PAZ GARCÍA PASTORMELO/LA NACIÓN

Las tomas de terrenos se asientan, principalmente, en la zona cordillerana que va desde Neuquén a Chubut; la mayoría de las problemáticas tienen muchos años de historia.

Demandas habitacionales, ambientales, económicas y culturales se entrelazan en los múltiples conflictos territoriales vigentes en la Patagonia, especialmente en la zona cordillerana, entre Villa Pehuenia, en Neuquén, y Esquel, en Chubut.

Los actores involucrados son diversos y heterogéneos, al tiempo que la mayoría de las problemáticas tienen muchos años de historia. Sin embargo, en algunos casos, la crisis generada por la pandemia de Covid-19 potenció o encendió algunos conflictos y le añadió características violentas. Y eso los ha vuelto temas recurrentes de discusión por parte de los funcionarios municipales, provinciales y nacionales. El tema genera además preocupación y temor entre algunos vecinos, como sucedió con una reciente toma en Villa La Angostura o la ocupación de Villa Mascardi, que ya lleva casi cuatro años.

¿Cuáles son los principales conflictos territoriales abiertos en la Patagonia andina norte y central?

Villa Pehuenia

En abril pasado, la Corte Suprema de Justicia –por mayoría– ordenó a la provincia de Neuquén a establecer una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina, así como a diseñar mecanismos permanentes de comunicación.

Las comunidades asentadas desde hace décadas en los alrededores del lago Aluminé habían iniciado un juicio, porque consideraron que la creación del municipio de Villa Pehuenia, en 2004, era inconstitucional, porque, según aludieron, se hizo “sin consultar a las instituciones representativas indígenas”.

Por un lado, la decisión de la Corte Suprema abrió un debate entre diversos juristas, en relación con sus alcances, y, por el otro, fue calificada como “inédita” por la Confederación Mapuche de Neuquén.

El intendente de Villa Pehuenia, Sandro Badilla, afirmó: “La consulta permanente está y es uno de los objetivos de gestión del municipio y de la provincia”. Por su parte, Jorge Nawel, autoridad de la confederación, advirtió que, a partir de la medida de la Corte, se debe realizar la consulta cada vez que una medida pueda afectar la vida, la convivencia, la cultura y la cosmovisión del pueblo mapuche: “Es el gran instrumento que reclamamos desde hace décadas, pero va a ser difícil, porque no hay práctica de este tipo de política que es el diálogo y el consenso”

Villa La Angostura

Luego de más de 10 meses, la toma de un predio provincial se levantó a principios de agosto pasado y el fiscal jefe Fernando Rubio restituyó las tierras al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Unos días antes, el 20 de julio pasado, ocho personas habían sido acusadas por el fiscal del caso, Adrián De Lillo, por los delitos de usurpación, amenazas, hurtos y resistencia a la autoridad. Y una de ellas también fue imputada por tenencia de armas.

Otras 20 personas que participaron de la usurpación no llegaron a ser acusadas y desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que se intentará resolver su situación “mediante una salida alternativa al juicio”.

La toma conocida como “El Acampe” generaba preocupación entre los vecinos de la localidad turística, que enviaron cartas documento al gobernador Omar Gutiérrez, y al presidente Alberto Fernández, para que intervinieran. El conflicto se agravó a principios de julio, cuando los ocupantes se enfrentaron con la Policía: a partir de una denuncia por hurto de energía eléctrica y agua, los efectivos ingresaron en la toma y hubo al menos cuatro personas heridas.

En tanto, las cerca de 80 familias que participaron de la ocupación –algunas están alojadas momentáneamente en un hotel residencial– siguen demandando soluciones habitacionales al municipio.

En Villa La Angostura hay otros conflictos territoriales, como el que protagoniza la comunidad mapuche Paicil Antriao: en abril pasado, la agrupación resistió un desalojo luego de que la Justicia les ordenara restituir la hostería La Posada a la empresa propietaria. También enfrenta una demanda civil iniciada por el basquetbolista Emanuel Ginóbili por un lote ubicado en el faldeo del cerro Belvedere de la localidad.

Bariloche

A principios de junio pasado, el juez federal de Bariloche, Gustavo Zapata, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la comunidad mapuche José Celestino Quijada y ordenó al barrio privado Arelauquen Golf & Country Club –ubicado a orillas del lago Gutiérrez– restablecer el paso “de tránsito libre entre el territorio ocupado por la comunidad y el Barrio Unión”.

La comunidad Quijada había demandado al complejo “por haber usurpado y alambrado parte de nuestro territorio comunitario, por habernos bloqueado ilegalmente el paso por el camino que tradicionalmente utilizamos, poniendo en riesgo la subsistencia de nuestra comunidad”.

Anteriores medidas cautelares habían sido rechazadas, aunque esta vez el juez basó su decisión en un informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que “reconoció recientemente la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad Lof Che José Celestino Quijada sobre el territorio comunitario”.

En ese sentido, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, hizo notar su preocupación ya que “mucho territorio que el INAI está otorgando queda dentro del ejido urbano”. Y solicitó iniciar “una mesa de trabajo para que todas las partes satisfagan su pedido”.

