Para recuperar alrededor de 50.000 trabajos, y generar inversiones por hasta $30.000 millones
ANDRÉS SANGUINETTI
A partir de la rescisión de dos contratos para la construcción de una serie de rutas y caminos en el interior, el Gobierno comenzó a desarticular el amplio plan de obras públicas que el ex presidente Mauricio Macri proyectó como uno de sus legados y que terminó en un rotundo fracaso.
Se trata de la estrategia del gobierno anterior de Cambiemos, que apostó a una asociación con el sector privado bajo el programa de Participación Público Privada (PPP), para encarar multimillonarias obras de infraestructura en casi todo el país.
Bajo este esquema, las empresas anticipaban los fondos y lo recuperaban con un bono del Estado después de terminar la obra, además del flujo de la recaudación de una determinada cantidad de años.
Se prometieron así licitar obras para construir más de 2.500 kilómetros con una inversión para la primera etapa superior a u$s8.000 millones. Sin embargo, las constantes devaluaciones; la crisis económica y financiera del país y el cambio de autoridades en la Casa de Gobierno terminaron por dinamitar esta iniciativa.
Ahora, desde el Ministerio de Obras Públicas se ordenó finalizar los contratos que, bajo los PPP de Macri, se le habían adjudicado a un consorcio conformado por las empresas Helport, Panedile, Eleprint y la española COPASA.
En el caso de las sociedades locales pertenecen a Eduardo Eurnekian; Hugo Dragonetti y Gustavo Weiss, estos dos últimos involucrados en la llamada causa de los cuadernos del ex chofer de Julio De Vido, en tanto que el dueño de Corporación América fue desvinculado y las acusaciones desestimadas.
Más allá de esta causa judicial, el gobierno nacional llegó a un acuerdo con el consorcio empresario a través de Vialidad Nacional para finalizar los contratos del Corredor Panamericano I y II y del desarrollo de los corredores viales E y F.
En el caso del primero, se había planificado una red de caminos compuesta por la Autopista Campana-Rosario (RN 9); la ruta nacional 183 de Buenos Aires y las rutas nacionales 11; 34; A008 y A012 de Santa Fe.
En tanto, el corredor F comprendía la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la ruta nacional 33 de Santa Fe.
Todas estas obras se encontraban casi paralizadas desde antes del cambio de gobierno, el 10 de diciembre del año pasado, por falta de fondos y solamente se había ejecutado el 2% de lo prometido.
A partir de ahora, el Gobierno retoma el control de los dos primeros corredores dados de baja, que serán nuevamente licitados.
De acuerdo a cálculos oficiales, se ahorrarán algo más de u$s68 millones (cerca de $4.700 millones) al relicitar bajo la modalidad de obra pública convencional estos cinco proyectos estipulados en el plan de obras incumplido por las empresas PPP.
Fuentes de Vialidad Nacional, organismo que depende del ministro Gabriel Katopodis, agregaron que se verificó que ninguna de las obras de fondo logró avanzar y que las empresas no consiguieron el financiamiento necesario para desarrollas los proyectos de infraestructura que demandaban los contratos.
A partir de este escenario, el 27 de mayo pasado, se inició el proceso de recisión de todos los contratos correspondientes a los seis corredores viales licitados bajo el esquema PPP, tras comprobarse una serie de irregularidades e incumplimientos.
Desde Vialidad Nacional se intimó a las empresas a cumplir con el incremento de las garantías bajo apercibimiento de extinción de los contratos y el 31 de agosto se les otorgó la posibilidad de rescindirlos de común acuerdo.
Ahora, los consorcios a cargo de los otros cuatro corredores tienen hasta el 30 de noviembre para adherirse a esta propuesta.
Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, encargado de la reconversión.
Por eso es que se mantienen las conversaciones con los adjudicatarios del Corredor A, que debía unir Las Flores con Coronel Dorrego, además de otro ramal que va de Olavarría a Mar del Plata y que estaba a cargo de Paolini Hermanos; Vial Agro y INC
También con los titulares del Corredor B, pensado para partir desde Luján y terminar en la capital de La Pampa, Santa Rosa, y cuyos ganadores habían sido CCA Panamá y Green.
