Los ministros de Economía de España, Alemania, Italia, Austria, Portugal y Polonia exigen a la Comisión Europea un gravamen coordinado a las compañías energéticas para amortiguar el impacto del alza en los combustibles.
Puntos clave de la propuesta
Carta conjunta: Los responsables de la cartera de Finanzas de seis Estados miembros de la Unión Europea han dirigido un escrito a la presidencia rotatoria del Consejo de la UE (ejercida por Irlanda) para incluir la medida en el orden del día de la reunión del Ecofin.
Impacto del conflicto geopolítico: La iniciativa responde al drástico repunte en los precios de los carburantes derivado de las tensiones bélicas en Oriente Medio y las distorsiones en los mercados energéticos globales.
Precedente comunitario: Se busca replicar y perfeccionar el modelo de la "contribución temporal de solidaridad" implementado en 2022 tras el estallido de la guerra en Ucrania.
Rentabilidad del sector en el punto de mira
En la misiva promovida por ministros como el español Carlos Cuerpo, los ejecutivos comunitarios señalan que las empresas del sector petrolero y refinador están registrando márgenes de beneficio que superan con creces el encarecimiento del crudo en origen.
A juicio de las seis potencias firmantes, esta situación está agravando la crisis del coste de la vida para la ciudadanía y incrementando la presión sobre los presupuestos públicos. Por ello, consideran indispensable adoptar un "enfoque coordinado a nivel europeo" que evite la fragmentación del mercado interior y garantice un reparto justo de las cargas financieras.
Próximos pasos en la agenda europea
Los países firmantes buscan abordar formalmente esta propuesta durante la reunión informal del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), prevista para el mes de septiembre en Dublín.
Asimismo, han solicitado que los Estados miembros tengan acceso de forma prioritaria a las investigaciones en curso de la Comisión Europea sobre los márgenes comerciales de la industria del refinado. El objetivo final es determinar la viabilidad de un impuesto coordinado a escala comunitaria que capte los beneficios excesivos obtenidos durante la crisis.