En el oficialismo aducen que quieren una ley petrolera que mire "de 15 a 20 años"
Raúl Figueroa
Con la nueva Ley de Hidrocarburos, que se espera sea enviada al Congreso en breve, el gobierno nacional buscará retomar la iniciativa en la producción convencional de crudo. La intención es recuperar áreas maduras en todo el país y Santa Cruz no es la excepción.
La definición política que dio el presidente Alberto Fernández en torno a la política petrolera que impulsará su gobierno, en el que ya se anticipa el envío de una nueva Ley de Hidrocarburos para incentivar las inversiones en el sector, apunta a recuperar la importancia de las áreas convencionales y maduras de todo el país.
Se espera que esa visión compense los efectos negativos que podría acarrear la retracción de YPF recortando su inversión en 900 millones de dólares en todo el país, con el consecuente impacto proporcional que ello acarrearía, que en la cuenca San Jorge podría implicar un retroceso total de 80 millones de dólares para el año 2020.
“La Argentina en un momento se enamoró de Vaca Muerta, puso todos los incentivos y los esfuerzos allí y desincentivó el resto de la producción convencional -dijo el actual presidente en una entrevista con el periodista Horacio Verbitsky-. En la Argentina hay baja exploración para buscar nuevos yacimientos y muy baja explotación secundaria y terciaria. Lo que yo creo que tenemos que hacer, y lo estamos trabajando con Lanziani, es precisamente hacer un plan donde incentivemos todo”.
La definición del nuevo presidente puede sonar a música para los oídos de la cuenca San Jorge, que involucra al norte de Santa Cruz y al sur de Chubut, ya que en los últimos años ha tenido un ritmo de declino pese al cual ha continuado posicionándose como la principal aportante de petróleo convencional del país, superando hasta noviembre último a la Cuenca Neuquina.
En efecto, la producción de crudo en la región que incluye al norte santacruceño se ubicó en torno a los 13,3 millones de metros cúbicos, mientras que la cuenca Neuquina habría cerrado en torno a los 13 millones de metros cúbicos. Sin embargo, la tendencia no es ascendente, sino al contrario: San Jorge extrajo el año pasado un 12,5% menos de petróleo que en 2015, mientras que la Neuquina se incrementó en un 7%, al ritmo del crecimiento del shale oil. Y si bien esta explotación de recursos no convencionales tuvo un lamentable freno en la última parte del año pasado, con una incertidumbre que se mantiene en los primeros meses de 2020, resulta esperable que la senda del crecimiento se recupere en modo armónico para todas las áreas del país.
Muchos se apresuraron en ver en el primer posicionamiento de Alberto Fernández un ataque a Vaca Muerta, pero en realidad el planteo tiene una lógica para nada conspirativa y mucho más ligada al sentido común, que ha sido asumida incluso por actores de la industria alejados del posicionamiento político del actual gobierno.
En efecto, en diversas oportunidades, analistas como José Luis Sureda y Jorge Lapeña han expresado, en diálogo con SCP, que no se puede definir toda la política energética del país en torno a una sola cuenca (o “una sola roca”, como clarificó Sureda), sino que se requiere incentivar la exploración en áreas maduras, a fin de complementar el rol que asumirán estas y los NOC en una política integrada: mientras el shale oil o gas pueden ofrecer una ventana de oportunidad de cara a las exportaciones que el país necesita para incorporar divisas, los convencionales deberían seguir aportando al autoabastecimiento de recursos energéticos, en una ecuación de crecimiento y desarrollo con respuestas a algunos problemas básicos. Basta recordar que el 40% de la población del país no tiene todavía acceso al gas natural a través de redes domiciliarias.
Claro que los dichos del presidente Fernández contrastan con las primeras definiciones que comienzan a conocerse por parte de la conducción de YPF, a cargo del economista Guillermo Nielsen. El ejecutivo confirmó recientemente que la operadora apunta a una reducción de algo más del 20% en su plan de inversiones para el año 2020, tomando en cuenta los montos que apuntaban a invertir en el corriente año, antes de que se conocieran los efectos del congelamiento de combustibles que rigió desde agosto de 2019. En total, la tijera cortaría unos 900 millones de dólares, por lo que se prevé invertir alrededor de 3.100 millones de dólares, frente a los 4.000 que se planificaron inicialmente, lo que implica una reducción del 22% sobre ese monto proyectado.
