Dos análisis interesantes sobre política y energía de Argentina
MARCIA DELL'OCA/La Política Online
Cristina Kirchner le metió presión al plan económico de Guzmán y el acuerdo con el FMI, al reclamar en el acto que compartió con Alberto y Massa en La Plata, que los aumentos de tarifas estén por debajo de la suba de salarios. En ese discurso rescató la gestión económica de su último ministro de Economía, Axel Kicillof, que prácticamente congeló las tarifas de servicios públicos. Se trata de una línea de acción que puede derivar en una agravamiento del déficit que ponga en crisis el Presupuesto que trabajó el ministro de Economía.
"Para que el crecimiento económico no se lo queden tres o cuatro vivos, hay que alinear salarios y jubilaciones, precios, sobre todo de los alimentos y tarifas", afirmó desde el palco montando en el medio del campo de juego del Estadio Unico de La Plata. Fue su manera de cerrar el año con una directiva política global para el gobierno, ubicándose una vez más en el lugar de conductora estratégica. Minutos antes había encargado de advertir a los ministros que no se "animen" a defender el pueblo, que deberían dejar sus cargos.
Rápidamente, desde la Jefatura de Gabinete que conduce Santiago Cafiero -a quien Cristina trató con una frialdad extrema en ese acto- se apresuraron a "interpretar" las palabras de la vicepresidenta, afirmando que es factible encontrar un camino para que los aumentos de las tarifas sean pagables y el virtual congelamiento no implique el quiebre de las empresas, como denunció por ejemplo Telecom y las Pymes de telecomunicaciones, a quienes el Gobierno otorgó un aumento de tarifas del 5%, frente a una inflación acumulada que supera siete veces ese porcentaje.
"No se trata de una cuestión de blanco o negro, no son congelamientos de por vida y para todos, pero tampoco esquemas tarifarios en dólares que nadie puede pagar y que afectan tanto la viabilidad de las empresas como el ingreso disponible de las familias. Con las empresas de telecomunicaciones está planteado un diálogo, nadie quiere que las empresas quiebren, es ridículo eso", dijo la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, en declaraciones a Radio Mitre.
LPO intentó entender entonces cual es el plan del Gobierno para los precios regulados que le permita transitar esa "vía del medio" que insinuó Todesca. Sin embargo, no obtuvo respuesta de fuentes oficiales. Sí aclararon que con los aumentos que aplicaron las empresas de telecomunicaciones en el gobierno anterior más el aumento que le acaban de habilitaro, la supervivencia de las empresas no está en juego.
"Por el lado de las tarifas, seguramente se amplíe el alcance de las tarifas sociales y se busque en cada servicio que paguen más los que más puedan pagar; pero garantizando siempre una prestación básica", dijo LPO un asesor del gobierno. "Terminar otra vez concentrando los subsidios en la Capital Federal y los barrios más pudientes del Gran Buenos Aires sería un desatino", agregó. El pedido de Cristina tiene un fin electoral en dos niveles. Primero asegurarse la hegemonía en el bastión principal, la provincia de Buenos Aires. Y segundo, ampliar el control del kirchnerismo sobre el Senado, para lo que necesita mayor llegada territorial.
El esquema de aumentos dispuesto para las telecomunicaciones, por ejemplo, con 5% para las empresas más grandes y hasta 8% para las más chicas da cuenta de una distribución del ingreso por el que las más grandes -que concentran su clientela en el AMBA- serán las que menos aumenten los precios. Territorialmente esto refuerza lo que sucede con otros precios regulados como el transporte o la electricidad, que son más caras en el interior del país y ponen pisos de competitividad "desnivelados" geográficamente.
En el corto plazo, los menores costos en el AMBA cumplen con el pedido vicepresidencial de que se recupere el poder adquisitivo en el 2021, conforme al serrucho de año par e impar que caracterizó a su gobierno. En el largo plazo, estas asimetrías de costos favorecieron la concentración de la actividad económica y las oportunidades de empleo y de negocios alrededor de Buenos Aires, consolidando un esquema de desigualdad de oportunidades con el resto de las provincias.
