Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, destacó en el GESS 2026 que el entorno regional y el cierre de brechas condicionan de forma directa el éxito de la inversión privada.

La vinculación entre la sostenibilidad y la rentabilidad económica se ha transformado en un factor crítico para el éxito de los proyectos de inversión, en particular dentro de la industria minera donde la interacción con las comunidades es constante. Así lo expuso Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante su presentación en el Encuentro Internacional de Gestión Social y Sostenibilidad (GESS 2026).

Para el especialista, las deficiencias estructurales en materia de servicios básicos, educación, salud y seguridad no solo impactan la calidad de vida de los ciudadanos, sino que definen la viabilidad operativa y financiera de las empresas. “El análisis que hemos hecho muestra que, si pensamos en la competitividad de una región y vinculamos la sostenibilidad a este concepto, se identifica una ruta para poder impulsar inversión privada, crecimiento económico que conviene principalmente a la inversión privada”, puntualizó Gallardo.

Radiografía de las brechas territoriales

Durante su exposición, el titular del IPE respaldó su diagnóstico con cifras alarmantes sobre la infraestructura social del país. Según datos censales recientes, cinco millones de peruanos carecen de acceso a agua potable, mientras que en trece regiones menos del veinte por ciento de la población recibe un recurso hídrico de calidad. A esto se suma que ocho de cada diez hospitales operan con una capacidad instalada inadecuada y cuatro de cada diez escuelas requieren una sustitución total debido a que más del setenta por ciento de su infraestructura se encuentra dañada.

A los problemas de servicios se suman factores críticos de inseguridad y gestión pública. Gallardo advirtió que el índice de victimización retornó a niveles de hace una década y que las extorsiones se multiplicaron entre seis y ocho veces en el último quinquenio. Asimismo, denunció que uno de cada dos proyectos de inversión pública a cargo de gobiernos locales y regionales permanece paralizado o abandonado, reflejando fallas graves en la administración estatal.

El rol articulador del sector privado

Frente a este escenario, el IPE enfatizó que las empresas -con especial énfasis en el sector minero- deben asumir un rol activo junto al Estado y la sociedad civil para subsanar estas carencias. Cuando un proyecto privado contribuye a mejorar la conectividad, la seguridad o los servicios básicos de un territorio, no solo resguarda la sostenibilidad de su propio negocio, sino que dinamiza el desarrollo integral de toda la región. Bajo esta premisa, la competitividad y la sostenibilidad actúan como un binomio indisoluble para garantizar un crecimiento rentable y duradero.