Un posible cambio en la Ley de Glaciares para ampliar los márgenes de explotación revivió el debate y activó a los opositores de la minería.
Según difundió una nota de TN, el Gobierno modificará por decreto la Ley de Glaciares para ampliar los márgenes de explotación. El Ejecutivo prepara cambios sobre la reglamentación de la norma 26.639 para habilitar la actividad económica en la zona periglaciar.
Al igual que el RIGI, los cambios apuntan a poder dar seguridad jurídica a los proyectos de inversión que se instalen en las áreas.
La Ley Nº 26.639 – Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, fue sancionada el 30 de septiembre de 2010 y promulgada el 28 de octubre de 2010 con el objetivo de "Proteger los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos para consumo humano, agricultura, energía, biodiversidad y el mantenimiento de ecosistemas".
La ley protege glaciares, que abarca todas las formas de hielo, ya sean descubiertas o cubiertas por detritos, permanentes o semipermanentes y ambiente periglacial, zonas de alta montaña donde hay suelos congelados (permafrost) o procesos relacionados con el congelamiento/descongelamiento.
La ley define las Prohibiciones para actividades que puedan afectar la estabilidad o dinámica de los glaciares o el ambiente periglacial están prohibidas, esto incluye minería, hidrocarburos, construcción de infraestructura, entre otros.
Determina un Inventario Nacional de Glaciares, que deberá ser realizado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el inventario identifica todos los cuerpos de hielo que cumplen funciones como reserva de agua.
Fija un control y monitoreo donde las provincias y la Nación deben garantizar el cumplimiento de la ley. Cualquier obra o actividad en áreas de glaciares debe contar con evaluación de impacto ambiental específica.
"El oficialismo mantendrá el marco de restricciones para los glaciares cubiertos y descubiertos y asegura que continuará exigiendo informes de impacto ambiental para aprobar proyectos de inversión. Apunta también a darle mayores atribuciones a las provincias sobre los espacios donde se puedan establecer industrias", explica la nota de TN.
Tras la repercusión de la nota los ambientalistas salieron al cruce y Greenpeace advirtió que "esta decisión abrirá la puerta a la destrucción de gran parte del ambiente periglacial, reduciendo áreas hoy protegidas y poniendo en riesgo una de las reservas estratégicas de agua dulce más importantes del país, lo que implica un riesgo para el futuro socioambiental de la Argentina".
