EZEQUIEL CHABAY
Pasado el jolgorio en que se sume la provincia en cada Fiesta Nacional de la Vendimia, el gobierno de Mendoza y su titular, Rodolfo Suárez, volverán a la carga con el frustrado proyecto de atraer inversiones mineras a la tierra "del buen sol y del buen vino" y así diversificar una matriz productiva con signos de agotamiento ante la evidente crisis de la industria vitivinícola.
Este fin de semana, la provincia cuyana vibró con la puesta en escena de su principal apuesta turística para el público local y extranjero. Y como sucede desde hace años, la elección de la reina nacional de la Vendimia sirvió como caja de resonancia de la política doméstica, con un nuevo rechazo a la minería a cielo abierto ante la mirada de políticos invitados, diputados y funcionarios del gobierno nacional, bajo la consigna de tener una provincia "con agua pura".
Pese al rechazo que acumula en buena parte de la población, que la gobernación adjudica a la desinformación y a intereses "del lobby ambientalista", la provincia se apresta a reanudar negociaciones para reactivar la explotación metalífera y pasar la página del primer y duro revés que enfrentó el sucesor de Alfredo Cornejo al intentar pasar en diciembre una ley que habilitaba la utilización de cianuro.
Sin aval local, el impulso para reinstalar el tema a nivel provincial vendrá desde Buenos Aires, donde el Congreso se apresta a debatir una nueva ley de minería y producción hidrocarburífera que el Ejecutivo, de momento, mantiene bajo siete llaves. Ese texto parte de la base de dar más garantías a los inversores para anclar capitales para proyectos cuya rentabilidad llega a largo plazo.
El sábado, los artistas de la Vendimia sentaron postura contra la megaminería.
Caída la ley que la Legislatura provincial aprobó en diciembre la habilitación de 19 proyectos mineros que suponían el vuelco de ácido sulfúrico y cianuro sobre las aguas, Suárez pretende concentrarse en un solo emprendimiento que no necesita pasar por el parlamento provincial.
El gobierno radical aspira a reactivar Potasio Río Colorado, un emprendimiento ubicado en el departamento sureño de Malargüe, tras la salida estrepitosa de la brasileña Vale en 2013, ante la fuerte caída del valor del precio internacional del mineral. El ejecutivo tiene avanzado un acuerdo de debida diligencia (due dilligence) con la compañía, que cederá las instalaciones y abonará un canon en concepto de reparación por el abandono del proyecto.
Suárez busca un actor privado para poner en marcha la operación (su predecesor, Cornejo, tanteó a inversores chinos) en tanto una sociedad del Estado ya existente o por nacer sería la beneficiaria de los activos traspasados. Según las proyecciones, Potasio Río Colorado podría impulsar la industria petroquímica al ofrecer un insumo básico para la producción de fertilizantes, en un región lindera a Vaca Muerta.
Un poco más allá en el tiempo, el exintendente de la ciudad capital pretende iniciar la explotación de cobre en el proyecto San Jorge, en cercanías de Uspallata y sobre la espina dorsal de los Andes. Allí también existen reservas de oro que, de momento, permanecerán intactas hasta tanto se logre destrabar la oposición social. Ese emprendimiento podría generar 1700 puestos de trabajo muy por encima en salarios de los que paga la industria vitivinícola.
Si el panorama acaso muta, Mendoza podría volver a insistir con una ley de minería en similares condiciones a la que debió derogar con solo 20 días de gestión. A diferencia de esa ocasión, la decisión es circunscribir su actividad a la región de Malargüe, una zona casi sin producción agrícola y que depende exclusivamente de la actividad petrolera. En señal de protesta por el impedimento de hacer minería, ese departamento se ausentó de la Fiesta de la Vendimia.
Mendoza apunta a reactivar el proyecto Potasio Río Colorado, en el sur de la provincia.
El impulso que Suárez pretende dar a la minería apunta a sanear una economía que en términos de mano de obra depende fuertemente de la industria vitivinícola, pero que aporta apenas 7% del producto bruto y ofrece salarios por debajo de la canasta de pobreza.
A la alicaída situación del sector frente a la caída del consumo, se añade una pelea entre los dirigentes que conforman la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), un mecanismo de coordinación público-privado donde predominan los pequeños productores y bodegueros en la toma de decisiones, enfrentados con las grandes compañías que dan volumen al mercado y justifican más del 80% de las exportaciones, con menos asientos en el directorio. El hartazgo de unos con otros llevó a exponer públicamente los problemas y llegar incluso a descalificaciones en los medios.
El bodeguero José Zuccardi asumió el sábado por la mañana al frente de la Coviar con la presencia de varios funcionarios del gabinete nacional y del PJ local en primera fila, y allí defendió el Plan Estratégico Vitivinícola (Pevi) que reguló al sector hasta el año pasado. Al mediodía, la presidenta de Bodegas de Argentina, Patricia Freuler de Ortiz, aniquiló el desempeño de la Mesa de Enlace vitivinícola y pidió poner el esfuerzo en ganar mercados de exportación.
Suárez participó de ambos eventos para apaciguar la guerra de trincheras en que sumieron ambos bandos y se ofreció a construir una mesa de diálogo. "La vitivinicultura tiene que ser noticia por sus logros, y no por lo que nos separa", les lanzó a modo de reto y para plantear una tregua.
