El gobierno aseguró que “sin autorización ambiental no habrá explotación minera”, y que la firma del contrato con Aratirí, en febrero próximo, es un paso previo que habilita a la DINAMA a realizar estudios ambientales. Al tiempo, consideró que la intención de las juntas departamentales de prohibir el desarrollo de la minería a cielo abierto “no es viable” porque no es su ámbito decretar una prohibición.
