Estados Unidos formalizó la aplicación de sanciones económicas y financieras directas contra la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la compañía estatal encargada de la exploración, refinación y distribución de hidrocarburos en la isla.

La medida administrativa estipula el bloqueo total de todas las propiedades, activos o participaciones de la corporación pública que se localicen dentro del territorio de los Estados Unidos o que permanezcan en posesión o bajo el control de ciudadanos y personas sujetas a la jurisdicción norteamericana, consolidando una escalada de presiones regulatorias que se produce a casi una semana de haberse instrumentado penalidades similares contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y diversas agencias de su administración.

La fundamentación de las sanciones fue expuesta por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien argumentó que los activos esenciales de CUPET derivan de infraestructuras que fueron “expropiadas ilegalmente a propietarios estadounidenses hace años”, acusando además a la conducción de La Habana de instrumentalizar el flujo energético como una herramienta de coacción interna. “Mientras el pueblo cubano ha sufrido escasez de combustible y apagones debido a décadas de falta de inversión en infraestructura crítica, los líderes comunistas de Cuba han desviado recursos energéticos para llenarse los bolsillos”, plasmó Rubio en un comunicado oficial, señalando que la gerencia gubernamental revende crudo en mercados secundarios y prioriza el abastecimiento de sus fuerzas de seguridad. 

En contrapartida, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó el rechazo institucional de su gobierno a través de los canales de comunicación digital, apuntando a motivaciones de posicionamiento interno en la administración estadounidense. “El Secretario de Estado del régimen estadounidense, por ambiciones de conquista, aspiraciones presidenciales y sentimientos vengativos de la claque elitista que impulsó su carrera política, ahora refuerza aún más el cerco económico y energético contra Cuba. Para justificarlo, no acude a excusas preparadas por su Departamento de Estado, sino a mentiras usuales y vulgares, de lo más agresivo, inculto y rabioso entre los enemigos de Cuba”, replicó el canciller. Históricamente, La Habana ha denunciado que este tipo de restricciones asfixian el desenvolvimiento macroeconómico y castigan de forma directa a la sociedad civil, en un contexto donde el suministro de carburantes al público general es prácticamente inexistente y se rige bajo estrictos esquemas de racionamiento estatal.

La restricción a CUPET profundiza las dificultades operativas de una matriz energética afectada por un embargo de décadas y por la agudización de los cortes de electricidad recurrentes, que impactan de manera sistémica en la isla desde hace cinco años. La interrupción del flujo eléctrico se intensificó luego de que a finales de enero el mandatario Donald Trump advirtiera con aplicar aranceles punitorios a cualquier Estado soberano que suministre crudo a Cuba. Pese a que ambos gobiernos han ratificado la existencia de canales de diálogo bilateral, el alcance real de las discusiones permanece bajo reserva, coincidiendo con un endurecimiento del discurso de la Casa Blanca que contempla alternativas de fuerza militar tras los frentes desplegados por el ejército estadounidense en Venezuela para arrestar al expresidente Nicolás Maduro.