Como otros sectores económicos, la industria de los hidrocarburos líquidos se enfrenta a un escenario muy adverso y complejo. Del lado de la demanda, el efecto de la cuarentena está siendo particularmente severo sobre el consumo de combustibles. Las iniciativas para evitar el contagio, que han llevado a una considerable proporción de la población a encerrarse en sus hogares, han destruido el consumo de naftas y gasoil para el transporte, así como también una parte muy importante del consumo energético para la producción de bienes y servicios.

En el sector petrolero, las principales agencias internacionales estiman que en estos días el consumo de petróleo ha caído un 30% respecto al nivel previo. En Argentina, la cuarentena ha disparado caídas de entre el 50% y el 90% en las ventas de naftas, gasoil y jet fuel. De manera inevitable, con facilidades para estoquear limitadas, una caída tan marcada del consumo mundial y local impacta en el ritmo de procesamiento de crudo en las refinerías. En estos días, las refinerías argentinas en su conjunto están procesando alrededor de 200.000 barriles diarios, menos de un tercio de su capacidad, con varias plantas completamente paradas. Para encontrar niveles de refinación similares debemos remontarnos a mediados de la década de 1950, antes de las batallas petroleras del presidente Arturo Frondizi. Naturalmente, si la caída en el nivel de procesamiento se mantiene a escala global, el impacto sobre la actividad en el upstream será ineludible.

A los problemas de demanda se suman inconvenientes todavía más complejos en la oferta. A comienzos de marzo, en el inicio de la pandemia, la falta de acuerdo entre dos de los grandes productores -Rusia y Arabia Saudita- dio lugar a una respuesta completamente inadecuada frente a la caída del consumo que empezaba a insinuarse: anuncios de incrementos en la oferta. En ese contexto, los precios se desplomaron. La reacción posterior, en la que se involucró también Estados Unidos como gran productor, logró revertir esa decisión y comprometer reducciones de hasta 10 millones de barriles diarios -un 10% de la oferta mundial-, pero no bastó para evitar que los precios se derrumbaran a mínimos históricos, con el crudo Brent cotizando por debajo de los 20 dólares el barril y los contratos WTI mas cortos tocando inéditos valores negativos.

Más allá de la severidad de este episodio, cuya duración y alcance es aún incierta, es oportuno destacar que por su configuración singular, el mercado petrolero mundial ha estado siempre marcado por la fuerte volatilidad de sus precios. A modo de referencia, recordemos que en los últimos veinte años el barril Brent tocó un máximo de 143 dólares en julio del 2008, y un mínimo de 16,50 en noviembre del 2001. No es fácil encontrar commodities de uso difundido con semejante movimiento de precios en un periodo de tiempo relativamente corto.

Argentina

Después de muchos años de contracción productiva, este shock adverso encuentra a la industria petrolera argentina en un momento histórico de incipiente recuperación, enteramente asociada al shale oil de Vaca Muerta. En 2019 Argentina produjo 509 mil barriles diarios, un 3,8% por encima del valor de 2018, pero un 40% por debajo del máximo histórico de 847 mil barriles diarios alcanzado en 1998, año en el que el barril Brent cotizó en promedio a solo 12,80 dólares. La producción no convencional creció un 50% en 2019, mientras que la no convencional cayó un 4,4%. La participación del petróleo no convencional en el total producido creció al 19,4%.

El efecto combinado de la caída del consumo y de los precios está golpeando duramente a la industria. Aunque los precios locales se han mantenido prácticamente sin cambios, la brusca caída de ventas ha destrozado los ingresos, llevando a las empresas a reducir fuertemente los niveles de procesamiento de crudo. Sin opciones de colocación local, los productores deben destinar sus excedentes al mercado de exportación, en donde se enfrentan inevitablemente a la realidad de los precios mundiales, reducidos aun más por el costo de fletes cada vez más caros. Con los precios internacionales y costos logísticos de hoy, la paridad de exportación de algunos crudos argentinos debe estar cerca de cero o incluso en valores negativos. Frente a este panorama sombrío, algunos productores están usando a los buques tanque como depósitos, “flotando” al petróleo en el mar sin un destino definido, con la esperanza de que el consumo y los precios se recuperen cuanto antes.

