El gobierno nacional trabaja en un proyecto de ley para promover las inversiones y el empleo para pequeñas y medianas empresas.
El Secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Juan Pazo, anunció que el Gobierno Nacional presentará esta semana el Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, con el objetivo de facilitar e impulsar el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas, potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral.
En el marco de la 30° Cumbre de la Unión Industrial Argentina, Pazo explicó que esta iniciativa complementa al régimen de incentivo para grandes inversiones y está pensada especialmente para medianas inversiones, de acuerdo a las capacidades de cada uno de los segmentos de una empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande.
Martín Rappallini, presidente de la 30° Conferencia Industrial de la UIA, remarcó en el discurso inaugural que el Estado debe asumir los compromisos para construir competitividad en el sector industrial y trabajar en leyes específicas para las pymes que contemplen sus necesidades en materia tributaria que promueva la inversión y que otorgue incentivos para el crecimiento y la multiplicación de las industrias. La industria aporta el 30% del total de la recaudación y es el sector que agrupa la mayor cantidad de puestos de trabajo formales.
El proyecto incluye beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA y otros beneficios para inversiones que superen el umbral de los US$ 150.000 en el caso de las empresas micro; US$ 600.000 en las pequeñas; US$ 3,5 millones en las empresas del tramo 1; US$ 9 millones en las empresas del tramo 2 y US$ 30 millones en el resto.
A su vez, en lo relacionado al régimen laboral y el fomento al empleo formal, la iniciativa contempla la actualización laboral de la ley de contrato de trabajo según está contemplada en el DNU 70/23 y de la modernización del régimen de trabajo agrario, al tiempo que prevé la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.
