La determinación de polos de desarrollo industrial para el procesamiento de hidrocarburos, la fiscalización de los incentivos fiscales previstos para la petroquímica básica e intermedia y el monitoreo de las capacidades logísticas en la costa norte del país registraron resoluciones oficiales.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la Resolución Ministerial N° 278-2026-MINEM/DM, mediante la cual se declara como Zona Geográfica Determinada (ZGD) a la provincia de Paita, en el departamento de Piura. La norma técnica sienta las bases de ordenamiento para la futura instalación de un Complejo Petroquímico de Desarrollo Descentralizado orientado a la industrialización del gas natural.

El área delimitada por la resolución ministerial comprende una extensión continua de 109 787 349,507 m² (equivalentes a 10 978,7350 hectáreas), cuyas coordenadas geográficas quedaron formalmente registradas en el dispositivo legal. La evaluación del MINEM fundamenta la selección del polígono en la presencia de recursos hidrocarburíferos locales y en la cercanía a la infraestructura de transporte y puerto, variables indispensables para el abastecimiento de plantas de escala industrial. El procedimiento administrativo respondió al análisis técnico motivado por la solicitud formulada por el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Piura (CIP Piura).

El marco jurídico establecido habilita a los proyectos que se radiquen en la ZGD de Paita a acceder a los incentivos y beneficios previstos en el artículo 8 de la Ley Nº 29163, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria Petroquímica. Entre las metas de desarrollo productivo asociadas a la declaratoria se destaca la fabricación nacional de fertilizantes nitrogenados para mitigar la dependencia de las importaciones, abastecer al sector agrícola e incrementar la recaudación fiscal mediante el escalonamiento de la manufactura. Asimismo, la autoridad precisó que la norma opera como un mecanismo de promoción de inversiones y no sustituye el otorgamiento de autorizaciones, licencias o estudios ambientales, los cuales deben ser tramitados por los administrados conforme al marco regulatorio vigente.