Ahora bien, si se toma como referencia el compromiso de inversión anunciado para 2019, que había oscilado en los 3.600 millones de dólares (aún no se publicó el informe en torno a si las inversiones comprometidas por declaración jurada se llevaron efectivamente a la práctica, ya que cada año hay diferencias que pueden arrojar montos inferiores al previsto inicialmente), la reducción real sería del 13% sobre lo desembolsado el año pasado.
Si se tomara como punto de partida esa referencia, que para San Jorge proyectó un monto de 615 millones de dólares (332 correspondían a Santa Cruz y el resto a Chubut), la reducción para este año por parte de la principal operadora del país se ubicaría en torno a los 80 millones de dólares para toda la cuenca, de los cuales 43 corresponderían a proyectos en esta provincia.
Por ahora se trata de especulaciones en función de lo que las autoridades nacionales han dejado trascender, pero resta aún que se oficialicen los planes de inversión para 2020. Los dichos del presidente Fernández pueden señalar un camino para revertir la proyección negativa, sobre todo a partir de los proyectos de recuperación terciaria que comenzaron a impulsarse en el norte de la provincia, aunque con menor celeridad a la que se había anunciado un par de años atrás.
También es cierto que la inyección de polímeros que sucede al uso de agua en yacimientos maduros puede arrojar resultados importantes para revertir las curvas negativas de producción, pero no compensan la menor actividad laboral ni la caída en la demanda de servicios que depara la reducción absoluta de la perforación: urge apuntalar un plan de perforación de nuevos pozos, de la mano de objetivos exploratorios, a fin de buscar nuevos recursos que, incluso en el campo convencional, permitirán apuntalar una política de crecimiento que el país necesita para ponerse nuevamente en pie.
LmNeuquén
Avanzan con el blindaje a Vaca Muerta. Darío Martínez indicó que tiene que ser una legislación que "le convenga a las provincias como dueñas de los recursos".
El diputado nacional Darío Martínez (Frente de Todos) apuntó que la nueva ley petrolera tiene que pensarse de aquí a 15 o 20 años. Lo dice nada menos que el neuquino que es presidente de la Comisión de Energía en la cámara baja, que estuvo reunido con autoridades de Calf conversando sobre el nuevo sistema de actualización tarifaria que quiere el gobierno nacional.
“Estamos hablando con todos los sectores. Hace falta darle previsibilidad a una industria que en los últimos años entró en un desconcierto dado el nivel de improvisación del gobierno de Mauricio Macri. Hay que generar un plafón donde a todos les de previsibilidad con políticas de mediano y largo plazo”, indicó el diputado.
“Hay que generar una mesa que le convenga al país con un precio competitivo para la industria nacional, que le de la posibilidad de exportar a las productoras, que les convenga a las provincias como dueñas del recursos y los vecinos, que son los propietarios por mandato constitucional”, sostuvo el titular de Energía en la cámara baja sobre la discusión sobre la ley petrolera.
Martínez mencionó que la innovación en Vaca Muerta permitió reducir a la mitad los costos de hacer un pozo horizontal y que eso es fruto del conocimiento y trabajo neuquino. “Hay que darle condiciones a la industria, pero también se las vamos a pedir. Y por qué no pensar que a futuro las empresas locales puedan exportar”, remarcó el diputado nacional.
"Esperamos llegar con una propuesta charlada con todos los sectores y un horizonte de 15 a 20 años", subrayó el neuquino que preside la Comisión de Energía. Este instrumento legal es una clave para las inversiones en Vaca Muerta, protegiendo a los productores que quieran dirigirse a ese objetivo geológico con garantía de seguridad jurídica.
Al respecto de las pymes, el legislador nacional viene destacando el rol que tienen que tener las empresas regionales y el cuidado de la industria a toda la cadena de valor. "La necesidad de compatibilizar y potenciar la producción de gas y petróleo para obtener saldos exportables crecientes", de acuerdo a los dichos del diputado en los primeros días de febrero, propician "los incentivos a las operadoras para que ejecuten las multimillonarias inversiones necesarias"
En una reunión con el secretario de Energía de la Nación, Sergio Lanziani, el diputado Darío Martínez expuso qué considera importante para la herramienta legal en discusión. Para el legislador, los incentivos tienen que incluir “el crecimiento progresivo de las empresas en la cadena de proveedores, para así dinamizar el desarrollo local“. A su vez, directivos de operadoras han estado reunidos con Lanziani y Guillermo Nielsen, el actual presidente de YPF.