El canciller Pablo Quirno informó que, por instrucción de Javier Milei, se notificó al Reino Unido del inicio del arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La idea es que el Tribunal del Mar dicte una medida provisional para frenar la explotación mientras se constituye el tribunal arbitral.

El presidente resumió la postura en un mensaje oficial que cerró con la frase "las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras". Quirno aclaró que el planteo no es ambiental: lo que se somete al tribunal es la decisión unilateral de explotar hidrocarburos, "por el saqueo de nuestros recursos". 

El argumento jurídico de fondo apunta a las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. Esas resoluciones instan a ambos países a abstenerse de modificaciones unilaterales mientras la disputa de soberanía siga sin resolverse. Según el Gobierno, la explotación viola esas resoluciones y causa un daño irreversible a los derechos argentinos

Vuelos y sanciones en paralelo

El mismo día, el Ejecutivo abrió un segundo frente. La Oficina del Presidente ordenó sanciones y denuncias penales contra Thales UK Limited por operaciones aéreas entre Malvinas y Punta Arenas, con una aeronave de matrícula británica y sin autorización argentina.

Es el último paso de una escalada que venía de antes. La intimación es la medida más concreta desde el anuncio de sanciones del 3 de septiembre. La Cancillería abrió procedimientos para sancionar a 60 personas y empresas de 11 países, entre petroleras, fondos de inversión y asesores vinculados a Sea Lion. También se presentó una denuncia penal contra Navitas, Eco Atlantic y otras compañías. El Gobierno además anunció un proyecto para modificar la Ley 26.659 y endurecer las sanciones, y dispuso más recursos para una base naval en Tierra del Fuego.

El proyecto está a unos 220 kilómetros al norte de las islas y lo desarrollan la británica Rockhopper y la israelí Navitas. Navitas opera con el 65% y Rockhopper conserva el 35%. La decisión final de inversión se tomó el 10 de diciembre de 2025 y el primer petróleo está previsto para marzo de 2028.

La ambición no termina en la primera fase. Navitas reveló planes para acelerar el desarrollo y llegar a 150.000 barriles diarios en 2030, y a 180.000 hacia fines de ese año con una adquisición adicional. Esa expansión todavía necesita aprobación de la administración isleña, financiamiento y una nueva decisión final de inversión, prevista para 2028. 

La postura de Londres

El Reino Unido sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. Además, rechaza negociar la soberanía mientras los isleños no expresen esa voluntad. En la ONU, Londres ya había respondido al pedido de Milei cuestionando las sanciones contra las empresas que operan en el área.

El reloj corre. Si el Reino Unido no frena Sea Lion dentro del plazo, Argentina deberá presentar ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar el pedido de medidas provisionales. Con el primer crudo previsto para 2028 y la perforación programada desde comienzos de 2027, la discusión se juega en los próximos meses: lo que decida el tribunal podría definir si el proyecto llega a producir o si queda atrapado en una disputa jurídica que involucra a más de una decena de países.