La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, junto al subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, encabezaron la reunión de apertura del Consejo de Minería provincial, un cuerpo consultivo de carácter técnico previsto en el nuevo Código de Procedimiento Minero.

El organismo, integrado por representantes de los ámbitos profesional, técnico y de las cámaras empresariales, actuará en los distintos expedientes y trámites de la industria extractiva con el objetivo de dotar de transparencia, seguridad jurídica y celeridad procesal al sistema de adjudicación de derechos mineros de la jurisdicción.

La implementación del nuevo esquema legal determina que la Autoridad Minera de la provincia será ejercida en primera instancia por la Dirección de Minería y, en segunda instancia de revisión, por el Consejo de Minería, quedando ambas dependencias bajo la órbita jerárquica del Ministerio de Energía y Ambiente. Con respecto a los objetivos de la modernización institucional y el impacto de las reformas en el flujo de proyectos, la ministra Jimena Latorre explicitó: "La creación del Consejo de Minería aporta legitimidad a las decisiones y fortalece las instancias previstas en el Código de Procedimiento Minero y en todo el marco normativo de la actividad. Esto contribuye a brindar mayor seguridad jurídica, tanto para la ciudadanía en general como para los proponentes y titulares de derechos mineros. Lo que buscamos con la reforma del Código de Procedimiento Minero fue dotar de mayor agilidad a los procesos administrativos sin afectar la seguridad jurídica. Al contrario, la intención es que esa agilidad vaya acompañada de transparencia y de garantías institucionales, como la intervención del Consejo de Minería, evitando al mismo tiempo que los procedimientos se dilaten o que se incrementen regulaciones administrativas innecesarias que terminan atentando contra la inversión y, por ende, contra la reactivación y el crecimiento de la actividad económica. Estamos combinando procesos más ágiles y transparentes, reforzando la seguridad jurídica y trabajando de manera articulada y permanente para garantizar seriedad institucional, con el fin de alcanzar dos objetivos fundamentales: generar confianza para las inversiones y asegurar que los proyectos puedan concretarse de manera eficiente y transparente".

La conformación de los cuadros técnicos del Consejo se ejecutó mediante las pautas de selección fijadas por la Ley 9529 y su correspondiente Decreto Reglamentario 2130/24, proceso que incluyó la convocatoria a entidades gremiales empresarias y colegios profesionales, la evaluación de antecedentes y la realización de sorteos avalados por escribano público. El cuerpo colegiado quedó constituido de forma multisectorial por especialistas adscritos a la cadena de valor minera, abarcando disciplinas como el derecho, la ingeniería, la geología y los servicios industriales de construcción. En el estamento de los profesionales del derecho, se designó como consejero titular a Diego Eduardo Silvestre y como suplente a Florencia Victoria Sar-Sar. En representación de las ciencias aplicadas a la minería, la titularidad corresponderá a Andrea Florencia Soledad Calderón, secundada por Claudio Ángel David Dagne en carácter de suplente. Asimismo, el bloque de las cámaras empresarias y entidades afines estará representado por Raúl Gustavo Rivarola como miembro titular y José Ángel Candeloro como suplente. Los consejeros seleccionados desempeñarán sus cargos por un lapso fijado en dos años, período durante el cual deberán dictaminar el reglamento interno de funcionamiento del organismo bajo las directrices generales de la Ley 9003 de Procedimiento Administrativo de Mendoza.