El Corredor C es otro de los que sufrirá cambios. Debía atravesar Buenos Aires y el sur de Córdoba para llegar a Mendoza. Las obras debían ser llevadas a cabo por José Cartellone, una de las empresas de obra pública más conocidas de la Argentina, que es, justamente, de origen mendocino
En el caso de la Autopista Sur, correspondía a obras en la autopista Buenos Aires-Cañuelas, que estaba en manos de una firma de Cristóbal López. Los ganadores de la licitación había sido un consorcio integrado por Rovella Carranza; JCR (las siglas de Juan Carlos Relats, uno de los constructores preferidos del kirchnerismo y que era el inquilino del Hotel Los Sauces) y Mota Engil, una firma brasileña que está mencionada en varias investigaciones por el caso Lava Jato
Todas tendrán la posibilidad de optar por cerrar sus participaciones en este fallido mega plan de obras del macrismo.
Al respecto, Gustavo Arrieta, titular de Vialidad Nacional, calificó a los PPP como "un esquema ruinoso para el país que en más de dos años solo logró ejecutar un irrisorio 2% de las obras".
El sistema PPP fue rentable "única y exclusivamente para el sector financiero", agregó Gustavo Arrieta.
También el ministro Katopodis, aseguró que "la idea es defender el patrimonio de los argentinos y que por eso Vialidad Nacional, como organismo rector en la planificación vial, va a realizar las obras que no se hicieron en estos dos años".
A partir de la eliminación de los PPP, se pondrán en marcha obras como autopistas y rutas nacionales, redes fluviales, cloacales e hidráulicas, construcción y restauración de edificios, terminación de hospitales, pavimentación de calles, hasta readecuación y limpieza de arroyos.
Emprendimientos que forman parte del mega plan que el Gobierno diseñó para reactivar las obras públicas en la Argentina; recuperar alrededor de 50.000 trabajos, y generar inversiones por hasta $30.000 millones.
El plan se extenderá por la Capital Federal, los municipios bonaerenses y varias provincias como Catamarca, Chaco, Chubut, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero y Misiones, entre otras.
Fue diseñado por el Ministerio de Obras Públicas para reactivar este sector en el marco de las restricciones que se deben cumplir para combatir la pandemia del Covid-19 en todo el país y mientras se deciden reaperturas parciales de la construcción privada.
Y es la nave insignia en el sector de la construcción que ha elegido el presidente Alberto Fernández y que lo colocó bajo la órbita del ministro Katopodis y no del Ministerio de Transportes, como en la anterior gestión de Macri.
También tiene el acuerdo de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), y se denomina Plan de Trabajo para Reactivar la Obra Pública.
Entre sus parámetros, la iniciativa prioriza los trabajos a cielo abierto y el transporte seguro de trabajadores y trabajadoras y también abarca obras que ya fueron retomadas en el ámbito de otros organismos y entes públicos como la Secretaría de Obras Públicas; la Dirección Nacional de Vialidad.
También, las tareas de mantenimiento y limpieza en la Cuenca Matanza Riachuelo que se realizan por parte del ACUMAR.
Vialidad Nacional ocupa un rol preponderante en el nuevo esquema de obras públicas.
Según el documento oficial al que tuvo acceso iProfesional, el objetivo en esta primera etapa es reactivar obras que se encontraban neutralizadas o paralizadas.
Habrá otras que volverán a ponerse en marcha en el mediano plazo, siempre que se cumplan con las condiciones de seguridad e higiene necesarias para cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno nacional en el marco del coronavirus.
Las tareas a realizar van desde el pavimento urbano, la construcción de centros de salud, obras patrimoniales, equipamientos sociales, centros educativos, el tratamiento de residuos cloacales, la provisión de agua potable hasta el mantenimiento de cuencas acuíferas y caminos de sirga, entre otras.