¿Cómo enfrentar esta situación crítica?

Respecto a la caída del consumo, todo indica que en un plazo no muy largo las severas restricciones al movimiento y la actividad económica irán levantándose, en Argentina y en el mundo. De ser así, los niveles de ventas de naftas y gasoil en el mercado local tenderán a volver a valores mas cercanos a los previos a la crisis. En el mediano plazo, la caída del PIB afectará negativamente a la demanda, pero puede haber efectos en el sentido opuesto, por el temor al uso del transporte público y por el efecto sustitución en favor del turismo interno.

Si esperamos que la caída del consumo no dure tanto, el objetivo de corto plazo debe ser preservar lo más posible el empleo y el capital de la industria local, para que la salida nos encuentre en condiciones de responder adecuadamente a la normalización que sobrevendrá a la crisis. Las autoridades y la industria deben trabajar mancomunadamente para optimizar la logística y minimizar los efectos sobre la producción actual y futura. De otro modo, podríamos encontrarnos con la paradoja de que nos sobre petróleo este año pero que debamos importarlo el año próximo. Se requiere un esfuerzo de planificación y coordinación del Estado muy grande para sentar a todos los actores y encontrar la mejor respuesta, que distribuya de manera eficiente y equitativa el costo del inevitable ajuste en los niveles de actividad, que esperemos sea lo mas acotado posible.

Una política de precios razonable, estable y previsible

Con respecto a los precios, el problema actual es un capítulo más de una larga serie, que nos muestra incapaces de poner en práctica una política de precios de los hidrocarburos razonable, estable y previsible.

Argentina es un país que hace mas de cien años produce petróleo, pero nunca ha sido un exportador importante. Esta posición “intermedia” en materia petrolera -niveles de producción cercanos a los niveles de consumo- hace que la volatilidad de los precios internacionales sea costosa y difícil de administrar, tanto al alza como a la baja. Al alza porque afecta a los consumidores, al agro, al transporte y a la competitividad global de la economía. A la baja porque como está sucediendo en estos días, a partir de ciertos niveles entra en riesgo la viabilidad de la producción local. Nuestra producción petrolera se compone con la extracción de yacimientos convencionales maduros, y la producción nueva de Vaca Muerta. En ambos casos se trata de producción relativamente cara en términos internacionales, por lo que una baja de precios no solamente reduce los ingresos, sino que nos amenaza con la salida de producción de yacimientos, y la desaparición de nuevos proyectos de inversión.

La seguridad energética, que en gran medida implica poder abastecer una proporción elevada del consumo con producción propia, ha cobrado mayor relevancia con la crisis del Covid-19, que nos está mostrando que las reglas abiertas del comercio internacional pueden modificarse abruptamente cuando se producen shocks que hacen prevalecer los intereses nacionales por sobre los contratos y las normas habituales del mercado. La importancia de contar con producción propia de petróleo y gas es hoy mayor que antes de la crisis.

Nuestra historia reciente nos muestra que Argentina no tolera ni precios muy altos, ni precios muy bajos. Las herramientas han sido siempre de corto plazo, discrecionales, informales, e inestables: controles mas o menos explícitos, acuerdos “voluntarios” de precios, senderos, barril criollo. En muchas ocasiones YPF se ha convertido en el instrumento del gobierno para una suerte de control de precios de hecho, rol que no le corresponde y que afecta su desempeño. A la volatilidad propia del mercado internacional petrolero se suma en nuestro caso la volatilidad del mercado cambiario, que implica un efecto potenciado cuando se trata de los precios del petróleo y sus derivados expresados en moneda local. Como hemos visto reiteradamente en los últimos años, las depreciaciones abruptas del peso resultan muy difíciles de absorber en el mercado de los combustibles, y suelen traducirse en bajas prolongadas de los precios en dólares que reciben las compañías por sus ventas en el país.

