La iniciativa busca establecer un marco normativo uniforme para la elaboración del Plan Energético Integrado Nacional de Largo Plazo.
El establecimiento de directrices metodológicas para el diseño de matrices de abastecimiento, la reestructuración de las oficinas de control del Estado y la publicación de estadísticas oficiales para orientar los planes de infraestructura sumaron una propuesta regulatoria en el Pacífico Sur.
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó en su portal institucional el proyecto de "Decreto Supremo que aprueba Disposiciones Normativas que Regulan la Planificación Energética". El propósito central de la norma es estructurar un esquema técnico articulado y uniforme que funcione como base para la confección, actualización y difusión del Plan Energético Integrado Nacional de Largo Plazo.
Las especificaciones del proyecto determinan que el nuevo marco legal regulará de manera uniforme los planes específicos de corto y mediano plazo, los balances energéticos sectoriales, las prospectivas de consumo y producción, y los informes técnicos asociados. Mediante esta unificación de procedimientos, el MINEM busca dotar de consistencia técnica a las mediciones oficiales, fijar con claridad los horizontes temporales de las proyecciones y adecuar la propia estructura orgánica del ministerio para asegurar una conducción especializada y eficiente frente a las demandas de las empresas operadoras y generadoras.
De acuerdo con el documento presentado por la cartera energética, el suministro sistemático de datos estadísticos, prospectivos y estratégicos operará como una herramienta orientada a disminuir la incertidumbre regulatoria y a remover las barreras implícitas que frenan el desarrollo de proyectos en el país. El diseño normativo prevé que el acceso a este inventario de información facilitará la anticipación de riesgos operativos, la identificación de oportunidades de expansión física y la optimización de las decisiones de política pública, precisando de forma explícita que las medidas se aplicarán sin afectar la libertad de empresa ni el normal funcionamiento del mercado eléctrico y de combustibles.