El presidente de Perú, Martín Vizcarra, está a punto de entrar en su último año de mandato y, para consolidar su gestión, decidió cambiar a más de la mitad de su Consejo de Ministros, a donde entraron caras nuevas y otras ya conocidas de exministros con el fin de dar más brío y reputación al Ejecutivo.
El principal cambio está en el primer ministro, Pedro Cateriano, quien ya ejerció el mismo cargo en el último año de mandato del expresidente Ollanta Humala (2011-2016). Ahora recibió la confianza de Vizcarra para tomar el timón del Gobierno en uno de los periodos más convulsos de la historia reciente de Perú, que afronta los siguientes grandes retos.
Perú, el quinto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos confirmados de COVID-19 con más de 337.000 infectados acumulados y más de 12.400 muertos, ha comenzado a ganarle lentamente el pulso a la pandemia tras cuatro críticos y trágicos meses.
Los contagios están remitiendo pero se acerca un momento clave, pues en los próximos días se verá el efecto de haber levantado la cuarentena desde el 1 de julio en gran parte del país y de la reanudación de los viajes domésticos por aire y tierra desde el 15 del mismo mes.
En ese contexto Vizcarra cambió por segunda vez al ministro de Salud en plena pandemia. Prescindió de Víctor Zamora, quien asumió el cargo en un momento muy delicado y difícil donde afloraron todas las carencias, precariedad y limitaciones de un sistema de salud denostado durante décadas por los gobiernos precedentes.
En su lugar asumió Pilar Mazzetti, quien será ministra de Salud por tercera vez en su carrera y bajo tres presidentes distintos. Esta neuróloga volvió a la primera línea política cuando fue nombrada como jefa del Comando COVID-19, encargado de gestionar en campo la emergencia a nivel nacional.
El Gobierno peruano se ha propuesto crear un millón de empleos hasta final de año para recuperar parte del mercado laboral que existía antes de la crisis de la COVID-19.
Solo en Lima casi 3 millones de personas se quedaron sin trabajo durante los primeros tres meses de la cuarentena que se decretó desde mediados de marzo para frenar la expansión del coronavirus, lo que afectó directamente al mercado laboral, donde un 70 % de los trabajadores es informal y vive de lo que gana al día.
Bajo ese panorama ha causado mucha polémica el nombramiento como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo de Martín Ruggiero, un joven abogado de 33 años en cuya hoja de vida presentada en redes sociales lucía haber escrito artículos de opinión sobre informalidad en distintos medios locales de prensa.
En esos artículos defiende la idea de que la informalidad se debe a que el Estado no da los suficientes incentivos para que los trabajadores se vuelvan formales.
Ruggiero, que fue nombrado a pedido expreso de Cateriano, se define en redes sociales como asesor de empresas "para fusiones y adquisiciones, asuntos salariales y de horarios, disciplina de empleados, problemas sindicales, inspecciones laborales y litigios".
Hasta un 14 % se estima que puede contraerse este año el producto interior bruto (PIB) de la economía peruana en este crítico año, cuando antes de la pandemia Perú estaba señalado como uno de los países de Latinoamérica que más crecería en 2020, con un 4 %.
La contracción en abril fue del 40 %, y en esa labor de reducir daños seguirá la joven ministra de Economía, María Antonieta Alva, de 35 años, que en la pandemia puso en marcha un ambicioso plan de gasto público de unos 26.000 millones de dólares, equivalente al 12 % del PIB, para recuperar la economía.
"Es un periodo de la historia del Perú y del mundo en el que la economía debe estar, más que nunca, al servicio del bien común", dijo Alva tras su ratificación.
El Ejecutivo peruano deberá seguir confiando en la actividad minera y las exportaciones para amortiguar el golpe mientras otros sectores como el turismo aún siguen casi congelados, pues las fronteras continúan cerradas y los visitantes extranjeros, grandes generadores de divisas en el país, todavía no tienen fecha de retorno.
Las elecciones generales de 2021 ya fueron convocadas por Vizcarra pero las reformas promovidas desde el Gobierno para hacer más transparente, abierta y paritaria la elección de autoridades han sufrido cambios, en algunos casos sustanciales, al pasar por el Congreso, reticente a aprobar algunas disposiciones.
El cambio de Congreso que se llevó a cabo en enero con las elecciones parlamentarias extraordinarias no sirvió para conformar un Legislativo más alineado a las pautas del Gobierno, que se ha encontrado con serias trabas y nuevos frentes abiertos para llevar a cabo sus políticas.
Un ejemplo de ello es el proyecto para eliminar la inmunidad parlamentaria, iniciativa que el Congreso modificó para quitarle también la inviolabilidad al presidente y a los magistrados del Tribunal Constitucional sin previo debate, un trámite que está bajo serias sospechas de inconstitucionalidad.
También está aún pendiente de aprobación la norma que impide participar en las elecciones a cualquier persona con una condena vigente por cualquier delito.
Por ello será clave en este aspecto tanto la designación de Cateriano, un abogado que casa perfectamente con el discurso anticorrupción de Vizcarra.
También el nombramiento de la nueva ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra, especialista en reforma democrática y referéndum, como el que Vizcarra ya ha planteado para sacar adelante la reforma política, principal caballo de batalla de su gestión.
No es menos destacable la continuidad al frente de la cartera de Educación de Martín Benavides, lo que supone un voto de confianza para el ministro en una nueva ofensiva contra la reforma universitaria por parte de grupos parlamentarios ligados a centros de estudios privadas.
Benavides fue anteriormente jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), el ente encargado de cerrar aquellas universidades que no cumplen los estándares de calidad, pues durante las últimas décadas surgieron en Perú multitud de universidades particulares de dudosa valía educativa.
Algunos dueños de esas universidades están presentes ahora en el Congreso con sus propios partidos, y desde su sede parlamentaria urden artimañas para quitarle poder a la Sunedu, como crear otra institución que esté por encima de ella.
También han promovido una interpelación a Benavides mientras este trata de recuperar en lo posible el año escolar, después de las clases presenciales quedaran suspendidas desde marzo, cuando estaba iniciando el año escolar, publicó EFE.