En otras palabras, se pueden concentrar los congelamientos de tarifas en el Conurbano, pero eso no serviría para la estrategia nacional, donde lo clave son los precios de la canasta básica. 40,4% subieron los alimentos y las bebidas no alcohólicas en el promedio nacional en los primeros once meses del año, según el Indec (y 43,8% en el Noreste del país). "Por el lado de los bienes de la canasta básica, hasta ahora el lineamiento fue el estudiar cada cadena de valor y sancionar abusos", dijo el asesor consultado y reconoció que "es lento y no evita que los precios en su conjunto sigan subiendo" en una velada crítica al trabajo de Paula Español.
"Va a haber una combinación de instrumentos para lograr el objetivo electoral de Cristina y el objetivo macroeconómico de Guzmán. Creo que los controles de precios van a seguir y van a ser cada vez más, pero que el año que viene van a apuntar a controlar los precios mediante el dólar. Este año lograron llevar el tipo de cambio en línea con la inflación, por lo que no está atrasado, y el año que viene van a apostar a que el dólar quede detrás de la inflación como mecanismo para contener los precios", dijo el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.
"Me consta que en materia de tarifas están trabajando en una mayor identificación de los hogares y un esquema muy diferenciado por tipo de usuario. Con la pandemia y los planes sociales registraron mejor a los hogares más necesitados y a ellos van a minimizarles las subas. En cambio, para el resto de los usuarios los aumentos van a ser más fuertes. Esta segmentación de los usuarios no sé qué aumento promedio va a significar, pero sí que va a representar una carga muy dispar de los aumentos para contemplar la necesidad fiscal con la necesidad de los votos", agregó.
"Tengo entendido que Cristina planteó un 9% cuando Guzmán tenía en mente un esquema más cercano al 40% para no incrementar el peso de los subsidios sobre el gasto. Lo lógico sería que estuviera más cerca de la inflación, del 40% y no debajo del 10%, también para cerrar con el FMI. Por eso, entiendo que también van a segmentar la actualización de las jubilaciones achatando la pirámide para garantizar más aumento sobre la mínima y así atender a sus votantes", concluyó la fuente consultada.
CLEDIS CANDELARESI/Clarín
El precio de la electricidad impone urticantes desafíos este verano. Además de un ajuste de transición, el Gobierno definirá cómo ampliar la tarifa social, las condiciones de nuevos convenios para cubrir el consumo de barrios carenciados y hasta dónde la Nación extenderá el ya millonario subsidio en el mercado mayorista por energía que adeudan las distribuidoras pero que los usuarios ya pagaron. El reto técnico y político también incluye diseñar una nueva fórmula general para fijar el precio del servicio, con el fin de contener aumentos y acentuar el control sobre las empresas del rubro.
El precio del mercado mayorista eléctrico, operado por Cammesa, se define con una lógica más parecida a la de mercado. Los del transporte y distribución son regulados a través de los entes de cada jurisdicción que, en el AMBA convocan a funcionarios de la Ciudad, provincia y nación, con distintas potestades y posiciones sobre el tema.
La matriz común a todo el país es lo que cuesta la generación eléctrica. Luego, cada provincia tiene distribuidoras privadas o públicas subordinadas a su propio ente regulador. Pero todo en un marco de coordinación general, ya que es la caja nacional la que hoy afronta el mayor subsidio al sistema.
En este complejo contexto, Nación decidió posponer al menos hasta marzo un ajuste de tarifas que una administración afín como la de Axel Kicillof entendía necesaria desde enero. Pero se arrancó con una Revisión Tarifaria Integral (RTI), que cambiará conceptos básicos incluidos en la fórmula legal para fijar tarifas vigente desde los 90.
El propósito oficial es hacer todos los cambios con prolijidad legal para que los nuevos cuadros de precios no sean vulnerables ante el reclamo de ninguna parte. El trabajo supone sortear varias fases críticas.
* Tarifa social y barrios carenciados. Bajo el comando de la secretaría de Energía se trabaja en ampliar el alcance de la tarifa social, extendiendo el número de beneficiarios. Son los usuarios cuya factura está subvencionada íntegramente hasta 150 kilowatt. Pero no hay aún consenso sobre qué vara usar para distinguirlos sin consagrar alguna injusticia.
La división geográfica podría perjudicar a un jubilado con haber mínimo que viva en un barrio capitalino como Recoleta, por ejemplo. Y usar como parámetro sólo el nivel de consumo podría beneficiar a propietarios pudientes que tienen propiedades desocupadas.
Por eso se decidió encarar un análisis de delicadeza quirúrgica y complejidad tecnológica con el cruce de datos sobre consumidores para definir quienes quedarán parcialmente a cargo de las cajas públicas provinciales o ciudadana, según los casos.
