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DECRETO
Nueva definición de proveedor local en el RIGI
MINING PRESS/ENERNEWS

 

El Gobierno ajusta la reglamentación del RIGI: cambia la definición de proveedor local, habilita reorganizaciones de los VPU y amplía el cómputo de divisas

16/11/2026

El Decreto 1366/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, modifica el Decreto 749/24. Define como proveedor local a toda empresa constituida y domiciliada en el país, sin importar la nacionalidad de sus accionistas, y precisa qué pasa cuando cambian los dueños de un vehículo de proyecto único.

El Poder Ejecutivo introdujo cambios puntuales en la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Lo hizo mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes 16 de noviembre en el Boletín Oficial y firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Economía Luis Caputo. La norma entró en vigencia el mismo día de su publicación.

El decreto modifica cuatro puntos del Anexo I del Decreto 749/24, que reglamenta los artículos 164 a 228 del Título VII de la Ley de Bases N° 27.742. Los fundamentos oficiales aclaran que la experiencia de implementación mostró la conveniencia de “adecuaciones puntuales” para precisar el alcance de algunas disposiciones y preservar la coherencia entre los objetivos del régimen y las condiciones para acceder a sus beneficios.

Qué cambia: los cuatro ejes de la modificación

+ Proveedores locales (artículo 3°, inciso f): ahora cuenta la constitución y el domicilio en el país, no la nacionalidad de los accionistas.

+ Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, PEELP (artículo 47, inciso i): se fija una fecha límite única para el monto mínimo de inversión.

+ Adquisiciones, fusiones y reorganizaciones de los VPU (artículo 62): se reescribe por completo.

+ Acceso al mercado de cambios (artículo 100, inciso c): se amplía quiénes pueden aportar las divisas que se computan.

Proveedor local: lo que importa es dónde está constituida la empresa

El cambio de mayor impacto para la cadena de valor está en la definición de proveedor local. Hasta ahora, la condición dependía de otros criterios; con la nueva redacción, las personas humanas deben tener domicilio fiscal en el país y las personas jurídicas deben estar constituidas y domiciliadas en él. Los considerandos son explícitos: la condición se determina sin atender a la nacionalidad o residencia de los accionistas ni a la composición del capital social.

Según el Gobierno, el criterio busca favorecer la integración de las empresas radicadas en el país a las cadenas de suministro de los proyectos RIGI, promover una mayor concurrencia de proveedores y desarrollar encadenamientos productivos locales. En palabras de la norma, la composición del capital no puede ser, por sí sola, un impedimento para participar.

Además, el proveedor debe prestar servicios o proveer bienes con destino a uno o más VPU adheridos. Cuando se trate de bienes, deberán cumplir los criterios de origen nacional del Anexo I del Acuerdo de Complementación Económica N° 18 del MERCOSUR y sus protocolos adicionales. La Autoridad de Aplicación precisará la metodología para determinar el origen nacional.

Para el sector minero y petrolero, donde el RIGI exige y mide la participación de proveedores argentinos, el cambio abre la puerta a que sociedades locales con capital extranjero compitan en las cadenas de suministro de los grandes proyectos.

PEELP: una fecha límite única para la inversión mínima

El decreto distingue dos exigencias que hasta ahora podían confundirse: el monto mínimo de inversión del Proyecto Único en su conjunto y los compromisos de inversión de cada etapa. Los PEELP están regulados por el artículo 172 de la Ley 27.742 y por los artículos 32 y 40 a 45 del Anexo I del Decreto 749/24.

La nueva redacción del artículo 47, inciso i), establece que el VPU debe indicar una fecha límite, anterior a la cual se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto mínimo de inversión en activos computables. Esa fecha no debe ser ajena a las prácticas del sector de que se trate para el desarrollo razonable del proyecto.

Los fundamentos aclaran que esta precisión no modifica los montos mínimos ni los compromisos de cada etapa, que se verificarán según las disposiciones específicas del régimen. El objetivo es identificar sin dudas el hito temporal aplicable, tanto en el plan de inversión como en el acto administrativo de aprobación, y preservar la ejecución sucesiva que caracteriza a esta categoría de proyectos.

Cambios de dueños y reorganizaciones: el artículo 62, reescrito

La modificación más extensa es la del artículo 62, que regula adquisiciones, fusiones, transferencias de participaciones y reorganizaciones de los VPU adheridos. El nuevo texto ordena cuatro situaciones.

