En el marco de la Cuenta Pública ministerial celebrada en la ciudad de Iquique, el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas, anunció el ingreso a la Contraloría General de la República de las modificaciones formales al Reglamento de Seguridad Minera.

La iniciativa, encuadrada en la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, está diseñada para dinamizar la tramitación de proyectos extractivos mediante la reestructuración de 55 autorizaciones sectoriales, las cuales pasarán a consolidarse en 13 permisos permanentes y 18 técnicas habilitantes alternativas (THA) que funcionarán bajo la modalidad de declaraciones juradas.

Durante la presentación del balance de gestión el biministro argumentó que el ajuste normativo procura remover trabas administrativas sin debilitar los resguardos vigentes: "Estas modificaciones constituyen un importante avance para la minería en reducción de burocracia para la obtención de permisos, mayor certeza y claridad regulatoria junto con procedimientos más simples y eficientes para el desarrollo de nuevas inversiones, manteniendo plenamente los estándares de seguridad minera y protección ambiental. Más inversión y más proyectos en minería es sinónimo de más y mejores empleos, desarrollo regional y mejores condiciones de vida para miles de compatriotas".

La medida forma parte de los tres pilares estratégicos trazados por la administración del Presidente José Antonio Kast para el ciclo 2026-2030, orientados a afianzar la certeza jurídica, recortar los plazos burocráticos y fortalecer las capacidades institucionales del sector para consolidar el posicionamiento del país en el mercado minero global.

Iniciativas ambientales y balance de los primeros 120 días

A la par de las reformas en seguridad, el titular de la cartera informó sobre un trabajo articulado con el Ministerio del Medio Ambiente para modificar el Reglamento de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. El proyecto fue publicado formalmente el pasado 31 de julio con el fin de optimizar el ingreso de expedientes al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), habilitando una etapa de consulta pública que se extenderá hasta el próximo 11 de septiembre antes de ser remitido a la Contraloría para la toma de razón.

Al momento de repasar los hitos del primer tramo de gestión, el secretario de Estado ponderó la tramitación del proyecto de ley para simplificar las patentes mineras, la reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera con Argentina y la respuesta positiva de los mercados privados. En ese sentido, destacó el ingreso a tramitación ambiental de 15 proyectos mineros por un monto acumulado de US$ 24.000 millones dentro del SEIA, volumen que calificó como una cifra récord desde que el organismo mantiene registros estadísticos.

Plan «Minería en Marcha» y prioridades legislativas

Durante la apertura del encuentro, el biministro presentó de manera oficial el plan "Minería en Marcha", una herramienta de coordinación público-privada concebida para brindar asistencia de emergencia a los pequeños y medianos productores golpeados por las inclemencias climáticas en las regiones de Coquimbo y Atacama. La estrategia reúne los esfuerzos de Sernageomin, ENAMI, Banco Estado, Corfo, el Ministerio de Obras Públicas y las administraciones regionales sobre tres ejes prioritarios: reapertura de caminos de acceso a las faenas, inspección técnica de las condiciones de seguridad en las instalaciones dañadas y financiamiento directo para la reactivación operacional.

Por su parte, el subsecretario de Minería, Álvaro González, concluyó el balance institucional detallando la hoja de ruta para el segundo semestre de 2026 y el ejercicio 2027. González enfatizó que la prioridad legislativa inmediata será lograr la sanción en el Senado del proyecto de ley de simplificación de patentes mineras para incentivar las labores de exploración primaria en los pequeños yacimientos. Finalmente, el funcionario instó a las compañías privadas, sindicatos, comunidades locales y al sector académico a mantener un esquema de trabajo colaborativo para asegurar la concreción efectiva de las inversiones en el territorio.