La normativa ratifica garantías impositivas por un plazo de 30 años bajo las pautas del RIGI nacional.
El establecimiento de pautas de seguridad jurídica para planes energéticos de largo plazo, el ordenamiento impositivo de las áreas productivas no convencionales y la aprobación de convenios de inversión sumaron una definición legal en la Cuenca Neuquina.
El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, promulgó formalmente la Ley 3566, una normativa que ratifica de manera oficial el Acta Acuerdo firmada entre la administración provincial e YPF para llevar adelante el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL). A través de este paso administrativo, el Estado provincial concede una garantía de estabilidad fiscal por un plazo de hasta 30 años para las actividades e inversiones en el terreno que se encuadren dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El entendimiento entre las partes se había suscripto originalmente el pasado 4 de junio y fija un esquema especial de incentivos para asegurar la viabilidad técnica y económica del complejo de licuefacción de gas. El alcance territorial de la Ley 3566 cubre de forma directa los desarrollos hidrocarburíferos que se realicen dentro de cinco concesiones no convencionales de Vaca Muerta: Meseta Buena Esperanza I, Meseta Buena Esperanza II, Aguada Villanueva Norte, Las Tacanas I y Las Tacanas II. Las oficinas técnicas de la provincia aclararon que la aplicación de los beneficios impositivos se mantendrá condicionada de manera estricta a la vigencia efectiva y al cumplimiento total de los requisitos establecidos por el RIGI nacional.
Como parte de los compromisos asumidos dentro del convenio, la petrolera YPF tomó la responsabilidad de ejecutar una inversión de US$ 175 millones en obras de infraestructura. Este monto de capital podrá materializarse mediante el desarrollo directo de obras civiles o a través de la transferencia de aportes económicos destinados a fondear proyectos de ingeniería definidos de común acuerdo junto al gobierno provincial, buscando optimizar los servicios y los sistemas de transporte vinculados al polo de desarrollo hidrocarburífero de la zona.
Con respecto a la necesidad de fijar reglas impositivas estables para posibilitar el arribo de capitales privados en operaciones de gran escala, el gobernador Rolando Figueroa había señalado durante el debate de la ley que este pacto representaba “una oportunidad histórica” para transformar el potencial de gas de la provincia, reconociendo que “las garantías de estabilidad fiscal constituyen una condición indispensable para atraer inversiones de largo plazo, al brindar previsibilidad a proyectos cuya ejecución demanda desembolsos multimillonarios y plazos de varias décadas”.
El diseño industrial del proyecto de GNL apunta a generar un aumento sostenido en la actividad extractiva de la Cuenca Neuquina, permitiendo procesar mayores volúmenes de gas y expandir las redes de almacenamiento existentes. Los pliegos técnicos del programa contemplan además la construcción de un gasoducto específico para el traslado del fluido hacia el complejo de exportación, consolidando el perfil de la provincia como centro de despacho energético.