En el marco de la audiencia pública por la posible modificación de la Ley de Glaciares (26.639), el hidrogeólogo Carlos Scatizza planteó la necesidad de revisar la normativa vigente a la luz de criterios técnicos y de gestión hídrica, al considerar que su redacción original respondió a un contexto político y a limitaciones de información disponibles en ese momento.

Durante su exposición, Scattiza sostuvo que la ley se superpone con la Ley 25.688 de Régimen de Gestión Ambiental de Aguas, sancionada en 2002, que ya contemplaba la protección integral del recurso hídrico, incluyendo glaciares, bajo un enfoque de cuencas. En ese sentido, remarcó que son las provincias las titulares del dominio del agua y, por lo tanto, las responsables de su administración, investigación y uso sostenible.

El especialista consideró que, en su formulación original, la ley de glaciares no contó con suficiente sustento técnico ni con un inventario completo que permitiera dimensionar adecuadamente los sistemas glaciarios del país. “Se definió en parte a ciegas”, señaló, al tiempo que destacó la diversidad geográfica de la Argentina, con condiciones muy disímiles entre regiones como la Patagonia y el noroeste.

Uno de los ejes centrales apuntó al concepto de ambiente periglaciar, que la ley establece como área protegida. Según explicó, se trata de zonas difíciles de delimitar y altamente variables en el tiempo, especialmente en un contexto de cambio climático. Además, cuestionó la interpretación de estos ambientes como reguladores clave de los recursos hídricos.

En términos hidrogeológicos, Scattiza explicó que el permafrost —uno de los componentes del ambiente periglaciar— está compuesto por suelos o sedimentos congelados que, por sus características, no permiten la infiltración ni el almacenamiento de agua. “Desde el punto de vista hidrogeológico, se comporta como un acuífugo, es decir, lo opuesto a un acuífero”, indicó, al diferenciarlo de los sistemas que efectivamente regulan los flujos de agua subterránea.

Asimismo, el especialista citó estudios de largo plazo que indican que el aporte hídrico proveniente del deshielo glaciar sería limitado. Según mencionó, tras más de dos décadas de mediciones, la reducción de masa glaciar se ubicaría entre el 10% y el 23%, con un aporte anual promedio cercano al 0,6% de la superficie perdida, gran parte de la cual se pierde por sublimación o evaporación.

En esa línea, sostuvo que el impacto potencial de proyectos productivos sobre los glaciares debe evaluarse caso por caso, mediante estudios ambientales específicos. “Un proyecto por sí mismo no es causal del derretimiento de un glaciar; intervienen múltiples factores”, afirmó.

Scattiza también puso en perspectiva la escala del fenómeno al señalar que, solo en la región de los Andes centrales —particularmente en provincias como Mendoza y San Juan— existen cerca de 8.700 glaciares, muchos de ellos de dimensiones reducidas. En ese contexto, consideró que la incidencia de proyectos mineros sobre estos cuerpos de hielo sería, en términos generales, acotada.

Scatizza planteó que el debate no debe plantearse en términos de oposición entre desarrollo y ambiente, sino como una integración de ambos. “El desafío no es agua o minería, sino agua con minería, agua con industria y con otras actividades productivas”, expresó, al remarcar el rol de la tecnología y la gestión eficiente para garantizar un desarrollo sostenible.

En el cierre remarcó que sólo los estudios ambientales específicos por proyectos pueden evaluar y definir si son o no críticos por una sociedad y las futuras generaciones, siendo las provincias quienes deben tener el compromiso de conocer sus recursos y, a partir de ello, generar un uso eficiente y sostenible con la sociedad.

"Esto un poco me recuerda también hace diez, quince años, cuando algo parecido se deliberaba con respecto a Vaca Muerta y lo que implicaba el fracking y el petróleo. Por suerte, pasaron quince años, hoy Argentina tiene un futuro prometedor, y acá el tema no es agua o minería, sino es agua con minería, agua con industrias, agua con un montón de actividades, lo cual nos va a permitir, gracias a esas actividades, poder tener más agua, tecnología, y crecer, tener un país que nos dé un futuro mucho mejor al actual", concluyó Scatizza.

La audiencia pública forma parte del proceso de revisión de la normativa, en un contexto donde distintos sectores buscan actualizar los marcos regulatorios para compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo de actividades estratégicas como la minería.