DAVID CAYÓN/Infobae

Las 47 empresas firmaron un comunicado en donde señalan la necesidad de aumentar la tarifas “que son las más bajas de la región”. Afirman que han tomado deuda para hacer obras de mantenimiento de las redes

Mientras el Gobierno aún define qué sucederá con las tarifas de los servicios públicos, en especial con los energéticos, 47 distribuidoras eléctricas del país salieron en conjunto a reclamar el pronto descongelamiento de las tarifas.

Mediante un comunicado de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera), las distribuidoras de energía eléctrica nucleadas en la cámara señalaron que se encuentran “en estado de preocupación frente a la extensión del congelamiento tarifario dispuesto recientemente en algunas zonas muy importantes del país”.

“Esta medida mantiene la situación de indefinición que produce una afectación directa al servicio eléctrico. Además, este congelamiento se produce en un contexto con una inflación acumulada del 80%, de la cual el servicio eléctrico no es responsable pero que sí impacta directamente en los aumentos de los costos de la prestación”, agregó el comunicado.

Desde la entidad señalaron que la producción y distribución de energía “no es gratis” o “económico como algunos consideran” y que es un negocio que requiere inversiones “constantes” para garantizar el servicio y sostener la operación de los más de 450.000 km de redes que existen en el país.

Y aseguran que en el escenario de la pandemia “las distribuidoras de electricidad realizaron una gran cantidad de obras para mantener la calidad del servicio, acompañar la demanda y fortalecer el abastecimiento a hospitales y centros de salud” y que pese a eso y a ser un sector esencial “no fue asistido hasta el momento con ningún programa de compensación o ayuda económica”.

“En simultáneo la situación de las distribuidoras, ya afectada por el congelamiento tarifario, se vio aún más comprometida por la pandemia. Esto se debe a la morosidad en el pago de las facturas, a las deudas que se vieron obligadas a contraer con Cammesa, a la falta de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), a los altos componentes impositivos y a la reducción de la demanda industrial que no logró compensarse con el aumento del consumo hogareño”, agrega el comunicado de Adeera.

A partir de este punto es que vuelve a hacer referencia al modelo tarifario y asegura que los valores de los servicios públicos que rigen actualmente en el país “son las más económicas de la región”, comparadas con Uruguay, Brasil o Chile. Y que esto implica “un fuerte atraso monetario en las distribuidoras que trae como consecuencia falta de fondos para continuar con el necesario nivel de inversiones para mantener la calidad del servicio”.

La carga impositiva total del servicio eléctrico es del 46%, considerando todos los impuestos de la cadena

Asimismo, explican que un aumento tarifario no impactaría en una suba de precios al aclarar que la incidencia del servicio eléctrico en los costos para el sector comercial e industrial “es del 2%, salvo los electrointensivos”.

En Argentina, solamente el 29% de lo recaudado por las facturas corresponde al distribuidor (VAD) que las empresas destinan al pago de salarios, mantenimiento, compra de materiales e insumos y planes de inversión, entre otros. Por su parte, el 41% del precio corresponde a la energía mayorista y el restante 30 % son impuestos directos. Cabe aclarar que la carga impositiva total del servicio es del 46%, considerando todos los impuestos de la cadena.

Desde Adeera también salieron al cruce de los dichos del secretario de Energía, Darío Martínez, quien había hecho referencias a los posibles cortes de energía en el verano.

Respecto a este punto, la entidad señaló que las distribuidoras “han tomado deuda y postergado otras obligaciones para realizar obras de mantenimiento y mejora de las redes, esto implica que no deben esperarse mayores cortes que los que resultan habituales en los días de altas temperaturas. En este sentido, las asociadas de Adeera hoy tienen los procesos y los recursos necesarios para dar rápida respuesta ante eventuales interrupciones en el suministro”.

A partir de esto, las empresas señalan que “necesitan pautas más precisas” para trabajar “en un marco estable. La situación macroeconómica define el futuro del sector, que no espera solamente una recomposición tarifaria sino un escenario de certidumbre para planificar el futuro del servicio eléctrico”, concluye el comunicado.

Los servicios de luz y gas subirán menos de un dígito en todo 2021

SOFIA DIAMANTE/La Nación

A la espera de que los entes reguladores terminen de diseñar la tarifa de transición, el convencimiento en el sector es que el precio de los servicios de energía eléctrica y gas, si aumentan, lo harán menos de un dígito, a partir del 15 de marzo, dijeron fuentes oficiales a LA NACION.

Ese incremento -de haber, como remarcan en el Gobierno- sería el único en todo 2021, puesto que se trata de un año electoral.

Las tarifas de gas y electricidad no se actualizan desde febrero y marzo de 2019, es decir, desde hace casi dos años, en una economía que arrastra una inflación de 80% desde entonces.

Las consecuencias de esta política se perciben, por un lado, en el incremento de 26% en dólares en los subsidios energéticos, según estimaciones del Instituto Mosconi, que el año pasado terminaron en US$5951 millones, según proyecciones preliminares. Se trata de un gasto que se cubre o con más impuestos o con inflación.

Por otro lado, el atraso tarifario también genera deudas entre las compañías con las rupturas en las cadenas de pago y el impacto que eso tiene en el balance de las compañías.

Todo esto, además, implica menos inversión en la red eléctrica y de gas, lo que genera un deterioro en el servicio y la imposibilidad de que más usuarios accedan a estos servicios.

Para este año, encima, se espera que las transferencias del Estado destinadas al sector se aceleren, a contramano de las declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, que estimó en el presupuesto un gasto en subsidios constantes en términos del producto.

Esto se debe a varios factores. En primer lugar, porque se proyecta un rebote de la economía, que demandará más energía para producir. Pero el problema es que en el invierno próximo faltará gas local, lo que implicará que se incrementen las importaciones.

Y las proyecciones sobre el precio del gas licuado (GNL) para junio no son agradables. Los precios futuros cotizan entre US$6 y US$7 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), más del doble de los US$2,87 que se pagó en promedio el invierno pasado producto del derrumbe del consumo por el efecto de la pandemia.

Lo mismo sucede con los precios locales: por el Plan Gas, las productoras recibirán en promedio US$3,50 el millón de BTU, superior a los US$2,50 que cobraron en promedio el año pasado.

Y algo similar ocurre con el precio que se le paga a Bolivia por la compra de gas, que está atado a la evolución del precio internacional del petróleo.

Este valor está en alza desde inicios de noviembre pasado, cuando valía US$37,46. Ayer, la cotización cerró a US$56,74, lo que implicará seguramente un incremento en las naftas, el único producto de energía que no está congelado.