Y hace pocos días, las comunidades mapuches Tambo Báez, Millalonko Ranquehue y Celestino Quijada solicitaron una reunión urgente con Gennuso y la gobernadora, Arabela Carreras. “Nos preocupa profundamente el avance de proyectos y planificaciones que incluyen a nuestros territorios comunitarios sin haber sido consultados previamente como marcan tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales”, advirtieron en un comunicado, en relación con el proyecto del Parque Central, en el oeste de Bariloche, que será destinado a actividades recreativas.

Recientemente se conformó la Mesa de Consenso Bariloche, un espacio multisectorial creado para abordar la temática de las tierras públicas de la ciudad y sus alrededores. El grupo realizará su primer foro el miércoles próximo.

Villa Mascardi

Si bien la ocupación del predio de Parques Nacionales ubicado en el km 2006 de la ruta 40 por parte de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu comenzó en 2017, el último año fue particularmente violento en la zona. Solo en las primeras dos semanas de diciembre pasado, los ocupantes protagonizaron dos enfrentamientos con las fuerzas federales.

Luego de que el Ministerio de Seguridad dispusiera operativos preventivos de Gendarmería Nacional en las inmediaciones de la toma y que se instalaran cámaras a pedido de los vecinos, los hechos de violencia mermaron en los últimos meses.

De todos modos, los propietarios de viviendas que fueron vandalizadas siguen reclamando definiciones y denunciando múltiples delitos, mientras que se muestran furiosos con la postura de diálogo y resoluciones alternativas que esgrime el Gobierno en este conflicto.

De hecho, a fines de junio pasado, la Administración de Parques Nacionales retiró la querella y desistió de impulsar la elevación a juicio en la causa que investiga esa usurpación, por la que hay siete miembros de la comunidad procesados. La decisión se tomó luego de una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en la que se le requirió “que no eleve a juicio la causa en los términos del Artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, en función de no entorpecer las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu”.

En tanto, la fiscalía que encabeza Sylvia Little convocó esta semana a una instancia de diálogo a los miembros de esa agrupación; a representantes de Parques Nacionales; a Inés Marabolis, presidenta de la comisión de fomento de Villa Mascardi, y a integrantes de la comunidad mapuche Wiritray (que administra un camping intercultural frente al lago Mascardi) y a autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Sin embargo, los mapuches imputados rechazaron la propuesta. Sostienen que no hay solución posible si se parte de una premisa de criminalización de lo que para ellos es un acto de reivindicación y ejercicio de sus derechos territoriales.

Lago Puelo

El incendio que, en marzo pasado, arrasó más de 14.000 hectáreas de bosque en la Comarca Andina del Paralelo 42 desnudó diversas problemáticas que se registran desde hace años. Entre los barrios más afectados por las llamas están la Parcela 26, El Pinar, la Eco Aldea y Bosques al Sur, que surgieron de tomas. El último es el asentamiento más reciente, que comenzó a formarse a partir de la pandemia.

Más de 300 familias perdieron sus casas y muchas continúan hoy sin servicio de agua y luz. En las últimas semanas, el jefe de la Delegación Noroeste de Servicios Públicos de Chubut, Mauro Palma, se encargó de aclarar que solo conectarán el servicio a quienes puedan certificar la posesión de la tierra o tengan un contrato de alquiler.

Los vecinos de la Parcela 26 –muchos viven allí desde hace más de 10 años– afirmaron en un comunicado: “Nunca nos hemos negado a regularizar nuestra situación, pagar la tierra y abonar impuestos y servicios, pero nunca nos han dado la posibilidad de hacerlo. En los últimos 20 años nos hemos visto envueltos en las internas entre la Subsecretaría de Bosques, la provincia de Chubut y el municipio de Lago Puelo. De acuerdo a los gobiernos de turno, los trámites avanzan, retroceden, se cajonean e incluso desaparecen”.

En tanto, a mediados de julio pasado, la policía de Chubut se movilizó casa por casa y llevó a cabo una identificación de las personas que viven en barrios surgidos de tomas: se buscaba confirmar si, luego de los incendios, se produjeron nuevas ocupaciones de tierra.

Parque Nacional Los Alerces

La semana pasada, más de 300 autos formaron parte de una caravana organizada por vecinos de Esquel y Trevelin para reclamar “el cese de actos de vandalismo sobre bienes, estructuras viales, monumentos históricos y religiosos en jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces”.

En diciembre pasado, miembros de la comunidad mapuche Pailako tomaron una seccional de ese espacio para hacer un reclamo territorial. El 10 de julio pasado, una guardaparque fue apedreada muy cerca de allí tras detectar humo en el puente del Arroyo Cascada. Otros agentes de la zona sufrieron diversos ataques en los últimos meses y criticaron la inacción de la Administración de Parques Nacionales.

Entre los reclamos de la caravana de hace unos días se cuentan “la puesta en vigencia de los mecanismos necesarios para proteger la figura y la función de los empleados de Parques”, así como el replanteo de “la forma en la que se busca dar solución a la situación de quienes ocuparon por la fuerza parte de las zonas aledañas a Villa Lago Futalaufquen, de manera de asegurar una solución rápida y pacífica”.

El mapa de Vaca Muerta

ADRIANO CALALESINA/LMNEUQUÉN