Pese a la disciplina que reclaman los grandes proyectos de RIGI
El Fondo Monetario Internacional publicó un Departmental Paper elaborado por un equipo del Departamento del Hemisferio Occidental, liderado por Armine Khachatryan y Roberto A. Perrelli, que actualiza el relevamiento de reglas fiscales de la región (base de datos 1985-2024) y presenta por primera vez una base propia sobre marcos fiscales de mediano plazo (MTFF, por sus siglas en inglés) en 20 países de América Latina y el Caribe.
El trabajo constata que la mayoría de los países de la región combina hoy regla de balance fiscal, regla de deuda y regla de gasto, y que ocho de cada diez ya aplica más de una regla en simultáneo. Argentina es una excepción llamativa dentro de ese panorama: según la base de datos del organismo, el país aplicó una regla de balance fiscal entre 2000 y 2017 —hoy sin vigencia—, nunca adoptó formalmente una regla de deuda, y mantiene una regla de gasto vigente desde 2000 pero con una cláusula de escape activa desde 2020, luego de un período similar entre 2009 y 2017.
En materia de marcos fiscales de mediano plazo, la tabla del FMI es todavía más elocuente: pese a contar con base estatutaria para instrumentar un MTFF y con la obligación de presentarlo al Congreso con fines informativos, el organismo clasifica a la Argentina entre los países donde el marco de mediano plazo no está en funcionamiento.
Por qué esto le importa a la agenda minera y energética
El informe no analiza sectores específicos, pero su Capítulo 4 aporta un dato que conecta directamente con el financiamiento de proyectos de gran escala: un análisis de texto sobre reportes de calificadoras (Fitch, Moody's y S&P) para siete soberanos latinoamericanos entre 2021 y 2024 encuentra que las referencias a la calidad institucional —"instituciones", "calidad", "previsibilidad"— están entre los principales predictores del nivel de calificación crediticia, incluso controlando por país y por agencia.
Esto es relevante para el sector porque la calificación soberana y el riesgo país inciden de manera directa en el costo de capital de los proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y en el financiamiento de la infraestructura de exportación de gas y GNL en Vaca Muerta. El FMI sostiene que las agencias responden menos a la existencia formal de reglas o marcos fiscales que a su implementación efectiva y a su continuidad en el tiempo.
Flexibilidad con costos: la lección de la última década
El paper documenta que la región avanzó hacia reglas fiscales más flexibles —con cláusulas de escape, mecanismos de suspensión y de corrección— como respuesta a shocks como la crisis financiera global, el fin del superciclo de commodities (2015-16) y la pandemia. Señala explícitamente que la caída de precios de commodities de 2015-16 afectó el cumplimiento de las reglas en varios países exportadores de la región.
Pero advierte que esa mayor flexibilidad tiene un costo: el cumplimiento formal de una regla no garantiza el esfuerzo fiscal necesario para estabilizar la deuda, especialmente cuando las metas se revisan con frecuencia o las cláusulas de escape no vienen acompañadas de una hoja de ruta de retorno creíble.
Un dato metodológico a favor de los marcos de mediano plazo
El estudio encuentra, con evidencia empírica propia, que la adopción de reglas fiscales y de MTFF se asocia con errores de pronóstico más chicos y menos volátiles para la deuda pública y la inversión pública, y con menor probabilidad de saltos inesperados en el nivel de endeudamiento. Los países que combinan ambos instrumentos —regla fiscal y MTFF— muestran las mejoras más marcadas en previsibilidad fiscal.
Lo que recomienda el FMI
El documento concluye que la próxima generación de instituciones fiscales en la región debería enfocarse en fortalecer la credibilidad, la integración y la implementación de lo ya existente, antes que en crear nuevos instrumentos. Entre las prioridades que enumera: calibrar las reglas fiscales para sostener una convergencia de deuda realista, reforzar los mecanismos de corrección, dar mayor transparencia a las cláusulas de escape, integrar los MTFF al proceso presupuestario y fortalecer la identificación y divulgación de riesgos fiscales.