El avance del Gobierno sobre la empresa Vicentin, primero con la intervención anunciada este lunes y luego con la eventual expropiación, que debe ser tratada en el Congreso, generó una resistencia mayor a la que Alberto Fernández parece haber previsto.
El rechazo de la oposición política, principalmente Juntos por el Cambio, era esperable. Lo mismo que las manifestaciones de la Sociedad Rural. Sin embargo, este miércoles la iniciativa estatizadora de Fernández recibió el embate de los industriales alimenticios mediante un duro comunicado de la Copal, a lo que durante la noche se sumó un fuerte cacerolazo de protesta que se hizo escuchar incluso en barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
En este contexto que se plantea como hostil a las medidas del Ejecutivo, crecen las versiones sobre una marcha atrás. Según trascendidos de fuentes cercanas a la Casa Rosada, por estas horas Alberto F. considera dejar sin efecto el proyecto de expropiación de Vicentin.
En cambio, sí mantendría la intervención en la empresa aquejada por deudas. De esta manera, intentería sanearla y, principalmente, evitar que quede en manos de inversores extranjeros.
Una señal de este nuevo camino es la reunión que el Presidente mantendrá mañana a las 18:00, cara a cara, con Sergio Nardelli, CEO de la agroexportadora Vicentin.
Así lo revelaron durante la tarde de este miércoles las fuentes oficiales, aunque no brindaron mayores detalles. De allí surgirá la confirmación sobre el futuro de la empresa.
La convocatoria presidencial se da en medio de un importante rechazo del arco político opositor y de gran parte del empresariado que exige al Ejecutivo que de marcha atrás.
En este contexto, el Presidente decidió dejar de lado una visita a La Rioja y mantener este encuentro con uno de los máximos directivos de la compañía.
Nardelli es uno de los principales directivos de la compañía y nieto del fundador de la firma y fue quien mantuvo una conversación telefónica con el Jefe de Estado el martes por la noche.
Fue el propio Fernández el que reveló algunos detalles de la conversación con Nardelli y la calificó como una "muy buena charla".
El Presidente, a su vez, negó haber hablado con su antecesor, Mauricio Macri, sobre Vicentin, una empresa que adeuda u$s1.350 millones y a la que el Banco Nación le otorgó millonarios créditos que no se ajustarían a la capacidad de repago que tenía.
Fernández dijo que el martes lo llamó Nardelli y describió que mantuvieron una "muy buena charla".
"Le expliqué con mucha cordialidad: tengo la impresión de que su empresa ha sobregirado mucho más de lo debido. Y le expliqué que la medida no tiene ninguna vocación de perjudicar a nadie", explicó el jefe de Estado.
Y señaló que el Gobierno sólo está buscando "rescatar" la compañía para que "siga siendo argentina", dado que por su crisis, sino, podría ser adquirida luego por muy poco dinero por un grupo extranjero.
"Ayer tuve una muy buena charla con Sergio Nardelli. Le dije que nosotros no estamos aquí para afectar los derechos de nadie. Él me dijo que tiene una idea para que nosotros podamos hacernos cargo de la empresa sin necesidad de expropiación", contó Fernández.
Y continuó: "Le dije que la expropiación es necesaria por una cuestión de transparencia, porque si no, no se entiende cómo hará el Estado apara hacerse cargo si no expropia. Insisto en que es una empresa que tiene cuestionamientos por los créditos que tomó y no pagó".
"Tuvimos una muy buena charla y confío en que podemos hacer las cosas tranquilos. Esto no debería ser motivo de pelea porque lo que estamos haciendo es recatar una empresa de la quiebra y lo que intentan es mostrarlo como un gesto arbitrario como si esta fuera la regla del Gobierno", dijo el Presidente.
En ese sentido, insistió con que "el Gobierno está tratando de rescatar una de las pocas cerealeras que existen en la Argentina.
"Son siete, y argentinas son tres, porque el resto son multinacionales. Y el mercado agrícola para nosotros es muy importante. Por lo tanto tenemos que preservar esta empresa para garantizar que haya una cerealera argentina operando en el mercado internacional", sostuvo el Presidente.
El jefe de Estado se quejó de que a la forma de actuar del Gobierno ante el caso, la "están tratando como si fuera un hecho caprichoso de un presidente, y aquí estamos ante un caso de extrema gravedad".
"Yo no tengo ninguna vocación de que el Estado se ande quedando con las empresas de nadie", enfatizó.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo que la intervención y el proceso de expropiación de Vicentin es para "proteger a los trabajadores y sostener a un factor importante de la economía nacional".
"Supongo que no habrá problemas en el Congreso con la expropiación", subrayó el ministro de Trabajo.
"El Gobierno está haciendo todo lo necesario en cada momento y vamos a seguir haciendo justamente eso: todo lo necesario en cada momento", enfatizó Moroni.
