El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú resolvió extender por un período adicional de cinco años la aplicación de derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel procedentes de la República Argentina.

La decisión fue adoptada por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias, bajo el marco normativo de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La medida impone recargos arancelarios a la importación del biocombustible con el propósito de contrarrestar el impacto de las subvenciones otorgadas por el Estado argentino a sus productores locales.

Perú aplica estos instrumentos de defensa comercial al biodiésel de origen argentino desde el año 2016. La prórroga actual extiende su vigencia con el fin de evitar que las prácticas distorsionadoras continúen o afecten la competencia en el mercado interno.

Fundamentos técnicos de la autoridad reguladora

En el dictamen correspondiente, Indecopi señaló que el mercado de biodiésel en Argentina mantiene la intervención estatal mediante la fijación de precios oficiales y el establecimiento de cuotas de venta, mecanismos que alteran la determinación de precios por libre interacción de oferta y demanda.

Paralelamente, el organismo evaluó la evolución de la industria peruana durante el período comprendido entre 2021 y 2024. El análisis de indicadores como el nivel de producción, el volumen de ventas internas, la participación de mercado y la capacidad instalada evidenció una evolución desfavorable con márgenes de rentabilidad negativos para los productores locales.

Asimetría en la capacidad exportadora

El informe de la autoridad administrativa destacó la existencia de una asimetría estructural entre la oferta del país exportador y la demanda del mercado receptor. Según los datos consignados en la evaluación, la capacidad exportadora de la industria procesadora argentina supera en más de 2,6 veces el tamaño total del mercado de biodiésel en Perú.

En ese contexto, la resolución concluye que la eliminación de las medidas compensatorias derivaría en un incremento de los flujos de importación en condiciones subsidiadas, justificando la continuidad de la protección arancelaria para mantener condiciones de leal competencia en el mercado nacional.