MARIANO BOETTNER

El gobierno define por estas horas las puntadas finales de un decreto que flexibilizará el cepo cambiario para las inversiones extranjeras relacionadas a la energía y a la formación de hidrocarburos de Vaca Muerta.

Es uno de los pilares que el Poder Ejecutivo imagina como sector que puede traccionar divisas en un mediano plazo y reemplazar, eventualmente, dólares que se usan para importar energía.

Según pudo saber Infobae, la resolución oficial sería publicada en los próximos días e implicará un relajamiento de los controles cambiarios para ese sector en particular, una idea que viene macerando el Ministerio de Economía desde hace algunas semanas y que el propio Martín Guzmán anticipó ante ejecutivos del sector en distintos eventos en la Argentina y en el exterior.

La energía pasó a ser, una vez finalizada la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, uno de los temas al tope de las prioridades para el jefe del Palacio de Hacienda. En primer lugar, por la alarma que encendió en el tablero de control del gobierno el shock externo que hizo saltar los precios internacionales. Eso implicaba una dificultad adicional para conseguir el abastecimiento total de energía que requiere la industria y los hogares en los meses más fríos.

En segundo lugar, porque la lectura que hacen en el Poder Ejecutivo es que un sector como ese, que requiere inversiones intensivas, de mediano y largo plazo -en muchos casos de empresas extranjeras-, y que además conlleva la generación de puestos de trabajo, es una de las canillas potenciales de divisas para el país.

Una interpretación que hacen en algunos despachos oficiales es que una de las consecuencias geopolíticas de la guerra en Ucrania será una cambio en algunas cadenas comerciales y de insumos, y que los países centrales procurarán cambiar sus fuentes de abastecimiento de energía para dejar de depender de Rusia.

Guzmán suele reiterar en reuniones que en la última cumbre del G20 y el Banco Mundial, ese tema aparecía en el tope de agenda de los líderes internacionales, con mayor urgencia que otros como la pandemia o la deuda global.

Según esa lógica, el sector energético argentino tendría una oportunidad para sumarse a esa “nueva globalización” y convertirse en abastecedor de petróleo y de gas de nuevos mercados, como la llama habitualmente el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Un alto funcionario del equipo económico lo ponía en estos términos: “Si ese sector despega, la Argentina soluciona varios de sus problemas. El gas licuado puede exportar US$ 30.000 millones. Con algo así se estabiliza la economía y se termina el cepo”, aseguraba.

Se trata, de todas formas, de una discusión de fondo en una economía en que el peso de la coyuntura suele obturar miradas más largoplacistas. Por eso el funcionario hablaba, de manera metafórica, sobre un “puente” para alcanzar ese tipo de proyectos (en el que también se incluye, de manera decisiva, el gasoducto de Vaca Muerta) que representen un ingreso mucho mayor al actual de divisas en un mediano plazo pero con condiciones más bien urgentes para la toma de decisiones.

“El tema central es cómo construir ese puente. Nos faltan un par de años de normalizar la macro y estabilizar la economía para hacerla despegar. Lo que pide el mundo lo tiene la Argentina, No podemos perder otra oportunidad. Hay que ver la luz al final del gasoducto”, bromeaba, con una visión que, admite, puede sonar demasiado optimista.

“Estamos avanzando con la normalización de la situación de la balanza de pagos, y vamos estar en una posición más sólida en lo que respecta a reservas de divisas. Se pueden hacer cosas y esperamos hacerlas en las próximas semanas, en términos de adaptar algunas regulaciones de la cuenta de capital de un modo que se adapte a las características del sector energético. Estamos trabajando en eso”, prometió.

El funcionario dijo que el gobierno buscará “facilitar los flujos de inversión externa directa a la Argentina” para el sector energético. “Para eso hay que hacer un esquema diferente al actual, que es un esquema defensivo que se hizo para lidiar con la corrida cambiaria. Hoy estamos en otra etapa y hay que dar pasos a la normalización de la regularización de los flujos de capital”, mencionó.

Guzmán avizora que las condiciones internacionales serían favorables para que la Argentina pueda exportar, en un futuro, GNL. “Hemos mantenido encuentros que nos ayudan a posicionar la estrategia que está trazando el gobierno argentino para producir Gas Natural licuado. La estrategia incluye una articulación con empresas energéticas nacionales, internacionales, y varios países miembros del G20 a efectos de garantizar la demanda para la producción que la Argentina tiene el potencial de generar”, dijo el ministro.

