MARTÍN BIDEGARAY

El ex presidente Mauricio Macri y el actual secretario de Energía, Darío Martínez, se criticaron en relación a los problemas energéticos actuales. Durante el invierno, faltará gas y habrá que importarlo. Como el GNL está a valores muy altos, es probable que las industrias sufran restricciones a la hora de consumir gas.

El gasoducto que conecta Vaca Muerta con Buenos Aires está en el centro del debate. La administración de Mauricio Macri convocó a una licitación privada para un gasoducto troncal que iba a atravesar el centro del país, con ofertas privadas. La actual administración no validó ese proyecto e impulsó otra obra, con financiamiento público, que comenzó a plasmarse desde febrero de este año.

“Solo desarrollar el 50% de Vaca Muerta le permitiría tener al país ingresos por US$ 34.000 millones anuales de exportaciones durante medio siglo”, enmarca Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF y ex subsecretario de Planificación en el Ministerio de Economía.

Las empresas no extraen todo el gas que podrían porque se encuentran frente a un cuello de botella: no tienen donde almacenarlo, ni transportarlo hacia los principales centros de consumo.

Los problemas para tener un gasoducto ¿son culpa de la anterior administración (de Macri) o la actual?

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, va unos pasos para atrás para responder. “En 2016, hicimos un ordenamiento tarifario con los inconvenientes que hubo (amparos judiciales, audiencias públicas) En 2017, establecimos un plan de estímulo a la producción de gas nuevo, de yacimientos no convencionales, que pagaba desde US$ 7,50 por millón de BTU (la unidad de medida del sector) decreciente durante 5 años (en 2021, se pagaban US$ 6)”, detalla.

“No podíamos pensar en un gasoducto hasta no ver la respuesta de las concesiones frente al estímulo por el precio. Entre 2017 y 2018, hubo inversiones multimillonarias, de Tecpetrol y CGC por ejemplo, y que entre ambas nos aportaron 25 millones de metros cúbicos diarios de gas”, balancea Aranguren. Para dimensionar, el Gobierno festeja el acuerdo con Bolivia que le podría generar 14 millones de metros cúbicos de provisión.

A mediados de 2019, la secretaría de Energía convocó a una licitación privada para un gasoducto troncal, con el nombre de TGC (Transporte de Gas del Centro), una forma de complementar los existentes tramos de TGS y TGN. El funcionario a cargo fue Gustavo Lopetegui.

“Hubo un concurso público con cuatro interesados. Pero, tras las elecciones primarias, el dólar subió de $ 44 a $ 60 y los oferentes pidieron una postergación en la apertura de sobres, debido a que no había certezas sobre la situación económica financiera del país. El proceso se prolongó hasta el 30 de marzo de 2020”, define Aranguren.

“(El secretario) Martínez no hizo nada hasta el 30 de diciembre de 2020. Y se tomaron 26 meses para reactivar una obra", critica.

“La postergaron porque no tenían ofertas”, le replican desde la actual secretaría de Energía a Aranguren. “No tenían el financiamiento ni siquiera con el mecanismo que ellos plantearon”, aguijonean.

La gestión de Martínez arrancó en septiembre de 2020. Antes estuvo Sergio Lanziani. “Esto fue un tema central que planteamos ante el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ellos decidieron ponerlo en el marco del financiamiento de obras con China”, dicen.

“En diciembre de 2020 se planteó el proyecto ante otros ministros, con todas sus ventajas. Se empezó a conversar, se hicieron las presentaciones, y hasta se firmó un MOU (memorando de entendimiento) en marzo de 2021 con Power China, es decir que se empezó a trabajar”, relatan.

“Luego ocurrió la demora de la visita del presidente a China por la pandemia y cuestiones internacionales, y la planteamos nuestra preocupación por la demora al presidente, la vicepresidente y el jefe de Gabinete (era Santiago Cafiero)”, detallan.

“Allí empezamos a trabajar con otro tipo de financiamiento. El presidente propuso hacerlo con recursos del Tesoro. Diseñamos la primera etapa, en la que vamos a destinar US$ 1.566 millones entre el Tesoro y el impuesto a las grandes fortunas (N. de R: tenía un inciso para explotación de gas para YPF, pero los fondos fueron redirigidos hacia esta obra).

IEASA ya realizó la primera licitación para el gasoducto, para la compra de cañería. Allí están convencidos que la obra estará lista a mediados de 2023. “Faltan más tramos, puede haber nuevo financiamiento”, observan en Energía.