La dificultad para establecer un esquema institucional previsible para los precios, variable clave en cualquier proyecto de inversión en el upstream, ha agregado una enorme incertidumbre y riesgo al negocio, con impacto muy negativo para las empresas petroleras que ya deben lidiar con los demás riesgos propios de su actividad.

En estos días de precios bajos y riesgo en la actividad y el empleo, la tendencia a los parches de corto plazo reaparece, y las provincias productoras piden la vuelta del “barril criollo”. En niveles normales de refinación, por cada 10 dólares por barril de “sostén”, los consumidores estarán transfiriendo 5 millones de dólares diarios al sistema petrolero. Puede ser razonable evitar la baja abrupta de precios para proteger la actividad, pero frente a semejante transferencia de ingresos deberíamos preguntarnos: ¿En el marco de qué política? ¿Por cuánto tiempo? ¿A cambio de qué esfuerzo de la industria y las provincias petroleras?

No parece el mejor camino que los grupos de interés impongan una solución parcial que, naturalmente, estará sesgada hacia sus propias preocupaciones. Si las provincias piden un precio sostén muy por arriba del precio internacional para evitar un colapso sectorial, no pueden seguir cobrando regalías con las mismas alícuotas. Aun con algún amortiguador del movimiento de precios, será ineludible que las provincias petroleras hagan su esfuerzo y se acomoden al nuevo escenario.

Neuquén será seguramente una de las provincias más afectadas por los precios bajos.

Los ingresos por regalías explican aproximadamente un tercio del total de sus recursos, y en los últimos cinco años el peso del Estado neuquino creció nueve puntos en términos del PIB provincial. En un escenario de precios bajos, gran parte de esa expansión deberá desinflarse.

Algo similar ocurre con las ganancias de las empresas y los ingresos de los trabajadores. Según datos del ministerio de Trabajo, las remuneraciones de los trabajadores involucrados en la extracción de petróleo y gas eran en 2019 las más altas de todas las ramas de actividad, con valores tres veces superiores al promedio general.

Sin negar la especialización y alta productividad de los trabajadores petroleros, para proteger el empleo esos valores deberán también acomodarse a un escenario de precios menores.

Una vez que se supere la coyuntura más crítica de actividad, el escenario actual es una oportunidad para mirar más allá del corto plazo y establecer una política permanente para los precios de los hidrocarburos líquidos, que atienda los intereses de productores y consumidores, en un contexto de apertura y competencia.

Teniendo en cuenta la dimensión de nuestra industria, parece razonable diseñar un esquema que reduzca la volatilidad. Atenuar los movimientos extremos de precios permitirá proteger a los consumidores frente a las alzas, y a la producción y la inversión en las bajas. Además de evitar los extremos en las cotizaciones locales del crudo y los derivados, la política de precios debería establecer también un mecanismo de amortiguación del impacto de las depreciaciones del peso sobre los valores locales de los combustibles. Existen herramientas arancelarias e impositivas para alcanzar estos dos objetivos.

La definición de una política de precios de los hidrocarburos adecuada y perdurable requiere de un esfuerzo de trabajo enorme, en el que deben participar muchos actores públicos y privados. En la mesa de discusión deben estar representados los intereses de las provincias petroleras, pero también los del resto de las jurisdicciones; los intereses de las empresas productoras, pero también los de las empresas consumidoras de energía; los intereses de los empleados petroleros, pero también los del resto de los trabajadores. Teniendo en cuenta la magnitud del desafío, y la necesidad de contar con el mayor soporte institucional posible, no existe mejor ámbito para llevar adelante esta tarea que el Congreso de la Nación.