El plan cuenta con un apartado sobre recomendaciones de seguridad sanitaria para que todas las obras se ejecuten, prioritariamente, a cielo abierto y bajo las recomendaciones de seguridad e higiene elaboradas por el Ministerio de Obras Públicas, con las sugerencias también realizadas por la UOCRA y CAMARCO.
En lo inmediato, se reactivan un total de 270 obras, de las cuales 11 serán coordinadas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); 23 por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); 46 por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH); 69 por la Secretaría de Obras Públicas (SOP); y 93 por Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) también suma obras y continuará con las tareas de limpieza, desmalezado y mantenimiento del cauce principal y los arroyos dependientes con las 46 cooperativas de trabajo que emplean a 100 trabajadores y trabajadoras.
En el caso de la Capital Federal, por ejemplo, se destacan varias obras de AYSA, la restauración de la Basílica San Francisco de Asís, la recuperación de la Confitería El Molino y obras en la Facultad de Filosofía y Letras.
En el ámbito de los proyectos de la Secretaría de Obras Públicas, 63 están distribuidos en 19 provincias y son factibles de iniciarse de manera inmediata mientras que otros seis ya fueron reactivados en Mendoza, Entre Ríos y Corrientes. Las categorías de las obras se dividen en Pavimento; Programa de Inversiones Municipales BID 2929 OC-AR; Universidades; Infraestructura social; Infraestructura escolar y Conservación y Patrimonio, que representan 2.627 puestos de trabajo directo y 4.970 empleos indirectos.
La Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica reactivará 46 obras en el corto plazo, ubicadas en 12 provincias y que implican la generación de 750 empleos directos y 2.250 indirectos.
Desde ENHOSA se planifica la reactivación de 11 obras ubicadas en seis provincias, que crearán 1.060 puestos de trabajo directos y 3.180 indirectos.
Por su parte, Vialidad ha reiniciado la ejecución de nueve obras en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, que implican 1.204 empleos directos y 3.612 indirectos. Además, planifica reactivar 14 proyectos distribuidos en 11 provincias, que significan la puesta en marcha de 2.380 puestos de trabajo de forma directa y 7.140 de manera indirecta.
En total, con la reactivación de las tareas, el Ministerio de Obras Públicas anticipa que se generarán 10.586 puestos de trabajo de manera directa y 31.137 de manera indirecta.
De manera adicional y para evitar irregularidades en los contratos de ejecución de estas obras, se acaba de crear una unidad específica para coordinar el diseño e implementación de las políticas administrativas, presupuestarias y financieras del Ministerio de Obras Públicas.
El foco estará puesto en la ejecución de las acciones necesarias para las contrataciones y compra de bienes, locación de obras y servicios y demás adquisiciones destinadas a la Jurisdicción.
En ese marco, la cartera ministerial creó un "Programa de Fortalecimiento Institucional, Integridad y Transparencia" para "cuidar" los contratos de obras públicas que, para el Gobierno, constituye un componente central de la actividad estatal.
"Hace falta contar con un sistema de contratación y ejecución de obra pública, diseñado desde un enfoque integral y estratégico que coadyuva al logro de trascendentales objetivos de la política pública, como la innovación, la protección ambiental, la creación de empleo, el fomento de la pequeña y mediana empresa y el desarrollo integral de las distintas regiones del país", asegura la resolución que crea este programa y que acaba de ser publicada en el Boletín Oficial.
El objetivo de esta unidad es el de eliminar la discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de los funcionarios públicos involucrados, "a través de la introducción de mecanismos basados en reglas objetivas y protocolos".
También el de regular conflictos de interés y la interacción entre el sector público y el sector privado; desarrollar el funcionamiento de los organismos y sistemas de auditoría; garantizar el ejercicio del control y monitoreo ciudadano, así como la rendición de cuentas; promover el fortalecimiento de procesos y marcos legales; y avanzar en la transformación digital de la obra pública, simplificando y digitalizando trámites, y usando herramientas de control inteligentes y transparentes.
