Ecuador apuesta a la minería y proyecta terminar 2024 con exportaciones por US$ 3.300 millones. Con el aval social, 6 de cada 10 ecuatorianos apoyan el desarrollo de la minería en el país, también fortalece su lucha contra la minería ilegal.

Según las cifras difundidas por la Cámara de Minería de Ecuador a partir de los resultados del Brújula Minera LATAM 2024, realizado por y Jaime Arteaga y Asociados, el último año mejoró notablemente el respaldo de los ecuatorianos a la industria minera: 60% respondió que considera la minería positiva para el país, y se redujo el porcentaje de ecuatorianos que creen que los recursos de la minería se pierden en la corrupción.

Otro resultado importante es que, para los ecuatorianos, la principal razón que hay para que se presenten conflictos entre las comunidades y las empresas mineras es la presencia de grupos y organizaciones que quieren sacar provecho político y económico.

Ecuador prevé terminar 2024 con exportaciones mineras por unos 3.300 millones de dólares, según cálculos de la Cámara de Minería de Ecuador (CME) que, por otra parte, alerta sobre el peligro del avance de la extracción ilegal de minerales vinculada a grupos de delincuencia organizada.

Carolina Orozco, presidenta del directorio de la CME, recordó este martes en una rueda de prensa que los productos mineros son el cuarto rubro en exportaciones de Ecuador, el tercero no petrolero y el primer rubro en exportaciones no tradicionales.

Orozco señaló que en 2023 el país cerró con exportaciones mineras por más de US$ 3.324 millones, lo que en recaudación tributaria para el Estado significó más de US$ 762 millones. En el primer trimestre de este año, las exportaciones minerales superaron los US$ 752 millones y la recaudación fue superior a los US$ 404 millones.

Para el primer trimestre de 2024, los proyectos mineros han generado 25.342 empleos directos y 76.025 empleos indirectos, hasta hacer un total de 101.367 empleos.

Basada en datos del Ministerio de Energía y Minas, Orozco señaló que entre el 2021 y el 2025, el sector habrá "tenido la capacidad de, ojalá generar, casi 200.000 plazas de trabajo, entre directos e indirectos".

Esto -aclaró- con el desarrollo constante de las dos minas a gran escala (Mirador y Fruta del Norte), pero también con la entrada en construcción de tres proyectos que están listos para iniciar su construcción: Domo, La Plata y Loma Larga.

"Entre estos tres proyectos significan una inversión de casi US$ 1.000 millones solo en construcción y una empleabilidad de más de 5.000 plazas de trabajo", indicó

A esos proyectos se suma Cascabel, que es "muy prometedor solo en construcción, con una inversión de más de 4.000 millones de dólares, generando unos réditos para el país (...) de más de 6.700 millones de dólares en la vida del proyecto", calculó.

Orozco, quien defiende el derecho de los pobladores a ser consultados previo al desarrollo de proyectos, apuntó que Ecuador "no está en el momento" de preguntarse si quiere o no minería, sino qué tipo de minería quiere.

"Vemos con muchísima tristeza cómo la extracción ilegal va tomando muchos espacios, muchos de ellos ecosistémicamente sensibles dentro de nuestro país, perdiendo riqueza ecosistémica, pero también social, porque esa extracción explota a sus trabajadores y el Ecuador pierde ingentes cantidades de recursos económicos", dijo.

Aseveró que el país ya no se enfrenta a extractores ilegales de minerales sino que ahora están involucrados grupos de crimen organizado.

La semana pasada, por ejemplo, las fuerzas del orden rescataron en un enclave minero a 49 personas que habían sido secuestradas presuntamente por la banda criminal Los Lobos, una de las organizaciones criminales a las que el presidente, Daniel Noboa, declaró en enero pasado el "conflicto armado interno" y pasó a llamarlos "terroristas".

María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, señaló que ahora el país "lamentablemente está arrasado por minería ilegal".

Silva comentó un estudio de la firma colombiana Brújula Minera, que menciona que el "60 % de los ecuatorianos quieren minería" legal.

Orozco y Silva criticaron que activistas ambientales que se oponen a la minería no levanten su voz con igual potencia contra la extracción ilegal.

"Donde se cierra la puerta a la minería legal, se abre una ventana a la extracción ilegalidad", dijo Silva en la rueda de prensa en la que se informó casos de invasiones a proyectos mineros.

La presidenta ejecutiva de la CME reveló un estudio del Grupo Spurrier, sobre las proyecciones a futuro de los quince proyectos más avanzados en minería en Ecuador, de los cuales dos ya son minas en operación: la cuprífera Mirador y la aurífera Fruta del Norte, ambas en la sureña provincia de Zamora Chinchipe, fronteriza con Perú.

Ese estudio marca una ventana de unos 30 años y hace referencia a "al menos 30.000 millones de dólares en inversión", así como a exportaciones de unos 217.000 millones de dólares si todos los proyectos llegan a producir, avanzó.

Esto dejaría como ingresos fiscales, más de 47.000 millones de dólares y regalías por unos 13.000 millones de dólares, según las previsiones, indicó Silva. 

EL APOYO SOCIAL

Así mismo, el estudio mostró que más ecuatorianos dicen saber qué es la transición energética (pasó de 41% en 2023 a 57% en 2024) y para el 64% de los ecuatorianos los productos mineros son necesarios para avanzar en la transición energética. De hecho, un mismo porcentaje (64%) de los ecuatorianos mencionan que los gobernantes deben apoyar la transición energética.

 Orozco, afirmó que "nuestra industria es el presente y el futuro del Ecuador. La minería bien hecha es una realidad, ahora hay ejemplos tangibles en nuestro país de que, si es posible hacer una minería ambientalmente responsable y socialmente justa, conviviendo armónicamente con otras actividades económicas, potenciándolas y generando desarrollo en lo local y nacional."

Según Maria Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, "ante este potencial no podemos quedarnos impertérritos, tenemos que como sociedad impulsar que esos recursos sean bien utilizados para el bien de todos, para la generación de empleo, reducción de la pobreza, para mejorar los servicios de salud y educación, sobretodo en las comunidades, para dinamizar la economía en general ".

"Los resultados muestran que existe una estrecha relación entre la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y el respaldo a la minería: el respaldo de los ecuatorianos al gobierno nacional viene acompañado de una mayor disposición a reconocer a la minería como un sector que puede servir a los propósitos del país. Sin embargo, es necesario que toda la industria minera de Ecuador mantenga un trabajo coordinado para seguir ganándose la confianza de los ciudadanos, como condición necesaria para alcanzar la Licencia Social de la industria en el país", concluyó Jaime Arteaga, director general de Jaime Arteaga y Asociados, firma que realiza la Brújula Minera en Latinoamérica.