Las acciones de Rockhopper sufrieron una marcada caída en la Bolsa de Londres. La presión diplomática, las sanciones administrativas del Gobierno argentino, las cautelares judiciales y la baja de contratistas clave siembran dudas sobre el futuro del proyecto Sea Lion.

Los mercados financieros internacionales comenzaron a acusar el impacto del endurecimiento geopolítico y judicial argentino en torno al Atlántico Sur. Las acciones de la petrolera británica Rockhopper Exploration registraron un marcado descenso en la Bolsa de Londres, acumulando caídas cercanas al 20% en las últimas semanas en medio de la creciente incertidumbre que rodea al mega proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la cuenca al norte de las Islas Malvinas.

El retroceso accionario —que ya venía mostrando bajas acumuladas de más del 15% durante septiembre y pérdidas adicionales en los primeros días de octubre— cobró mayor impulso tras confirmarse que la presión del Gobierno nacional y los avances en la Justicia Federal provocaron las primeras bajas operativas entre las empresas proveedoras del proyecto.

En un comunicado enviado a la plaza financiera londinense por su socia estratégica y operadora del yacimiento, la israelí Navitas Petroleum (dueña del 65% del proyecto, mientras que Rockhopper posee el 35%), las compañías admitieron complicaciones operativas.

Navitas reconoció que dos contratistas vinculados al proyecto decidieron no llevar a cabo las tareas comprometidas ni participar en actividades de exploración y extracción hidrocarburífera en la zona en disputa, acatando el riesgo que suponen las sanciones internacionales e inhibiciones fijadas por Argentina.

Aunque la compañía operadora ratificó que busca reemplazar con celeridad a las contratistas que incumplieron sus acuerdos y aseguró que por el momento no prevé un "impacto material adverso", el propio informe ante los inversores transparentó los riesgos del escenario actual:

+ Dificultades o demoras para hallar empresas sustitutas.

+ Salida en cadena de otros proveedores por temor a sanciones internacionales.

+ Mayor escalada en las medidas diplomáticas, normativas y judiciales promovidas por la administración argentina.

Presión diplomática, cautelar judicial y arbitraje internacional

La desconfianza del mercado responde directamente al cambio de estrategia y el endurecimiento de la posición del Gobierno de Javier Milei contra el uso no autorizado de recursos naturales en aguas argentinas.

La embestida cuenta con tres frentes centrales:

+ Sanciones administrativas e ilegitimidad: La Argentina reforzó la inhabilitación a cualquier empresa que opere en las islas sin autorización previa del Estado nacional.

+ Medida cautelar en la Justicia Federal: La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, hizo lugar a una cautelar —impulsada junto a un grupo de excombatientes de Malvinas— que ordena a Rockhopper y Navitas la suspensión inmediata de todas las actividades asociadas a Sea Lion y exige el aporte de documentación sobre sus planes de operación.

+ Arbitraje internacional en la CONVEMAR: El Estado argentino prepara una presentación formal bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para solicitar medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, buscando paralizar de forma cautelar las operaciones de exploración y perforación mientras se resuelve la disputa de fondo sobre la soberanía.

Cronograma en jaque

Pese a los vientos en contra, tanto Rockhopper como Navitas insisten públicamente en mantener el cronograma de trabajo respaldado por el gobierno británico y las autoridades coloniales de las islas, argumentando que las sanciones argentinas son "ilegítimas".

El plan contempla iniciar la etapa de perforación a principios de 2027, con una primera fase de 11 pozos que apunta a extraer hasta 55.000 barriles diarios de petróleo crudo para el primer trimestre de 2028. Sin embargo, la reacción de los mercados y las dificultades de logística demuestran que el cerco judicial y diplomático argentino empieza a condicionar la factibilidad financiera y operativa de Sea Lion.