CLEDIS CANDELARESI
Tras el recorte de subsidios al gas de Vaca Muerta la energética de Techint amenaza pedir un resarcimiento previsiblemente millonario ante los tribunales locales o internacionales, ámbito más amigable para las quejas empresarias. La pelea con el holding puede o no resultar una escaramuza menor. Pero seguro es apenas un capítulo para definir cuánto costará el gas, quién tendrá que pagarlo y el derecho de quién tutela el gobierno de turno.
Un reciente informe del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), think thank estadounidense dedicado a estudios energéticos con enfoque económico, advierte sobre los riesgos que acechan a Vaca Muerta: desarrollo muy lento, inversores que dependen de subvención y el propio recorte de subsidios que afectó prioritaria pero no exclusivamente a Tecpetrol.
A los fines de ese informe, la compañía está identificada como un "socio global clave", ya que el texto recuerda que la empresa local es filial de Tecpetrol Internacional, firma con sede europea. Esto la transforma en una inversora extranjera, amparada por algunos de los tratados de inversión que firmó la Argentina y habilitada para acudir al Ciadi (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones).
Con la zanahoria de recibir del Estado un diferencial de precio prometido por la resolución 46/17, la compañía desarrolló rápidamente Fortín de Piedra, produciendo el doble de los 8,5 millones de metros cúbicos día que había proyectado en origen.
Esta presunta proeza técnica es, justamente, el punto de la discordia: el Palacio Hacienda decidió liquidarle el subsidio sólo por su previsión original y no por el abundante carburante que produjo después. La escasez de dólares oficiales puso coto al cebador de ese sistema. Esa fue la única razón para retacear lo que aquella norma de Juan José Aranguren, el ex ministro de Energía de Mauricio Macri, prometió. Bajo el comando del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, Gustavo Lopetegui rebanó la subvención y la firma presentó un recurso administrativo para defender el premio íntegro. Hacienda lo rechazó considerando que tal pretensión "es irrazonable y constituiría un abuso de derecho".
El texto oficial nunca menciona palabras hostiles como "mentira" o "maniobra aviesa". Pero la realidad es que sugiere ambas cosas cuando asegura que la empresa comandada por Carlos Ormachea, alfil incondicional de Paolo Rocca, proporcionó "información inexacta" al Gobierno, al decir que produciría un volumen que finalmente duplicó, creciendo en la misma proporción la chance de cobrar un subsidio. Más aún.
En su resumen para la prensa, los abogados del ministro Nicolás Dujovne hicieron un relato cronológico de las presentaciones empresarias ante el ministerio y las presuntamente contradictorias declaraciones públicas en las que la firma daría la pauta de que tenía previsto el éxito productivo descollante que aceitó su camino a una subvención mayor.
La empresa replicó que actuó "en todo momento de buena fe, guiada por normativas e indicaciones dadas por el Gobierno", con argumentos "sustentados por la regulación existente y confirmados por la propia administración". Recuerda, incluso, que el jefe de Gabinete Marcos Peña informó ante el Congreso Nacional que debía liquidarle un monto muy superior al que finalmente hizo efectivo. Una delicada manera de señalar que el Gobierno falta a la verdad.
Más allá del entredicho que expresan los comunicados en cuestión, quizás lo más llamativo sean unos números difundidos por las partes. Tecpetrol entiende que al aumentar la producción del gas subvencionado de Vaca Muerta, el Estado ahorró u$s 2000 millones en importaciones en 2018, lo que limitaría el esfuerzo fiscal de comprar gas caro afuera. Muy cierto. Pero el documento estatal contrapone otros datos urticantes. Según el plan que presentó la empresa para una producción máxima de 8,5 millones de m3 día le correspondía una subvención de u$s 729 millones en un año; la ratio subsidio/inversión comprometida era del 37% y la Tasa Interna de Retorno (TIR) anual del 18,7%. Al subir la producción a u$s 15 millones, el 74% de la subvención sería cubierta por el subsidio y la TIR del proyecto treparía a 37,9%. En otras palabras, dos tercios de la inversión privada serían cubiertos con fondos públicos. Es cierto que el financiamiento tiene un costo mayor en la Argentina que en otras latitudes y que la inestabilidad macro hace que los proyectos busquen coberturas más altas.
Pero si aquellos cálculos fueran correctos, sugieren angurria. Similar a la de otras empresas que se encuentran bajo la misma resolución como Total, YPF o pugnan por caber bajo idéntico paraguas, al estilo de Pampa. La gula parece ser un pecado común. El costo fiscal del estímulo a Tecpetrol en un año hubiese sumado u$s 1446 millones. Una desproporción tal vez legal pero que obliga a revisar hasta dónde tiene sentido la inversión privada con esta envergadura de apalancamiento estatal. La continuidad del Estado hace que los funcionarios deban honrar como propios los compromisos asumidos por sus antecesores. Pero, al mismo tiempo, tienen la obligación de subsanar los errores que éstos hubieran cometido. Porque están subordinados al ecléctico mandato de defender el bien común