Buenos Aires y la Ciudad también tienen que reeditar un acuerdo por el cual esas jurisdicciones pagan la electricidad de barrios vulnerables. El problema es que éstos se fueron extendiendo y requieren un esfuerzo fiscal cada vez mayor, difícil de afrontar cuando la caja provincial aún tiene fuertes deudas con las distribuidoras por este concepto.
Es un segmento tan amplio como dan cuenta, por ejemplo, los registros de Edelap (Grupo DESA): el 37% de los clientes residenciales de La Plata y alrededores encuadrarían bajo ese paraguas.
* Nueva fórmula para el cálculo tarifario. Las tarifas se ajustarán en dos tramos: un aumento de transición y otro a futuro, que surgirá de la RTI. Este procedimiento puede llevar hasta dos años y esta vez tendrá una complejidad adicional a la de desmenuzar el negocio, tarea que ya encaró el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.
En los despachos oficiales se consolidó la idea de cambiar un factor clave de la fórmula para estimar cuánto debe cobrarse por el servicio, reemplazando el método de valuación de los activos afectados al servicio por el de flujo de fondos.
En términos muy llanos esto significa que se pondrá el foco en los recursos que las compañías necesitan para cubrir sus costos operativos, definición que obligará a un seguimiento continuo y minucioso de sus cajas de parte de la autoridad regulatoria.
Es un cambio de concepto con fuertes implicancias técnicas y políticas que también se utilizaría para el gas. El decreto 1020 suspendió la fórmula legalmente vigente, evitando que las tarifas energéticas se dupliquen desde enero. La nueva fórmula diseñada en base al cash flow, también cambiará la estrategia sobre las inversiones a ejecutar en el futuro.
Según el marco regulatorio que rige en el Area Metropolitana, y se replica en la provincia de Buenos Aires, no hay planes de inversiones obligatorios para transportistas y distribuidoras sino metas de calidad de servicio, medido por la extensión y duración de los cortes. Claro que honrarla fuerza a ejecutar cierto programa de obras.
Esto podría cambiar y no se descarta que sea el propio Estado asuma la responsabilidad de desarrollar y mantener la infraestructura en el futuro. Una idea similar a la que ejecutó el extinto ministerio de Planificación.
* Ayuda a las distribuidoras endeudadas. El artículo 87 de Presupuesto 2021, recién promulgado, habilita a la Nación a otorgar créditos blandos a las distribuidoras para pagar la deuda acumulada con el mercado eléctrico mayorista hasta el 30 de septiembre. No es una regla sino una facultad que la secretaría de Energía decidirá cómo aplicar en un mano a mano con cada empresa para definir si le da y hasta dónde ese beneficio.
Así se genera una herramienta eficaz del poder central para negociar con las provincias, propietarias de muchas empresas del interior que distribuyen electricidad. Este esquema aún resulta opaco y tiene varios costados controvertidos, enmarcados en la puja del Gobierno con las empresas que transporte y distribución que aspiran a aumentar su ingreso.
La Nación hoy cubre con millonarias subvenciones gran parte del costo mayorista de la electricidad. La subvención a la Energía aumentó un 20% en términos reales en el último año y la mayor parte de esos fondos ($41.345 millones de pesos en noviembre) se destinó a Cammesa. Aún así, muchas distribuidoras no cumplen con el pago de la otra parte del precio.
Así se acumuló un pasivo que hoy supera los 140 mil millones de pesos y que aquel artículo del Presupuesto 2021 ayudaría a saldar con una secuencia de 60 cuotas a tasa subsidiada y otras ventajas. Quizás con una porción de ese paquete de deudas directamente condonada.
La sensible discusión capitaneada por la secretaría de Energía también incluye cómo se pagará la electricidad que sigan tomando del sistema en estos meses las distribuidoras que, ante la falta de mejora de su margen (Valor Agregado de Distribución) optan por financiarse con mora en el pago de su insumo. Todo forma parte del paquete puesto sobre la mesa.
En este marco, distribuidoras de Tucumán, Salta y Mendoza ya empezaron con audiencias públicas para aumentar alrededor del 50% sus tarifas, para envidia de las que abastecen a la región más poblada del país.
Escenario laberíntico lleno de incógnitas como qué pasará con el servicio en las grandes ciudades si la pandemia retiene a la gente y aprieta el calor.
