentración de esfuerzos en Vaca Muerta.
Hay razones financieras y de estrategia que podrían explicar este cuadro: la acción de la compañía vale hoy 3,70 dólares, frente a los 16,8 dólares que cotizaba en 2015. El valor bursátil viene cayendo desde 2012, cuando ascendía a 37 dólares, al momento de la nacionalización del 51 por ciento. Paralelamente, la concentración de esfuerzos en Vaca Muerta y la disipación de prioridades que caracterizó a la gestión anterior, cuando la compañía creó YPF Luz para transformarsae también en un actor protagónico del sector eléctrico, forman parte de un contexto que parece hoy inverosímil de revertir, al menos en el corto plazo.
Un ejemplo paradigmático, mencionado por un informe de diario Río Negro, refleja la compleja trama en la caída de YPF: en el año 2011, el valor bursátil de la petrolera era de 20.144 millones de dólares, mientras la naciente “Mercado Libre” valía 3.286 millones de dólares. Hoy, mientras la compañía de Marcos Galperín orilla los 100.000 millones de dólares, YPF apenas supera los 1.400 millones de dólares.
No es sólo cuestión de voluntarismo, la de volver a invertir. Sin financiamiento externo en un mundo atravesado por la crisis global de la pandemia, la petrolera acaba de anunciar el intento de venta de su sede central en Puerto Madero, por la que aspira a recaudar unos 400 millones de dólares, además de otros 30 millones por el viejo edificio de la calle Tucumán 744, en Capital Federal. Muy probablemente, esos recursos vayan al gas de Vaca Muerta, pero se trata de montos todavía insuficientes para el volumen de desembolsos que demanda la actividad.
Por lo demás, la petrolera que en otros tiempos fuera orgullo del país, hoy parece condenada a empeñar los bienes inmuebles que le quedan, para intentar seguir subsistiendo.
