El Poder Ejecutivo Nacional coincidió con el planteo mendocino y solicitó formalmente la inhibición de la justicia pampeana. Sostienen que la controversia sobre la distribución del recurso energético debe ser resuelta exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En una jugada clave dentro del conflicto hidroeléctrico por el complejo Los Nihuiles, el Estado Nacional respaldó la postura de Mendoza y solicitó formalmente que el Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo del juez Juan José Baric, se inhiba de seguir interviniendo en la causa iniciada por la provincia de La Pampa.
El planteo del Gobierno nacional coincide en un 100% con la estrategia legal trazada por el Ejecutivo mendocino: ambos ejecutivos sostienen que el juzgado de primera instancia pampeano es incompetente para resolver una disputa interprovincial y que el expediente debe radicarse y resolverse de manera definitiva en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
El eje de la disputa: del Decreto 982/2026 a la medida cautelar
La controversia se reavivó tras la firma del Decreto 982/2026 por parte del Gobierno nacional, que dejó sin efecto el histórico esquema de reparto 50-50 vigente desde 1973 y dispuso que el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el sistema Los Nihuiles correspondan íntegramente a Mendoza, argumentando que la fuente del recurso hídrico efectivamente aprovechado se ubica en territorio mendocino.
Ante esto, la provincia de La Pampa recurrió al Juzgado Federal de Santa Rosa, donde el juez Baric dictó una medida cautelar interina que suspendió temporalmente los efectos del nuevo decreto nacional y reinstauró de manera provisoria el reparto en partes iguales.
Sin embargo, desde Mendoza señalan que La Pampa interpuso dicho amparo sabiendo que la causa ya tenía un expediente originario en el Máximo Tribunal (CSJ 140/2022), donde La Pampa ya está incorporada como tercera interesada directa.
La firme postura del Gobierno de Mendoza
Tras confirmarse el apoyo de la Nación, el gobernador Alfredo Cornejo remarcó que la discusión técnica sobre los recursos de la provincia no se negociará fuera de las instancias jurídicas que corresponden.
"La Pampa intentó meter por la ventana una disputa que ya habíamos ingresado por la puerta, como corresponde. Sabían que el juzgado de Santa Rosa es incompetente y así y todo avanzaron. ¿Ignorancia? No creo. ¿Manotazo? Tal vez", cuestionó Cornejo.
"La causa ya estaba en la Corte y ahí debe seguir. No vamos a dejar que nadie decida sobre los recursos de Mendoza por fuera de los ámbitos que conciernen", concluyó el mandatario.
Los argumentos de la incompetencia
El pedido de inhibición presentado tanto por Mendoza como por el Estado Nacional se fundamenta en dos ejes normativos e institucionales centrales:
Competencia originaria de la Corte Suprema: La Constitución Nacional establece de forma taxativa que cuando una controversia involucra a dos o más provincias —o a una provincia contra el Estado Nacional—, el único tribunal competente para juzgar la causa en instancia única es la Corte Suprema de Justicia.
Litispendencia y riesgo de fallos contradictorios: Al existir una demanda previa iniciada por Mendoza ante el Máximo Tribunal, la reapertura del expediente en un juzgado federal de primera instancia genera una duplicidad de fueros que vulnera la seguridad jurídica.
Con la presentación realizada por la Nación ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, la resolución del conflicto competencial pasará directamente a la Corte Suprema, que deberá expedirse sobre el apartamiento del juez pampeano y tomar la decisión de fondo sobre el destino definitivo de las regalías hidroeléctricas.
