Petroperú emitió una alerta institucional ante el incremento de intervenciones clandestinas y perforaciones ilícitas ejecutadas por organizaciones delictivas para la extracción de petróleo crudo en el Oleoducto Norperuano (ONP).

Ante esta situación, la operadora solicitó a las autoridades policiales y de inteligencia reforzar las acciones de custodia en esta infraestructura clasificada formalmente como Activo Crítico Nacional (ACN).

La advertencia se produjo tras confirmarse el hallazgo de una nueva conexión ilegal en el Tramo II del oleoducto, ubicado en la provincia de Sechura, dentro de la región Piura. Este evento se suma a otros cuatro sabotajes identificados recientemente en los kilómetros 790, 806, 815 y 835 del mismo sector. Con esta última incursión, suman cinco los ataques registrados únicamente entre el mes de junio y fines de julio en dicha franja geográfica, acontecimientos que han provocado contingencias ambientales y demandado elevados costos de reparación.

Detección por sistema SCADA y despliegue en terreno

La contingencia fue advertida inicialmente al registrarse una caída anormal en los parámetros de presión mediante el sistema automatizado SCADA desde la Sala de Control del Terminal Bayóvar. De inmediato, la compañía dispuso el envío de patrullas de supervisión al terreno y coordinó con la Comisaría de Puerto Rico la activación del Plan de Respuesta a Emergencias.

En el lugar de la afectación, el equipo técnico descubrió una estructura metálica compuesta por ocho tubos soldados de forma precaria a la tubería principal del oleoducto, acoplada a una manguera de alta resistencia de aproximadamente 280 metros de longitud. El dispositivo era utilizado por bandas organizadas para direccionar el crudo desde la traza hasta vehículos cisterna estacionados en las inmediaciones.

Siguiendo los protocolos normativos vigentes ante incidentes en infraestructuras de transporte de hidrocarburos, Petroperú formalizó las denuncias ante el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Asimismo, se dio cuenta del delito a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y a la Policía Nacional del Perú (PNP) con el propósito de iniciar las investigaciones fiscales correspondientes, identificar a los responsables del robo de hidrocarburos y asegurar la continuidad operativa de la red de transporte en el norte del país.