La Argentina volvió a marcarle la cancha al Reino Unido en la disputa por los recursos del Atlántico Sur. Por instrucción del canciller Pablo Quirno, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó este martes una nota de protesta formal ante la embajada británica en Buenos Aires, en rechazo a la extensión por cinco años de las licencias de producción de hidrocarburos offshore anunciada por las autoridades de facto de las Islas Malvinas, y a la aprobación para que Navitas Petroleum Atlantic Limited sume participación en la licencia PL001.

El bloque PL001, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y contiguo al yacimiento Sea Lion, viene ganando protagonismo en la estrategia de expansión de la petrolera israelí Navitas. La compañía ya opera el 65% de Sea Lion —con Rockhopper Exploration como socia minoritaria— y en los últimos meses avanzó también sobre PL001 mediante un acuerdo con la canadiense JHI Associates, que le permite incorporar el bloque a un esquema de conexión submarina (tie-back) entre ambos yacimientos. Según trascendió, las licencias vigentes en la plataforma vencían el 31 de diciembre de 2026, plazo que ahora las autoridades isleñas buscarían extender por cinco años más.

EL RECLAMO DE FONDO

"La exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina", sostuvo la Cancillería en el comunicado oficial.

El texto recuerda que la actividad unilateral en el área en disputa vulnera la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras no se resuelva la controversia de soberanía, y menciona también la Resolución 2065 (XX) y las resoluciones sucesivas de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización.

En el plano local, la nota argentina enmarca toda actividad hidrocarburífera no autorizada en la plataforma continental como un acto ilícito bajo las leyes N° 26.659 y N° 26.915, y el Decreto N° 868/2026. Buenos Aires reafirma que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad que no sea la propia para otorgar concesiones, participaciones, compromisos de inversión o extensiones de licencias en esa área.

ANTECEDENTE PENAL

La protesta diplomática se suma a una ofensiva que el Gobierno ya venía desplegando en el plano judicial. A comienzos de septiembre, la Casa Rosada había anunciado que Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentaría una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic Limited y JHI Associates Inc., además de sus controlantes Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., por desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina.

"El Gobierno argentino reitera que empleará todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance para defender sus derechos soberanos", advirtió la Cancillería, que dejó abierta la puerta a sanciones administrativas, civiles y penales para quienes participen directa o indirectamente de estas actividades.

LA PUERTA DEL DIÁLOGO, ENTREABIERTA

Pese al tono de la protesta, el comunicado cierra con la fórmula habitual de la diplomacia argentina en la cuestión Malvinas: la disposición a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido "tendientes a poner fin a la anacrónica situación colonial" sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en línea con la Resolución 2065 (XX).