Mediante la firma del Decreto 982/2026, el Gobierno nacional reconoció el dominio originario de la provincia sobre sus recursos estratégicos. La medida pone fin a más de cincuenta años de distribución compartida, abriendo una etapa de nuevas inversiones y la continuidad de reclamos judiciales por fondos adeudados.

En lo que fue calificado como uno de los logros institucionales y políticos más relevantes de los últimos tiempos, el Gobierno de Mendoza confirmó que la Provincia comenzará a percibir de forma íntegra el 100% de las regalías hidroeléctricas generadas por el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles. El hito se cristalizó a través del Decreto 982/2026 del Poder Ejecutivo Nacional, rubricado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, el cual dejó formalmente sin efecto el histórico Decreto 1560/73 que databa de más de cinco décadas.

El anuncio fue brindado en conferencia de prensa por el gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. Durante el encuentro, las autoridades subrayaron que la decisión nacional reconoce un reclamo fundamentado en la jurisprudencia de que las contraprestaciones corresponden a la jurisdicción donde se produce la caída del agua y el aprovechamiento energético efectivo.

Qué es y cómo funciona el Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles

El Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles constituye un complejo de aprovechamiento encadenado de vital importancia estratégica ubicado íntegramente en el sur de la provincia de Mendoza, sobre la cuenca del río Atuel. Compuesto por un conjunto de presas y centrales escalonadas (Nihuiles I, II, III y IV), este sistema aprovecha los desniveles y la pendiente cordillerana para transformar el caudal hídrico en energía eléctrica masiva.

Durante más de cincuenta años, la operación de este complejo estuvo atravesada por el régimen del Decreto 1560/73, el cual obligaba a Mendoza a repartir las regalías generadas con la vecina provincia de La Pampa, bajo el argumento de la interjuridiccionalidad del río Atuel. Sin embargo, la reciente normativa nacional convalida la postura técnica e institucional mendocina: si bien el recurso hídrico puede ser compartido en su curso superior, el proceso físico de generación de energía -la caída, las turbinas y las instalaciones- ocurre enteramente dentro del territorio provincial, otorgando el derecho exclusivo a percibir los beneficios económicos derivados de su explotación.

Reclamo judicial retroactivo y nuevas concesiones

Durante su exposición, Cornejo vinculó este avance con una política sostenida de defensa de los intereses provinciales, remarcando antecedentes como el resarcimiento económico obtenido por la Promoción Industrial. No obstante, aclaró que el proceso administrativo actual se bifurca en dos vías fundamentales:

“El nuevo escenario tendrá dos vías: por un lado, una vía judicial, que se va a continuar para poder reclamar hacia atrás lo que se pagó mal... Y la otra vía es hacia adelante, una nueva concesión”, detalló la ministra Jimena Latorre.

En el plano legal, la Provincia readecuará la demanda iniciada en 2022 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir el retroactivo de los montos que Mendoza debió ceder indebidamente, una cifra que asciende a unos 680 millones de dólares.

En paralelo, frente a la merma operativa registrada en las centrales -cuya producción decayó significativamente con el paso de los años y el deterioro de dos de sus plantas-, el Ejecutivo provincial avanza en los pliegos de una nueva concesión. El objetivo central radica en atraer capitales privados que inyecten millonarias inversiones para modernizar la infraestructura, multiplicar la capacidad de generación y transformar ese incremento productivo en mayores ingresos genuinos por regalías para el desarrollo de obras de agua, energía y caminos en todo el territorio mendocino.