El Gobierno peruano, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y especialistas del sector como Olinda Orozco, presidenta del Instituto Redes de Desarrollo Social (Red Social), expusieron sus posturas complementarias y críticas en torno a la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y la lucha contra la minería ilegal.

Mientras Adrianzén destacó la estabilidad económica del país y las políticas que fomentan la inversión extranjera, Orozco advierte que la normativa vigente ha sido rebasada por la realidad de la minería informal e ilegal, que avanza con apoyo de redes criminales.

En un contexto marcado por la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Adrianzén resaltó la confianza que la economía peruana genera en el extranjero, lo que permitió que la calificadora Fitch Ratings mejore la perspectiva del Perú de negativa a estable.

“Esta mejora es resultado de la confianza del inversionista extranjero en la economía peruana, que no se mueve por generación espontánea, sino por una política económica y fiscal acertada, por una moneda sólida y la productividad que sigue creciendo”, señaló el premier.

Sin embargo, enfatizó que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no es la mejor solución para la formalización de la MAPE.

“No creemos que la prórroga del Reinfo sea la solución. Si dejamos que las cosas sigan así, el problema se agravará”, declaró, advirtiendo sobre los riesgos de salud, contaminación y falta de regulación que afectan al sector minero informal.

Por su parte, Olinda Orozco, en una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), se mostró preocupada por el grave crecimiento de la minería ilegal y el impacto de las bandas criminales en la actividad minera.

“Hay una MAPE que está ligada a organizaciones criminales nacionales e internacionales. He ahí el desbarajuste de la propia norma. La realidad ha rebasado la ley y no la termina de contener, entonces de eso se aprovechan los delincuentes, las grandes bandas, para poder extraer oro”, explicó.

Además, señaló que en el Reinfo se han inscrito personas que buscan evadir controles, sin ser verdaderos mineros. “Llama la atención la magnitud del poder que tienen estas bandas y creo que cada vez más están representados ahora en los puntos de Gobierno del Estado”, alertó.

“Yo creo que esta nueva ley MAPE tiene que ser producto del consenso. Aquí han dado la ley y luego la han socializado, pero yo creo que en la elaboración ahí debieron participar los actores para proponer, opinar, y sobre la base de ese consenso es que se puede formular la ley”, expresó Orozco, recalcando que la “legalidad tiene que adecuarse a la realidad” para evitar el desborde del sector y los conflictos.