Las tres principales empresas de servicios petroleros que operan en la Argentina emitieron comunicados en menos de 48 horas para aclarar que no participan ni tienen previsto participar en proyectos hidrocarburíferos vinculados a las Islas Malvinas, en línea con el endurecimiento sancionatorio dispuesto por el Gobierno nacional.
Tras la oficialización del Decreto 868/2026, que reglamenta y acelera el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley 26.659 para empresas vinculadas con exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en Malvinas, tres de las principales compañías de servicios petroleros con operaciones en el país —SLB, Baker Hughes y Halliburton— salieron a despegarse públicamente de cualquier vínculo con proyectos en el archipiélago.
El decreto, publicado el viernes 4 de septiembre en el Boletín Oficial, trasladó la autoridad de aplicación de la Secretaría de Energía al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con el objetivo declarado de alinear las sanciones administrativas con la estrategia diplomática del Gobierno en la disputa de soberanía. Entre los considerandos, el Ejecutivo sostuvo que resultaría contradictorio sancionar actividades hidrocarburíferas vinculadas a Malvinas mientras se otorgan beneficios fiscales como los del RIGI a las mismas compañías.
Los tres comunicados, casi en espejo
Las tres empresas —todas con peso central en la actividad de perforación y fractura en Vaca Muerta— emitieron comunicados con una estructura similar pero matices propios:
SLB fue la primera en salir, apenas horas después de publicado el decreto. La compañía señaló que "no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes", y reafirmó "su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes".
Baker Hughes Argentina S.R.L. utilizó una fórmula casi idéntica, extendiendo la aclaración también a "los espacios marítimos e insulares circundantes". La empresa remarcó además su historia en el país: "reafirma así su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en la República Argentina, país en el que ha contribuido al desarrollo de la industria energética durante más de 70 años".
Halliburton Argentina S.A. fue la más específica de las tres: no solo negó participación en actividades vinculadas a Malvinas, sino que nombró puntualmente el Proyecto Sea Lion, la mayor iniciativa de exploración petrolera offshore en la cuenca del Atlántico Sur alrededor de las islas. La empresa afirmó que "respeta la soberanía de la República Argentina y reafirma su compromiso con Argentina, su pueblo, y el desarrollo responsable del sector energético del país", y que "no participa en el Proyecto Sea Lion ni en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas".
Qué cambia con el Decreto 868/2026
El decreto no crea sanciones nuevas: las penas de 5 a 20 años ya estaban vigentes desde la Ley 26.659 (2011). Lo que hace es acelerar el procedimiento de investigación y sanción, ponerlo bajo la conducción de Cancillería, obligar a los organismos públicos a compartir información entre sí, y —el punto que más preocupa a las empresas de servicios— actuar como filtro para el ingreso al RIGI: una compañía vinculada a actividad hidrocarburífera no autorizada en Malvinas quedaría inhabilitada para acceder a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del régimen.
Según los propios considerandos del decreto, desde la sanción de la ley ya fueron declaradas "clandestinas" diez empresas que operaron sin autorización argentina en la Plataforma Continental. En paralelo, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de "Ley de Defensa de la Soberanía Nacional" que buscaría ampliar el alcance del régimen a nuevos sujetos y actividades, incluyendo el Decreto 867/2026, que habilitaría procesos sancionatorios contra un universo más amplio de compañías y accionistas extranjeros vinculados a la actividad en el archipiélago.
El alineamiento de las tres majors de servicios petroleros con el discurso oficial se da en un contexto de fuerte sensibilidad regulatoria: con el RIGI como principal atractivo de inversión para Vaca Muerta y los proyectos mineros en desarrollo, ninguna compañía con operaciones significativas en el país puede permitirse quedar del lado equivocado del nuevo filtro de acceso al régimen.