La polémica por la intervención y eventual expropiación de la cerealera Vicentin comienza a levantar temperatura. Este miércoles, la reacción llegó por parte de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que planteó severas críticas a la decisión del Gobierno nacional y advirtió sobre malos antecedentes para "la calidad institucional y el respeto al derecho de propiedad en el país".
En un breve pero contundente comunicado, la entidad empresaria presidida por Daniel Funes de Rioja subrayó su "profunda preocupación" por el decreto presidencial que dio pie a la intervención de Vicentin SAIC.
"Nuestra Entidad solo respalda aquellos procedimientos establecidos en el marco de la legalidad y el principio de división de poderes, y señala su desacuerdo por el impacto que este tipo de antecedentes genera respecto a la calidad institucional y el respeto al derecho de propiedad", señaló Copal.
En el texto difundido este jueves, los empresarios rechazan de plano la estatización y destacan el valor de su propia posición como empresarios privados.
"Creemos firmemente que es la empresa privada la que debe asumir la función productiva y que tal sector ha demostrado tener la capacidad de dar cumplimiento a aquella responsabilidad, a pesar de los problemas estructurales de nuestra economía y de la profundización de los mismos en el contexto actual -a causa de la pandemia mundial- demostrando una vez más, ser un sector con dinamismo y proyección de crecimiento", afirmó la entidad.
Copal también polemizó con el postulado de "soberanía alimentaria" que el presidente Alberto Fernández planteó como justificativo cuando realizó el anuncio de la intervención.
"La Industria de Alimentos y Bebidas de Argentina cumple con la definición de soberanía alimentaria y lo ha demostrado tanto abasteciendo al mercado interno como en su vigoroso rol exportador de productos alimenticios con valor agregado de gran potencial", enfatizó Copal.
"COPAL considera fundamental el respeto al Estado de Derecho, garantizando de tal forma la seguridad jurídica y transparencia que permitan al sector privado su contribución al desarrollo y a las nuevas inversiones necesarias con el objetivo de dinamizar la economía de nuestro país y asegurar un crecimiento sustentable", concluye el comunicado.
La Nación
CARLOS PAGNI
No hay nada más incompatible con el poder que la ficción. El poder se manifiesta en su ejercicio. Alberto Fernández enfrenta este problema. Se presenta como capitalista. Dice ser un liberal. Eso sí: de izquierda. Invita a los grandes empresarios a que se asocien a su administración. Pero, cuando llega el momento de desplegar una política coherente con estas definiciones, no puede. Ejecuta lo contrario. La estatización de Vicentin es una exhibición de esta fisura en gran escala. Pone de manifiesto una enorme disociación entre discurso y acción. Entre medios y fines.
La víctima más inmediata de esta incoherencia es Martín Guzmán, el ministro de Economía. Si bien todavía no pudo exhibir un programa, repite una narrativa según la cual el drama económico argentino se resuelve imprimiendo un gran impulso a las exportaciones. Esa estrategia nos liberará de las crisis recurrentes y, sobre todo, de la perversa dependencia del mercado financiero. El avance del Estado sobre Vicentin es una agresión directa a estas pretensiones. Si existe un sector competitivo, es el agropecuario. Aun cuando soporta una gran intervención del sector público, que captura hasta el 33% de sus ingresos a través de retenciones. A esta distorsión, agravada por el alarmante atraso cambiario, se agrega ahora la decisión de confiscar. Es razonable que la opción de invertir en ese negocio se vuelva cada vez más problemática.
Guzmán puede parecer una figura anecdótica dentro del Gobierno. Pero está al frente de la operación que, junto con la gestión de la cuarentena, más preocupa al Presidente: la reestructuración de la deuda. Se propone formalizar su tercera oferta el viernes. Y estudia ofrecer un bono con un cupón atado al desempeño de las exportaciones. Una réplica de aquel otro asociado al crecimiento que ofrecieron Néstor Kirchner y Roberto Lavagna e hizo en estos años las delicias de los acreedores. En este contexto, Guzmán vio cómo su jefe entraba en Vicentin. El bono que había imaginado cambia de sentido. Parece un chiste.
En la semana en que el Gobierno hará el nuevo ofrecimiento a los bonistas, un coro de hombres de negocios advierte sobre la dificultad de invertir en el país. Solo la UIA puso una sordina a su pronunciamiento, a pesar del revuelo que se produjo en la última reunión de su junta directiva. También se escuchan voces de figuras con gran repercusión internacional, como Fernando Henrique Cardoso, quien ayer alertó que, con medidas como la de Vicentin, las inversiones buscarán otros destinos. Alguien en el gabinete trabaja para los acreedores y no lo sabe. Aunque siempre aparecen adictos a las teorías conspirativas, que explican: "Algo tienen que estatizar para disimular las concesiones que hará Guzmán a los fondos de inversión".
