El Senado de la Nación dio media sanción este miércoles al nuevo marco regulatorio para la elaboración, almacenamiento, comercialización, mezcla y autoconsumo de biocombustibles, que reemplazará al régimen vigente desde 2021 bajo la Ley 27.640. La iniciativa fue aprobada por 41 votos afirmativos y 25 negativos y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

La senadora salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles y miembro informante del dictamen, explicó que el texto es resultado de un proceso legislativo que analizó siete iniciativas de distintos senadores, provincias y espacios políticos. Según Royón, el objetivo del nuevo régimen es "preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes", al tiempo que se avanza hacia un esquema "más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías".

Suba de cortes y nueva vigencia

El proyecto, cuya autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía, establece una vigencia de 15 años e introduce los siguientes cambios centrales:

El corte obligatorio mínimo de biodiesel sobre el volumen de gasoil comercializado se fija en 7,5% y subirá a 10% a los 12 meses de sancionada la ley.

El corte mínimo de bioetanol sobre naftas se mantiene en 12% y pasará a 15% también a los 12 meses. Durante la vigencia del régimen se reserva un 6% para el bioetanol de caña de azúcar y otro 6% para el de maíz.

Se incorpora un sistema de subastas en un mercado electrónico único para abastecer las mezclas obligatorias y se dispone la publicación de precios de referencia para ambos biocombustibles.

Se habilita la incorporación de cortes por encima de los mínimos, se regula la producción de biometano y del combustible sostenible de aviación (SAF o Biojet), y se contempla la importación de biocombustibles ante escasez de abastecimiento.

Para el mercado de biodiésel se prevé un período de transición hasta el 1° de enero de 2036. El régimen deroga la Ley 27.640 y su normativa reglamentaria y complementaria.

Durante el cierre de los bloques, el radical Flavio Fama respaldó la iniciativa por incorporar "una visión diferente de apertura para la construcción de un mercado más competitivo", que a largo plazo podría derivar en menores precios para los consumidores.

Desde la vereda opuesta, el senador justicialista José Mayans expresó preocupación por el impacto de la modificación del corte sobre las economías provinciales, al advertir que "perjudica a los pequeños productores y éstos quedan en manos de los grandes". Mayans condicionó el acompañamiento de su bloque a que se revise el cálculo del corte, en defensa de las provincias donde, según señaló, "se les mueren las empresas del lugar".

Patricia Bullrich (LLA) cerró el debate defendiendo la cláusula antimonopólica del proyecto, que impide que una sola empresa supere el 20% del bioetanol comercializado para el corte obligatorio. "Esto es una transición, no un salto al vacío. Estamos dando tiempo, volumen y previsibilidad para competir en el mercado que viene", sostuvo la titular del bloque libertario.

Pyme: un piso garantizado en la transición

El texto finalmente aprobado incorporó cambios de último momento negociados con la oposición: las empresas no integradas contarán con un piso mínimo de participación en el mercado que irá descendiendo de forma escalonada durante la transición, hasta estabilizarse en el tramo final del período hacia 2036 — la fórmula con la que el oficialismo buscó destrabar los votos necesarios para la aprobación en general.

El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados, donde todavía no hay cronograma definido para su tratamiento.