La competitividad del upstream de hidrocarburos en el Perú registra un marcado rezago estructural frente a los mercados globales, condicionado por la ausencia de predictibilidad regulatoria, sobrecostos de entrada y dilatados plazos en la aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA).

Durante su exposición en el foro sectorial PERÚ ENERGÍA 2026, el director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, diagnosticó que a diferencia de la recuperación del 8%, 9% y 10% anualizada que experimenta el Capex global en exploración petrolera tras la pandemia, el escenario local permanece estancado, perdiendo la ventana de oportunidad provista por la cotización del barril de crudo en torno a los US$ 74 y las perspectivas alcistas de los mercados de futuros.

El indicador más crítico del informe radica en el desplome vertical de la actividad exploratoria de frontera, un factor que compromete de forma directa el inventario de reservas y acelera el agotamiento natural de los pozos en explotación. Los datos estadísticos consignan que en el quinquenio comprendido entre 2021 y 2025 se ejecutaron apenas tres perforaciones exploratorias en todo el territorio, en contraste con los 47 pozos perforados durante el ciclo 2011-2015, correspondiente al superciclo de commodities. Al respecto, Macera analizó la naturaleza del negocio extractivo señalando de forma: “En los años anteriores hemos visto crecimientos de 8%, 9% y 10% a nivel global en inversión en exploración, y en el Perú más bien nos hemos quedado en blanco. El resto del mundo siguió avanzando y nosotros nos quedamos estancados. Para un negocio de tan alto riesgo, con bajas probabilidades de éxito por cada perforación, necesitas tener decenas todos los años para que eventualmente te ligue una. Estás teniendo ahora tres en los últimos cuatro años. A este ritmo no la vas a hacer”. Si bien el economista destacó las campañas sísmicas y prospectos de corporaciones de gran escala como Chevron y Anadarko, advirtió que resultan insuficientes para revertir la inercia contractiva del segmento.

El censo del IPE identifica dos variables determinantes: la carga impositiva y la gestión de permisos. En materia fiscal, el denominado government take (regalías e impuestos consolidados) aplicable a los contratos de hidrocarburos en el país se sitúa en un rango de entre el 35% y el 42%, un umbral que triplica las condiciones de desarrollo de distritos competidores de la región. “Te comparas con Brasil, donde algunos proyectos están cerca del 15%, o con Vaca Muerta en Argentina, alrededor del 12%, y acá de frente quieres entrar a 35% con un negocio de altísimo riesgo. Es bien difícil competir así”, detalló Macera. En el plano de la certificación ambiental, se constató que pese a ciertas optimizaciones en el último ejercicio, las resoluciones efectivas demoran entre dos y cuatro veces más respecto a los plazos perentorios previstos en los textos normativos, por lo que el directivo remarcó: “El mensaje principal es simple: háganme cumplir con lo que ustedes mismos exigen. Cumplan con la legalidad y con los plazos. Solamente con eso ya ganaríamos muchísimo. Yo no te pido que me cambies nada. Solamente que me des certidumbre sobre cuánto voy a pagar y cuándo me va a salir el proyecto”.

Los especialistas advierten que la parálisis del upstream repercute de forma directa en el colapso del midstream y la infraestructura de transporte estratégico. La situación del Oleoducto Norperuano (ONP) representa una de las mayores vulnerabilidades operativas debido a la caída de la producción de las cuencas nativas, conflictos sociales, tomas clandestinas y sabotajes. Al cierre de su intervención, Macera instó a la próxima administración gubernamental y al nuevo Congreso a asumir las definiciones políticas pendientes para mitigar los riesgos de parálisis total: “Pongámonos de acuerdo con el oleoducto. O va a funcionar o no va a funcionar. El medio camino en el que estamos hoy día, donde todos perdemos, es el peor sistema posible”, concluyó, situando la predictibilidad de las reglas de juego como la única vía para restablecer la seguridad energética del país.