Sin que la pandemia haya sido un impedimento y en clara disonancia con un ambiente donde las nuevas grandes inversiones no están a la vuelta de la esquina, a mediados de noviembre la empresa estatal china State Grid International Development Limited (SGIDL) anunció la compra de la Compañía General de Electricidad (CGE) en US$ 3 mil millones.

En estos días se siguen revisando los detalles de la transacción por parte de las autoridades de libre competencia chilenas, por lo que se espera que la operación pueda sellarse -si es que no hubiera reparos- en febrero próximo.

La misma empresa asiática compró hace un año a la eléctrica Chilquinta -pero hizo efectiva su entrada a la propiedad a mediados de este año-, en US$ 2.230 millones. Si se concretara la operación de CGE, SGIDL será el mayor actor del sector de distribución eléctrico chileno, con más de la mitad de los clientes. Y eso, a priori, no le cae bien a todo el mundo.

Hay quienes ven con mucho cuidado la llegada de estas mega inversiones chinas a Chile. El exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, señaló a Pulso que en el caso de SGIDL en Chile “hay concentración horizontal y, en la medida que el holding estatal genera mecanismos de coordinación entre sus empresas, puede haber un problema con la ley de transmisión eléctrica chilena, que establece que no debe haber integración vertical”.

En la misma línea de la libre competencia, el exfiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, sostuvo a este medio que “uno podría preguntarse hasta qué punto el Estado chino ejerce influencia decisiva en cada una de las empresas privadas de capitales chinos. 

De ser efectivo, entonces podría resultar conveniente considerar todas las inversiones chinas, sean estatales o privadas, para el análisis de competencia” y agregó que pese a que el mercado eléctrico es intensamente regulado “puede surgir una segunda inquietud, que se ve magnificada por esta operación: ¿no debiera ser el sector de energía un sector estratégico reservado a los nacionales? Si eso fuese así, entonces uno debiera preguntarse si la autoridad de competencia y su normativa de control de fusiones son las apropiadas para hacer un análisis de riesgo estratégico o político, o si, por el contrario, habría que pensar en alguna otra alternativa regulatoria”.

Ya con el debate de libre competencia de fondo, estas transacciones también levantaron polvareda en algunos sectores políticos.

El senador RN Rodrigo Galilea planteó que “es del todo desaconsejable que una empresa estatal, de cualquier país, sea dueña de empresas chilenas que son monopolios regulados por el Estado”. El senador por la región del Maule, zona donde opera CGE, se refiere al efecto en las negociaciones tarifarias de sectores como el eléctrico, agua potable y telecomunicaciones. Y que su preocupación es independiente de la nacionalidad del inversor. “Cuando tu contraparte es una empresa que es de un Estado no cuesta nada que ese país envíe a su embajador a pedir mejores condiciones tarifarias”, ejemplificó.

Mecanismos para restringir el acceso de capitales o estados extranjeros en ciertas actividades existen en varios países como Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda y algunos personeros de gobierno admiten que Chile está estudiando, incipientemente, aplicar algunos filtros específicos para futuras operaciones específicas.

Consultado sobre el tema por PULSO Domingo, el ministro Allamand eligió con cuidado sus palabras: “Chile tiene políticas de Estado de largo plazo donde siempre hemos reafirmado nuestro compromiso con una economía abierta y no discriminatoria. Hay países que efectivamente limitan la inversión extranjera en ciertas áreas. En todo caso, prestamos atención a las regulaciones y razones que adoptan otros países en la materia. Por último, Chile cuenta con una institucionalidad para asegurar la libre competencia”.

En una sesión secreta la semana pasada la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados convocó al canciller Andrés Allamand y al ministro de Economía, Lucas Palacios, para conocer la posición del gobierno respecto a la inversión extranjera en el país, debate que reflotó a propósito de la transacción de SGIDL.

En la instancia, el gobierno entregó su postura oficial: se aceptará la inversión extranjera de donde venga, sin ningún tipo de discriminación, amparándose en que sea la institucionalidad del país.

Tras la discreta sesión, el diputado y presidente de la comisión de Economía, Jaime Naranjo (PS), comentó que “fue una conversación muy oportuna, relevante (…) Era necesaria una conversación al respecto y ambos (poderes) valoramos tener este punto de reunión sobre lo que conservamos y concordamos”. El diputado es uno de los autores del proyecto que busca aumentar las exigencias de las inversiones extranjeras en Chile cuando estas son controladas por otros estados, igualando las condiciones que deben cumplir las empresas estatales chilenas cuando compiten en estos mercados.

Según habría afirmado Naranjo, la sala de la Cámara aprobó que se inicie la discusión en la comisión de Economía de dicho proyecto, cuyo análisis comenzará en las próximas semanas.