La Cumbre Minera de PERUMIN 37 cerró un debate crucial sobre los impactos sociales, económicos y políticos de la minería, enfocándose en la lucha contra la ilegalidad, la informalidad laboral y la corrupción en el país.

Minería Ilegal: Un Conglomerado de 21 litos

Nicolás Zevallos, director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, advirtió durante el Foro MAPE que la minería ilegal es mucho más que un simple delito ambiental; es un motor de crimen organizado que genera una "enorme convulsión" en las comunidades.

Zevallos precisó que, junto con esta actividad, aparecen un conglomerado de actividades ilícitas que incluyen invasiones, extorsiones, sicariatos, asaltos, tráfico de insumos, corrupción y lavado de activos.

"Uno puede identificar por lo menos 21 tipos penales en el Código Penal asociados a esto," afirmó Zevallos.

El especialista también hizo hincapié en la necesidad de diferenciar claramente la minería ilegal de la minería artesanal lícita, ya que los pequeños mineros son a menudo las primeras víctimas de las estructuras del crimen organizado. Además, recordó que el fenómeno es regional, pues el oro ilegal peruano se comercia y moviliza entre países de la Comunidad Andina para ser "lavado y legalizado".

2. Pacto por la Gobernabilidad y Transparencia

Ante la amenaza del financiamiento criminal, Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la Sociedad Minera Cerro Verde, exhortó a los futuros candidatos a la Presidencia y al Congreso a comprometerse con la transparencia.

Torreblanca adelantó que la empresa impulsará un pacto para que los postulantes a las elecciones de 2026 garanticen a los electores que sus campañas no serán financiadas con recursos de las economías ilegales.

"Invitamos a los partidos políticos y candidatos a firmar un pacto por la gobernabilidad y la transparencia, para que nos aseguren a los electores que sus campañas no se van a financiar con dineros de las economías ilegales," sentenció.

Asimismo, la ejecutiva pidió a la clase política evitar la aprobación de leyes que brinden impunidad o que se "amparan en un Reinfo [Registro Integral de Formalización Minera] para desarrollar actividades que impactan negativamente en todos."

El Sector Formal Debe Medir su Propia Informalidad

Otro eje del debate se centró en la informalidad laboral, que en Perú alcanza al 76% de la población ocupada, una de las cifras más altas de Latinoamérica.

Enrique Alania, director de Negocios Corporativos de ESAN, señaló que incluso el 15% de la informalidad proviene del propio sector formal, a menudo invisible para las grandes compañías.

Para combatirlo, Alania propuso que cada empresa mida y reconozca su informalidad laboral dentro de toda su cadena de valor (incluyendo proveedores y empleo indirecto). Por su parte, Tamiko Hasegawa, gerente de Sostenibilidad e Innovación de Anglo American, compartió la experiencia en Moquegua, donde la minera mide los empleos generados en su cadena de valor local para enfrentar la alta tasa de informalidad regional.

El consenso de los especialistas fue claro: la lucha contra la informalidad y la corrupción requiere un compromiso real y activo no solo del Estado, sino también del sector privado, dada su capacidad de generar cadenas de empleo formal.