1- Adquisiciones o fusiones (artículo 178 de la Ley 27.742). Como el VPU debe ser titular de un Proyecto Único, tiene prohibido hacer adquisiciones o fusiones que no sean ampliaciones del mismo proyecto y que lo lleven a quedarse con un proyecto distinto. Si la operación involucra dos o más Proyectos RIGI, requiere aprobación de la Autoridad de Aplicación para conformar un único proyecto, al que se le aplicarán los derechos y obligaciones del de fecha de adhesión más antigua. En esa aprobación excepcional, la Autoridad podrá imponer condiciones adicionales.

2- Compra de acciones de un VPU (artículo 207 de la Ley 27.742). Cualquier tercero puede adquirir acciones de un VPU adherido sin que se alteren los derechos del VPU y de su proyecto. Pero esa adquisición, si es posterior a la solicitud de adhesión, no suma al cómputo de inversiones en activos computables para el monto mínimo del artículo 174 de la ley.

3- Uniones transitorias y contratos asociativos. Sus miembros pueden ceder total o parcialmente su participación o incorporar nuevos integrantes sin afectar los derechos del VPU ni del proyecto. La operación debe informarse a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días corridos de su inscripción en el Registro Público, con la acreditación de los recaudos que fija la norma. Tampoco computa como inversión.

4- Sucursales Dedicadas. Podrán reorganizarse, con autorización previa de la Autoridad de Aplicación, transfiriendo todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones del proyecto a una sociedad anónima o sociedad anónima unipersonal creada a tal efecto, que deberá reunir los requisitos de VPU desde su inscripción.

Sucursales Dedicadas: reorganizarse sin perder la adhesión

Para las Sucursales Dedicadas, el decreto prevé que la transferencia pueda instrumentarse por escisión, si la sociedad de la que depende está constituida en el país, o por aporte en especie o transferencia de fondo de comercio conforme a la Ley 11.867. En todos los casos debe acreditarse la transmisión efectiva de los derechos y obligaciones del proyecto.

La nueva sociedad sustituye a la sucursal como VPU adherido, con todos sus beneficios, obligaciones y compromisos. La reorganización no implica una nueva adhesión ni altera la fecha de adhesión original, los plazos aplicables ni el plan de inversión aprobado. La sociedad de la que dependía la sucursal responderá solidariamente por las obligaciones devengadas hasta la inscripción.

El texto incluye una salvedad: la autorización de la Autoridad de Aplicación no reemplaza el consentimiento de terceros que sea exigible para transferir concesiones, permisos u otros derechos afectados al proyecto.

Divisas: se amplía quiénes pueden aportar

El cuarto cambio toca el artículo 100, inciso c), vinculado al acceso al mercado de cambios. La norma contempla que, mientras rija la obligación de ingreso y liquidación de las exportaciones, el Banco Central pueda disponer que los VPU cuyo análisis de factibilidad incluya el incentivo del artículo 198 de la Ley 27.742 solo accedan al mercado de cambios si las divisas ingresadas y liquidadas son, al momento de cada acceso, mayores o iguales a las demandadas para el Proyecto Único, incluido el acceso solicitado. Esa condición no puede aplicarse a los pagos de intereses de endeudamientos financieros ni a los dividendos habilitados.

La novedad es que se computan, además de las divisas liquidadas directamente por el VPU, las que provengan de aportes de no residentes o endeudamientos financieros externos, incluidas emisiones de valores negociables, que ingresen y liquiden:

+ los integrantes, miembros o partes de uniones transitorias o contratos asociativos que actúen como VPU, y las sociedades accionistas directas o indirectas de esos integrantes;

+ las sociedades accionistas o socias, directas o indirectas, del VPU;

+ la sociedad titular del VPU Sucursal Dedicada.

Esas divisas se computan en la proporción en que se destinen efectivamente al desarrollo del Proyecto Único, con los procedimientos que establezca el BCRA, el registro contable que las afecte al proyecto y la trazabilidad exigida por el artículo 199 de la ley.

Qué mirar de acá en adelante

El decreto deja varios puntos para reglamentación posterior: la Autoridad de Aplicación deberá definir la metodología para determinar el origen nacional de los bienes, y el Banco Central tendrá que establecer los procedimientos para el cómputo de las divisas. Para los proyectos ya adheridos y los que están en evaluación, la clave será cómo se aplican las nuevas reglas de cambios de control y reorganizaciones, un tema que gana peso a medida que crece el número de proyectos aprobados.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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