El Gobierno Nacional dio inicio formal a la reconstrucción del sistema de transmisión eléctrica argentino mediante la convocatoria a una licitación pública nacional e internacional para concretar la obra de ampliación denominada "AMBA I".

Esta iniciativa estará orientada a la construcción, operación y mantenimiento privado de infraestructura clave para abastecer la demanda del Área Metropolitana de Buenos Aires -donde se concentra cerca del 40% del consumo eléctrico del país- en condiciones óptimas de confiabilidad y seguridad, aliviando las restricciones estructurales vigentes.

El llamado responde a un escenario marcado por años de desinversión, en el cual la demanda residencial experimentó un incremento del 20% durante la última década, mientras que la expansión de las líneas de transporte en alta tensión lo hizo apenas un 8%, generando graves cuellos de botella y niveles críticos de saturación en las redes.

Detalles técnicos y cronograma de la obrar

El proyecto integral contempla el desarrollo de 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en 500 kV, 220 kV y 132 kV, la instalación de una nueva Estación Transformadora en Plomer, sistemas de compensación reactiva (STATCOM) y trabajos complementarios de interconexión con las distribuidoras locales. Todo ello demandará una invesión estimada en US$ 800 millones y permitirá expandir en aproximadamente 2.000 MW la capacidad de demanda abastecida en el AMBA.

Para garantizar su viabilidad financiera, el proceso cuenta con el respaldo de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en proceso de estructuración, además de habilitar al futuro adjudicatario a solicitar su incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En cuanto al calendario, la presentación y apertura del Sobre Nº 1 se fijó para la primera quincena de diciembre de 2026, proyectando la evaluación del Sobre Nº 2 y la adjudicación hacia principios de 2027, con un plazo máximo de ejecución de la obra estimado en 52 meses divididos en dos etapas.

Esta convocatoria inaugura un nuevo marco regulatorio para el sector basado en la concesión de obra privada, posicionándose como la primera de 16 iniciativas estratégicas agrupadas en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, el cual movilizará inversiones superiores a los US$ 6.600 millones en todo el territorio nacional.