DANIEL MONTAMAT*

La Argentina de la sustitución de importaciones tiene una cadena de valor agroindustrial con un significativo superávit de divisas, una cadena de valor automotriz muy deficitaria en divisas y una cadena energética que oscila entre los superávit y los déficits dependiendo de la restricción externa del modelo productivo. Cuando la sustitución de importaciones está holgada en divisas (términos de intercambio favorables a nuestras exportaciones, cosechas excepcionales, ingreso de capitales) el signo de la balanza comercial energética deja de ser relevante y la orientación productiva al mercado interno incentiva a la política a controlar los precios de la energía y a generar subsidios indiscriminados, que, aunque probadamente inequitativos, promueven el consumo de otros bienes y servicios. Aumenta la demanda energética, cae la oferta y hay que importar energía.

Cuando el déficit de la cuenta corriente externa empieza a dar señales de la insuficiente generación de divisas y la entrada de capitales brilla por su ausencia, el déficit de la canasta energética se vuelve crítico. La restricción externa tiene cara de hereje y obliga a la política a reconocer a la canasta energética precios que recuperan costos económicos e incentivos productivos de excepción que también tienen impacto presupuestario. Esto fue así con las empresas estatales antes y lo es ahora con la industria energética con actores privados (incluyendo los concesionarios/licenciatarios de transporte y distribución). Los quebrantos de las empresas estatales que debía afrontar el Tesoro (un sucedáneo de los subsidios actuales) respondían en el ciclo de distensión externa a precios y tarifas que no recuperaban costos y a la necesidad de sostener niveles de inversión pública. Se resignaba el autoabastecimiento.

En el cambio de ciclo, cuando se hacía presente la restricción externa los quebrantos de las empresas públicas obedecían a planes de incentivo a parte de la producción que la YPF estatal debía comprar a sus contratistas de servicio a mayores precios, y quedaba obligada a revender al parque refinador privado a menores precios (mesa de crudos). También a inversiones en infraestructura para asegurar la continuidad de los servicios. Con la transformación de la industria y las privatizaciones hubo una década de expansión productiva y capitalización donde el incentivo estuvo en las condiciones favorables en que se novaron contratos y se transfirieron activos, otra vez urgidos por la crisis. Hubo crecientes saldos exportables.

Tras el colapso de la Convertibilidad, con la industria privatizada y recapitalizada, la pesificación de precios y el congelamiento tarifario se tradujo en subsidios económicos que, por un tiempo, y para engaño de la mala política, afectaron los balances de productores, transportistas y distribuidores. Pero cuando hubo que importar energía a precios superiores a los del mercado doméstico o invertir en la infraestructura de servicios (gas, electricidad) los subsidios empezaron a impactar sobre las cuentas públicas. Hasta que el déficit energético volvió insostenible la situación y se hizo necesario devolver incentivos a la producción con planes “plus”, y a la inversión en infraestructura con contratos atados (compra y precios asegurados). El cambio de ciclo opera con los estallidos periódicos de las cuentas públicas y las cuentas externas y tiene el grave problema que cuando más escasean los dólares, más se requiere para revertir la desinversión reconocer precios de referencia en dólares (para los productos transables de la industria) y tarifas que recuperen costos actualizados para los segmentos de infraestructura.

La industria energética argentina ha venido operando como una suerte de fuelle (se contrae y se expande) según la necesidad de divisas del modelo productivo orientado al mercado interno y su recurrente restricción externa.

Si la Argentina de la pospandemia no se radicaliza a escenarios de redistribución de pobreza, y persiste en la sustitución de importaciones como estrategia productiva, está obligada por el ciclo a enfrentar la restricción externa y la política no puede reincidir en los déficits energéticos que sostuvo cuando el boom de la soja se lo permitió. Esto augura precios para el petróleo y los derivados alineados a las referencias internacionales, con reajustes en los precios de los combustibles que todavía están alrededor del 10% por debajo de la paridad de importación; precios estímulos para la producción de gas natural que, según el procedimiento con que se los fije o induzca, tendrán como base los break even (precios que recuperan costos totales) de los nuevos desarrollos de gas no convencional; ajuste gradual en el precio mayorista eléctrico (el más desfasado respecto a sus costos) y descongelamiento de tarifas en los segmentos regulados. Estas últimas en pesos. Los otros precios en dólares…, o euros, o yuanes.

La dolarización de los precios de la energía deviene una cuestión abstracta en los países que tienen una moneda estable. No es tema de discusión ni en Uruguay, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Paraguay, por citar algunas referencias regionales. Si la política quiere cobrar impuesto inflacionario con precios y tarifas pesificadas y congeladas, la Argentina se vuelve a quedar sin energía y con servicios de pésima calidad. La energía más cara es la que no se tiene, y la energía que se importa se paga en dólares.

Pero si la Argentina quiere desarrollar su inmenso potencial energético para que familias y empresas dispongan de energía abundante y a precios competitivos, con saldos crecientes para industrialización y exportación, hay que terminar con los barquinazos de política energética (de los estímulos forzados a los precios políticos y a las reglas discrecionales). Y si los ciclos energéticos son consecuencia de las explosiones periódicas causadas por la restricción externa, es hora de un replanteo estructural del modelo productivo. De la sustitución de importaciones a un modelo de valor agregado exportable. En esa nueva estrategia de desarrollo inclusivo, la cadena de valor energética tendrá un rol protagónico fundamental para apuntalar la producción nacional.

*Ex secretario de Energía y ex titular de YPF