Ese colaborador involuntario de los bonistas tal vez no sea el Presidente. Él mismo aclaró durante las últimas 48 horas que su intención es rescatar a una empresa al borde de la quiebra, lo que sugiere que podría desistir de la estatización. Una versión afirmaba anoche que había reconocido ante Roberto Lavagna que "lo de la cerealera fue un error". En el entorno de Lavagna lo negaban. Pero Eduardo Duhalde parece creer en ese testimonio. Ayer felicitó al Presidente porque "en el día de mañana resolverá el conflicto con la empresa". Fernández confesó haberle dicho a Sergio Nardelli, uno de los propietarios de Vicentin, que solo buscaba una solución. Que quiso ayudarlo. La explicación remite a esa broma insidiosa que hacen circular por las redes los enemigos de la cuarentena: "Alberto es como una pareja tóxica. No quiere que trabajes, no te deja ver a tu familia, no quiere que tengas amigos, pero dice que lo hace porque te quiere".
Lo que para Fernández es el samaritano salvataje de una compañía, para el entorno de su vicepresidenta es el inicio de una epopeya estatizadora
El problema de esta línea discursiva es que choca con Cristina Kirchner y sus talibanes de La Cámpora. Esa agrupación viene indagando a través de su propia consultora, Analogías, sobre la disponibilidad social para un plan de confiscaciones. La pregunta específica fue, hace un mes, "¿qué opinaría usted sobre estatizar las distribuidoras de electricidad y gas que están en manos de empresas privadas?". El 63,7% dijo que estaba de acuerdo. Nada que llame la atención. Según otra firma, Isonomía, el 73% de los argentinos prefiere que los negocios los maneje el Estado. Aunque el 72% crea que es ineficiente. El kirchnerismo no es la causa de las dificultades del país con el capitalismo. Es su síntoma.
En línea con las ensoñaciones de La Cámpora, la toma de Vicentin fue gestionada por la vicepresidenta. Delgado, el interventor, se había visto con el Presidente antes de una cirugía, unos 15 días atrás. Pero quien le explicó la operación de expropiación fue Cristina Kirchner, durante el fin de semana. No debe sorprender esa participación tan intensa de la señora de Kirchner en los asuntos cotidianos. En los últimos días, varios funcionarios debieron renunciar, horas después de que aparecieran sus nombres en el Boletín Oficial, porque ella los vetó.
Los atenuantes que esgrime el Presidente para la toma de Vicentin son desmentidos por el comunicado que "la orga", como denominan a La Cámpora sus propios integrantes, emitió anteayer. Comienza explicando la intervención con esta frase: "Esta definición estratégica busca evitar una mayor concentración y extranjerización de la producción y comercialización de alimentos. A la par que permitirá tener una empresa testigo, no solo en el sector agroindustrial para el mercado interno, sino también en el de divisas?". Y termina con esta otra: "En el marco de una crisis global de enorme magnitud, nuestro país comienza a repensar la agenda del mañana, avanzando en el desarrollo productivo del país. Se torna imperioso continuar en el desarrollo de estrategias sólidas y contundentes que puedan terminar con las inequidades en nuestro suelo; conquistando soberanía alimentaria. La participación del Estado en la producción y comercialización agroindustrial tanto del comercio interior como exterior; es un paso fundamental para comenzar a poner a la Argentina de pie". (Las imperfecciones estilísticas pertenecen al original).
Lo que para Fernández es el samaritano salvataje de una compañía, para el entorno de su vicepresidenta es el inicio de una epopeya estatizadora. Esa aspiración se sostiene en conceptos esotéricos, como el de "soberanía alimentaría". ¿Cuál será el genio maligno que amenaza la soberanía alimentaria de uno de los grandes exportadores de alimentos del planeta? ¿Alguien quiere que la Patria se someta a una soja o un aceite foráneos? ¿No alcanzan las retenciones para condicionar el negocio de las oleaginosas? Otra entidad enigmática postulada por La Campora es la "empresa testigo". ¿Hace falta quedarse con una empresa para saber lo que sucede en el mercado más competitivo del país? El liberal de izquierda Fernández dijo que la compañía será "una empresa testigo para una planificación estratégica". ¿La "empresa testigo" va a determinar las operaciones de cambio, como pronostica La Cámpora? ¿No alcanza con la superposición de cepos que viene estableciendo el Banco Central?