No es la única alternativa que se pensó en el oficialismo para facilitar un marco de inversiones para empresas energéticas. De hecho, hubo una promesa de una ley integral de hidrocarburos y que ya estaba en el registro del Frente de Todos desde apenas comenzado el mandato de Alberto Fernández. El oficialismo demoró más de un año y medio hasta tener afinado el proyecto, tras una extensa ronda de diálogo con las provincias petroleras y compañías del sector.

El proyecto fue diseñado, entre otros, por el equipo que tiene a su lado Martín Guzmán que se especializa en temas energéticos, entre ellos Demian Panigo, director de YPF en representación del Estado Nacional y el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, funcionario de confianza del ministro en ese reducto difícil para él como es la Secretaría de Energía.

La iniciativa, presentada en sociedad en agosto pasado, proponía incentivos fiscales y de disponibilidad de divisas por fuera del cepo cambiario a empresas petroleras que incrementen su nivel de actividad. Se esperaba, en ese momento, que el nuevo régimen tuviera impacto en las decisiones de inversión, primero, de las empresas locales y en una segunda etapa, de los grandes jugadores multinacionales.

En las últimas semanas comenzó a circular una nueva variante de ese proyecto, empujado por diputados de provincias petroleras, y que tiene un sentido similar: aflojar los controles cambiarios para grandes inversiones en el sector y garantizarles así que las empresas del extranjero que hundan capital puedan girar parte de las divisas que genere su producción.

Se trata de un proyecto mucho más corto -por lo pronto, cuenta con 12 artículos en relación con los 115 del primer texto- y prevé la creación de un régimen con vigencia desde el 1° de mayo hasta el 31 de diciembre de 2047.

Los beneficios de la ley contarían para las empresas que realicen inversiones nuevas que impliquen un monto en moneda extranjera no inferior a los US$ 50 millones. Como comparación, la iniciativa original establecía un rango de inversión mínima de entre 6 millones y 300 millones de acuerdo a su complejidad, desde exploración y sísmica hasta la producción de petróleo y gas propiamente dicha.

La versión que circula por los despachos de diputados del oficialismo, motorizado por los gobernadores de las provincias que producen hidrocarburos, garantiza que las empresas podrían tener libre disponibilidad del 100% “de las divisas provenientes de sus exportaciones”, y si no exportaran, el equivalente al 20% de sus ventas en el mercado interno.

Las interminables internas en el oficialismo no dejan ver con claridad qué viabilidad política y económica podría tener una iniciativa de este tipo en el Congreso. Guzmán, ahora, buscaría entonces anticiparse y establecer un esquema más flexible para el cepo cambiario por la vía administrativa.

En rigor, ya existe un marco normativo de “facilidades” en los controles cambiarios para grandes inversiones que “amplíen la capacidad exportadora”, según se definió oficialmente. Es el decreto 234 que publicó el gobierno en abril del año pasado y que fue reglamentado por el Banco Central en diciembre. Lo que Guzmán buscará ahora es adaptarla a las necesidades puntuales de las inversiones del sector energético.

Actualmente el sector es el cuarto en importancia en el abanico de exportaciones argentinas, por detrás de la soja, el maíz y la industria automotriz y exporta más que la carne, el trigo y el oro.

Según datos del Indec, en 2021 el complejo petroquímico vendió al exterior por un valor total de US$ 5.208 millones (US$ 4.306 millones en petróleo y gas), es decir un salto de 42,3% respecto a 2020, aunque la cifra de ese año estuvo influida por el impacto económico global y local de la pandemia. En comparación con 2019, de hecho, la suba es mínima (2,6%), ya que ese año el rubro exportó US$ 5.076 millones.

Dentro de ese conglomerado de actividades, el subcomplejo petrolero exportó aceites crudos de petróleo en US$ 1.848 millones (US$ 365 millones más que en 2019), combustibles y lubricantes a buques y aeronaves por US$ 835 millones, naftas por US$ 446 millones, propano y butano licuados; y gas natural en estado gaseoso. Los principales clientes fueron Estados Unidos, Brasil, Medio Oriente, la Unión Europea y Chile.