El comunicado de La Cámpora contiene una afirmación que los dueños de Vicentin aprovecharán para incrementar una eventual indemnización en un reclamo judicial: "De este modo, el Estado nacional rescatará a una empresa de enorme magnitud, a la cual se declarará, al momento de sanción y promulgación del proyecto de ley, de ?utilidad pública' por ser productora de alimentos". La primera curiosidad es que admitan que fue intervenida antes de que se la declare de utilidad pública. La segunda: que supongan que una empresa de alimentos es de utilidad pública. Rafael Bielsa, el embajador en Chile, podría iluminar a los militantes de La Cámpora enviándoles algún resumen de la obra de su abuelo, donde estos temas han sido tan bien desarrollados.
En los años de González Fraga la deuda de Vicentin con el Nación creció 36%. Entre 2008 y 2014 creció 240%
Las afirmaciones del Presidente y de La Cámpora insinúan también algún desconocimiento sobre la naturaleza de Vicentin. La presentan como una cerealera internacional, cuando no lo es. La empresa carece de una estructura de comercialización global como las de Bunge, Cargill, Dreyfus o Nidera. Esas multinacionales son las que han comercializado los granos que Vicentin compraba a los productores, y el aceite que producía. Sobre todo una: Glencore, socia con la compañía en Renova. Pensar que a través de Vicentin se puede controlar el mercado de alimentos o de cambios revela una ignorancia enciclopédica. Entre otras cosas, porque presume que los productores querrán seguir vendiéndoles a los nuevos operadores de la empresa.
Una de las razones que volvieron tan atractivo el caso Vicentin para la vicepresidenta es la teoría de que su líder, Sergio Nardelli, consiguió créditos extraordinarios de la banca pública, en especial del Banco Nación, por su estrecha amistad con Mauricio Macri. El objetivo para la embestida es Javier González Fraga, el último presidente de ese banco. Un director de esa entidad, Claudio Lozano, alimenta esa estrategia. Lozano tiene en la mira a Vicentin, entre otras cosas, porque entre los operadores jurídicos y financieros del grupo hay un viejo enemigo suyo: el abogado Marcelo Etchebarne. Este exdiputado frustró las expectativas que tenían sobre la empresa José Luis Manzano y, entre otros, Emmanuel Álvarez Agis. La credibilidad de Lozano ante la señora de Kirchner es incómoda para Sergio Massa: el director del Nación fue un severo crítico de la gestión de la Anses, sobre todo por las operaciones con bonos durante su gestión y la de quien fuera su delfín, Amado Boudou.
Para amplificar las acusaciones de Lozano, la vicepresidenta ordenó a Oscar Parrilli establecer una comisión investigadora en el Congreso. Debería cuidarse de que, como en el caso de la lista de los que "fugaron" dólares, de la que ella fue excluida de manera sospechosa, el ataque no sea suicida. En los años de González Fraga la deuda de Vicentin con el Nación creció 36%. Entre 2008 y 2014 creció 240%. La expansión que hace juego con la emoción de Cristina Kirchner al inaugurar una megaplanta de la empresa, el 21 de abril de 2014. La comparación no disminuye el problema que enfrenta el banco, dañado por la deuda de Vicentin, y también por la de numerosos productores a los que la compañía no pagó.
Más allá de su escasa racionalidad económica, el avance sobre Vicentin presenta graves fragilidades institucionales. El Ejecutivo ignoró la competencia del juez del concurso, Fabián Lorenzini, que es un magistrado provincial. En un extremo, podría inferirse una involuntaria intervención federal a uno de los poderes de la provincia. Lorenzini debe velar por los derechos de todos los acreedores. Alguno de ellos se puede preguntar: ¿por qué no tengo derecho, como el Estado, que es un acreedor más, a administrar activos de la empresa?
Otro interrogante obvio es ¿por qué pusieron Vicentin en manos de YPF, que es una sociedad anónima cuyo 49% está en manos privadas? ¿Por qué esos accionistas privados tienen derecho a beneficiarse con el nuevo negocio? O ¿por qué se los obliga a perjudicarse? ¿Por qué YPF y no Aerolíneas? ¿Por qué no darle Vicentin a Molinos, que también tiene participación estatal? ¿O a Clarín, que sería el mismo caso? Estas preguntas conducen a otro problema. Uno de los argumentos del Estado frente a las múltiples demandas contra YPF que se tramitan en Nueva York es que la empresa no es su alter ego . La intervención en Vicentin a través de la petrolera indicaría lo contrario. Los litigantes, felices. Entre ellos los Eskenazi, expertos en mercados regulados, que para ganar su pleito acusan a su amigo Alberto Fernández de avanzar de manera autoritaria sobre la Justicia.
El Presidente, profesor que ayer se hizo un momento para dar una clase de Derecho, no desconoce la debilidad institucional de su decisión. Su desafío no es intelectual, sino político. Su vice tiene una agenda más clara que la suya. Y demuestra tener el poder necesario para realizarla. Este es el riesgo de Fernández. Quedar convertido, por la prepotencia de Cristina Kirchner, en un "presidente testigo".
